Vista para sentencia la causa con el conseller de Exteriores de la Generalitat, Bernat Solé, por su participación en el referéndum ilegal de 2017. El consejero ha declarado este lunes como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El también ex alcalde de Agramunt (Lleida) está acusado de desobediencia por facilitar el referéndum del 1-O, Solé se enfrenta a una petición de año y medio de inhabilitación.

Tras declarar ante el juez, Solé ha criticado la «judicialización del conflicto» catalán y ha defendido que acusarlo por su papel en la consulta como primer edil de Agramunt es «acusar a todo el mundo municipal». Solé ha sido este lunes el protagonista del último paseíllo de un miembro del Govern ante la justicia, a dos meses de las elecciones autonómicas.

La citación de Solé coincide con el enésimo intento del independentismo catalán por presentar un frente unido, de nuevo con la «represión judicial» como argumento. El único hilo que sigue uniendo a JxCat, ERC y la CUP después de tres años de supuesto gobierno de unidad es la denuncia de la justicia como supuesto brazo represor del Estado, y a eso va dirigida ahora la Ley de amnistía que los tres partidos independentistas presentarán este mediodía en el simbólico marco de la prisión Modelo de Barcelona.

El texto, que los tres partidos independentistas llevarán al Congreso, es fruto de una iniciativa abanderada por Òmnium y dirigida por Jordi Cuixart. El texto debe votarse este viernes, en la última jornada plenaria de Parlament antes de que se disuelva el lunes por falta de acuerdo para nombrar un nuevo president.

Inhabilitación de un conseller

Solé ha llegado al TSJC acompañado por Pere Aragonés y Roger Torrent y una comitiva de una cincuentena de personas conformada por buena parte de la actual cúpula de ERC. Entre los acompañantes no había miembros destacados de JxCat.

La Fiscalía Superior pide para Solé un año y medio de inhabilitación y una multa de 24.000 euros por haber mantenido una «activa participación en la promoción, organización y celebración del ilegal referéndum» pese a «tener claro y cabal conocimiento» de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC) como alcalde de su localidad, Agramunt (Lleida).

«Fue uno de los responsables logísticos» del 1-O en Agramunt, sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, en el que asevera que el ahora conseller cedió el colegio Macià-Companys, un centro de titularidad municipal, para la celebración de la votación.

Ocultar las urnas

Le acusa, además, de ocultar las urnas cada vez que los «observadores colocados en puntos exteriores de la población» avisaban de la llegada de agentes, «por temor a que fueran descubiertas por la Policía encargada de impedir el acto», e incluso propuso a los componentes de las mesas electorales y organizadores «que la votación acabara una hora antes de lo acordado».

Asimismo, le acusa de participar el 25 de septiembre, con motivo del referéndum, en un acto organizado en el local municipal Teatre Casal d’Agramunt donde, tal como recoge un artículo publicado en una revista local, habría instado a acudir a votar el 1-O.

Sin embargo, afirma el fiscal, la Delegación del Gobierno en Cataluña ya le había comunicado la suspensión del TC mediante un correo electrónico y una carta certificada fechadas el 12 de septiembre, por lo que Solé sabía «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir» dicha decisión.

Una notificación en la que, subraya el ministerio público, quedaba constancia de «las responsabilidades en las que podía incurrir en caso de no atender a lo ordenado por el alto tribunal», esto es, emprender cualquier iniciativa encaminada a llevar a cabo la votación.