España

Guardias civiles dicen que el 30% de la plantilla en Cataluña quiere irse por la "presión social"

La AUGC y el SUP reclaman mejoras económicas y más días de vacaciones para los agentes destinados en esta comunidad como compensación por el hostigamiento que dicen sufrir en los últimos años desde "sectores independentistas"

Una policía pasa junto a un patrullero de la Guardia Civil.

Una policía pasa junto a un patrullero de la Guardia Civil.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) asegura que «cerca de un 30 %» de los agentes que están actualmente destinados en Cataluña tiene intención de pedir traslado a otras comunidades debido a la «presión social» a la que están sometidos, según ha puesto de manifiesto un «sondeo» que ha realizado entre la plantilla.

La AUGC y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han vuelto a demandar este jueves un «plan integral» con medidas económicas y sociolaborales para los funcionarios de ambos Cuerpos que sirven en Cataluña a fin de «mitigar» tanto la pérdida de poder adquisitivo que sufren por la carestía de vida como la «elevada presión» que dicen padecer desde «sectores independentistas». Las dos organizaciones han dado a conocer sus reivindicaciones tras mantener un encuentro en Barcelona con las portavoces del PP en las comisiones de Interior y Sanidad del Congreso de los Diputados, Ana Vázquez y Elvira Velasco, respectivamente.

El SUP y la AUGC sostienen que el auxilio a jueces y fiscales que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen prestando en los últimos años como consecuencia del desafío soberanista ha desencadenado «una campaña de señalamiento y acoso» contra los agentes destinados en Cataluña. A su juicio, un «sector concreto de la sociedad» busca con este hostigamiento el «empeoramiento» de las condiciones de vida de policías nacionales y guardias civiles para forzar así su «salida» de la comunidad y que los Mossos d’Esquadra quede como «Policía exclusiva y excluyente».

Las hostilidades habrían aumentado después del 1-O (2017), a raíz del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Ministerio del Interior para tratar de impedir que se llevara a cabo el referéndum de autodeterminación. Hubo pintadas y algunos guardias civiles llegaron a denunciar que profesores llegaron a humillar a sus hijos en clase por los incidentes acaecidos aquel domingo de octubre, cuando agentes tuvieron que cargar en algunos centros de votación para evitar que se pudiera votar.

Para la AUGC, mayoritaria en el Cuerpo, la «especial circunstancia» que viven los agentes en Cataluña -en torno a 3.400 en las cuatro provincias, más de la mitad en Barcelona- debe compensarse con la creación de un complemento salarial de especial singularidad similar al que se abona en el País Vasco y Navarra, donde los funcionarios policiales reciben un plus de unos 600 euros mensuales. El conocido como ‘complemento de zona conflictiva’ lo aprobó el Consejo de Ministros en su sesión del 29 de agosto de 1980 para compensar el mayor riesgo al que se enfrentaban los policías nacionales y los guardias civiles destinados en esas dos comunidades como consecuencia de la actividad terrorista de ETA.

La AUGC y el SUP denuncian que lo que se busca es que los Mossos quede como «Policía exclusiva y excluyente»

Igualmente, esta asociación reclama la concesión de más días de vacaciones y permisos y que se habilite un «permiso especial» para los agentes que ejercen en Cataluña a fin de resarcir «la mayor presión social que se registra por las campañas habituales de entidades independentistas contra el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

En el ámbito de la Policía Nacional, el SUP insiste en la necesidad de que se aumente el complemento de territorialidad, fijado en 57,11 euros mensuales para los funcionarios destinados en Barcelona y en 43,12 euros para el resto de las provincias. «Es claramente insuficiente en una comunidad autónoma en la que el IPC ha crecido estos años por encima de la media nacional (20 puntos, en el caso de la provincia de Barcelona, desde que se aprobó el actual catálogo de puestos de trabajo) y el coste medio mensual de la vivienda de alquiler en el periodo 2014-2018 aumentó un 29,43%», expone.

Los representantes de AUGC y del SUP, este jueves con las diputadas del PP.

La carestía de vida es otra de las razones que explica la ‘desbandada’ de agentes que en los últimos años se está registrando cada vez que la Dirección General de la Policía convoca un concurso general de méritos. Son los funcionarios recién jurados los que terminan cubriendo muchas de las plazas al no tener antigüedad para poder elegir destino.

En paralelo, el Sindicato Unificado de Policía reclama también mejoras en la baremación del expediente de los agentes por estar destinado en las plantillas de Cataluña para tratar de favorecer «la estabilidad en esas provincias por las expectativas profesionales futuras que se generan», así como un programa de ayudas al alquiler y compra de viviendas. A ello suman unos «días adicionales» por la presión social que sufren.

En un escrito enviado el 7 de agosto de 2019, el SUP ya puso en conocimiento del Consejo de Policía que el «alto nivel de hostilidad» hacia los agentes en Cataluña obligaba a éstos a la «clandestinidad en su vida» y a intentar cambiar de destino cuando les sea posible. De esa situación ha alertado en otros foros oficiales en los tres últimos años, sin que de momento se haya avanzado en la dirección que éste y otros sindicatos demandan.

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