La Fiscalía continúa su investigación alrededor de los movimientos económicos de los que se benefició el Rey emérito Juan Carlos I entre los años 2016, 2017 y 2018, cuando ya había abdicado en su hijo Felipe VI y que no fueron declarados a Hacienda.

A pesar de que Juan Carlos I, a través de su defensa, abonó 678.393 euros a la Comunidad de Madrid como una regularización por cantidades percibidas en los años mencionados y no declarados a Hacienda para cubrir el impuesto de donaciones y evitar ser investigado por un delito fiscal, el Ministerio Público estudiará por un lado si se ha cubierto la cantidad no declarada y, por otro, cuál fue el motivo por el que el ex jefe de Estado recibió dicho dinero.

La regularización presentada por el padre de Felipe VI no paraliza la investigación que comenzó la Fiscalía Anticorrupción hace más de un año, de la que ahora se ocupan además del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, un equipo de fiscales de Sala del Tribunal Supremo con Juan Ignacio Campos al frente.

Las pesquisas se encaminan a dar con el motivo por el que el empresario de origen mexicano y residencia en Irlanda Allen de Jesús Sanginés-Krausse hizo entregas de grandes cantidades de dinero al ayudante de campo del Rey emérito, el coronel del ejército del aire Nicolás Murga Mendoza, de los que el primero fue el verdadero beneficiario además de pagarle viajes y otros gastos.

En esta línea de investigación que afecta directamente al emérito y que comenzó en las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción 12/2019 se ahondará para saber si los pagos y regalos respondieron realmente a una comisión o procedían de fondos ocultos del emérito que vehiculizó su amigo Sanginés-Krause a través de Murga, principales sospechas de los investigadores.

Es el trabajo "más delicado, que no el más complicado", de la democracia, reconocen fuentes fiscales

Esta línea indagatoria avanza -igual que las otras dos abiertas por el Ministerio Público alrededor del emérito- con la supervisión de la fiscal general del Estado Dolores Delgado que, según explican fuentes fiscales a El Independiente, deja margen de actuación a los expertos en el avance de sus pesquisas aunque supervisa cada paso que dan. Fuentes fiscales reconocen que se trata del trabajo "más delicado, que no el más complicado" que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado en la democracia española por la persona a la que afecta: el ex jefe del Estado, monarca de la Transición y padre del rey Felipe VI. La pasada semana, sin ir más lejos, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo pidió a sus socios de Gobierno de Podemos "prudencia y tranquilidad" en sus mensajes críticos con la Corona tras conocerse la regularización del emérito. Recordó que la monarquía parlamentaria es la "clave de bóveda" del modelo del Estado español y que "si se quita una pieza" del arco de éste "se derrumba todo".

La Fiscalía tomó declaración a Sanginés-Krause

El motivo que llevó a Anticorrupción a arrancar su investigación hace un año fue la alerta sobre los movimientos en una cuenta bancaria española del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Éste recibió hasta 270.000 euros en distintas entregas de entre 30.000 y 50.000 euros entre 2017 y 2018 desde un banco irlandés por orden de Sanginés-Krause, según desveló Televisión Española. El empresario amigo de Juan Carlos I también le pagó tres viajes por un valor de 100.000 euros entre 2016 y 2017. Las facturas de dichos viajes se remitieron directamente al palacio de la Zarzuela.

Anticorrupción tomó declaración al empresario mexicano después del verano, quien reconoció los pagos aunque no habló de ellos como "donaciones", sino como "regalos" o "pagos".

"Veracidad, espontaneidad y completitud" de la declaración

La Fiscalía General del Estado comunicó el pasado 11 de diciembre que valorará la "veracidad, espontaneidad y completitud" de la declaración tributaria del Rey emérito presentada por su defensa.

Tendrá que determinar si ésta cubre los impuestos por no haber declarado los ingresos a Hacienda y por lo tanto evita la apertura de una investigación por presunto delito fiscal cometido en los años en los que Juan Carlos I ya no estaba protegido por la inviolabilidad como jefe de Estado. Por otro lado, continúa abierta la vía para investigar si la operativa de entregas de dinero de Krause que dispuso Murga pudo ser constitutiva de un presunto delito de blanqueo de capitales por parte de los implicados.