España

El Gobierno pone en el punto de mira casi 15.000 inmatriculaciones de la Iglesia

Calvo insinúa que la Ley Trans de Irene Montero no supera el estándar de calidad normativa que debe tener un texto que afecta a derechos fundamentales

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa. EFE

De forma sorpresiva, el Consejo de Ministros ha conocido el traslado al Congreso de los Diputados, de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1996, cuando una reforma de la Ley Hipotecaria del primer Gobierno de José María Aznar permitía que la Iglesia inscribiera como propias miles de propiedades. Así lo ha explicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que con dicha decisión da cumplimiento a un acuerdo de 2017 para que se hiciera público dicho listado.

En 2015 hubo una modificación normativa, que terminó con el proceso de las controvertidas inscripciones en el registro de la propiedad. Según los datos que ha elaborado el Ministerio de Presidencia, se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 se refieren a templos de la iglesias o dependencias complementarias, «armoniosos con la presencia de una confesión religiosa», según ha explicado en rueda de prensa Calvo.

Pero hay 14.947 que no se relacionan con usos para el culto, referidos a terrenos, locales o viviendas… Asimismo, 30.335 se han inmatriculado en virtud de certificación eclesiástica y 4.626 a otro título distinto e insuficiente. «El listado está en el Congreso, con ello damos cuenta de un mandato del que no podemos hacer caso omiso». A partir de este momento dicho listado es público y puede ser recurrido por personas físicas o jurídicas que pudieran cuestionar dichas inscripciones entre el periodo 1996 y 2015, aunque «se hicieron a la luz de una legalidad», admite la número dos del Gobierno.

Ley Trans

Por otro lado, Calvo ha sido interrogada sobre la controvertida Ley Trans y las acusaciones del Ministerio de Igualdad de que intenta torpedear el texto. Ha recordado que ambos partidos «tienen un compromiso y lo vamos a hacer como toda tramitación de proyecto de ley, que requiere todo el tiempo posible, con calidad normativa y seguridad jurídica». Y sin querer adelantar un calendario, se ha limitado a decir que «cada día estamos más cerca de tener esa propuesta en el Consejo de Ministros con la participación de otros ministros como Justicia, Sanidad y Educación».

Niega la vicepresidenta que intente torpedear nada. Ha asegurado que para ella «no existen ministerios de un partido o de otro ni ministros que tiene carné o no. Solo existe que cada órgano tiene que trabajar conforme nos obliga la ley». Y, en ese sentido, ha dado a entender que al texto de Irene Montero le queda un largo recorrido por delante puesto que a al comisión general de secretarios y subsecretarios, preparatoria del Consejo de Ministros, «los proyectos pasan muy maduros».

Además, existe una Oficina de calidad normativa que da el plácet a las iniciativas legislativas siempre y cuando no entren en colisión con otros textos. «Hay materias más fáciles y más complicadas. Hay materias que requieren mucho más trabajo», y la Ley Trans «es particularmente importante para este gobierno. Lo tenemos que hacer sin ningún problema de constitucionalidad. No hay más».

María Jesús Montero, también presente en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha negado la mayor al afirmar que la «nota dominante» en la mesa del Consejo de ministros «es la estabilidad». El Gobierno está «concentrado en el trabajo del día a día intentado ser útiles. Lo que se pueda percibir desde fuera no tiene nada que ver con el trabajo cotidiano del Consejo».

Respecto a la detención del rapero Pablo Hasél, ha recordado la vicepresidenta la intención gubernamental de revisar una serie de delitos relacionados con la libertad de expresión que no conlleven riesgo en la seguridad de las personas. Entiende Calvo que «la privación de la libertad no procede. Tiene que haber una horquilla de comprensión y tolerancia de una democracia como la nuestra». Eso sí, ningún derecho «es absoluto», ha replicado respecto a su intención de perseguir penalmente la exaltación del franquismo, tal y como se establece en la próxima Ley de Memoria Democrática.

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