El fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza (Alcorisa, Teruel, 1955) vuelve a la lucha antidroga. La fiscal general del Estado Dolores Delgado le ha encomendado reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar (Cádiz) zona de una de las mayores entradas de droga en nuestro país que preocupa especialmente el Ministerio del Interior.

El representante del Ministerio Público al que se asocia directamente con la palabra «rebelión» -pues insistió férreamente en pedir una condena por este delito para los políticos que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña que finalmente fueron condenados por desobediencia, malversación y sedición en la sentencia del procés del Tribunal Supremo- participó en algunos de los juicios más sonados contra el narcotráfico.

Zaragoza ingresó en la carrera fiscal en 1982 como teniente fiscal en la provincia de Guipúzcoa, donde posteriormente fue nombrado juez unipersonal del tribunal tutelar de menores de San Sebastián. Pronto pasaría a la Fiscalía de Madrid y a la Fiscalía Antidroga, donde como teniente fiscal participó en algunos de los golpes más importantes contra el narcotráfico en España. En 1990, junto al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, hizo estallar la Operación Nécora contra los principales narcos gallegos procedentes del contrabando de tabaco, como Sito Miñanco, que permitió comenzar a dibujar un mapa de los clanes de la droga más importantes.

Compaginará el cargo con su función de fiscal de Sala

Esa experiencia de 20 años en la Fiscalía Antidroga le servirá para orientar y apoyar a la Policía y a los fiscales del Sur en la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo y la corrupción, también policial, que preocupa especialmente al Gobierno. Una encomienda que desarrollará «en cooperación y sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen en la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona», como ha informado la Fiscalía General del Estado, y que compaginará con sus labores como fiscal de Sala en la sección Penal del Tribunal Supremo. Tanto él como los otros tres fiscales del procés Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno tienen previsto recurrir ante la Sala Segunda del Supremo el tercer grado de los políticos condenados en caso de que los jueces de vigilancia penitenciaria catalanes insistan en mantenerlo.

Asume esta nueva labor «que no tiene color político ni ideológico» con la intención de «ser útil al Estado, de dar un servicio necesario porque la lucha contra la corrupción, y sobre todo contra el blanqueo de capitales, es una de las principales preocupaciones de las autoridades judiciales y policiales en este momento», explica a El Independiente.

Crítico con la reforma del Gobierno

En los últimos tiempos, la imagen de Zaragoza se relaciona con el juicio del procés y con la oposición férrea contra el independentismo. Durante el juicio contra el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y el resto de consejeros del Gobierno de Carles Puigdemont, expuso la parte del informe fiscal en el que se rechazó que se juzgara a los políticos por sus ideas e insistió en las razones para condenar por rebelión: «El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen opiniones políticas ni tiene que ver tampoco con la persecución o la represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución Española de 1978 (…) La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales por vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesario. Todo ello, al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional», afirmó.

Una vez condenados los líderes del procés por sedición en lugar de por rebelión, Zaragoza no ha tenido problema en insistir en debates públicos, conferencias y en los medios de comunicación en que lo que los políticos catalanes hicieron fue un «golpe de Estado en toda regla» y que existió delito de rebelión. Ha sido crítico con la reforma que pretende impulsar el Gobierno para reformar los delitos de rebelión y sedición del Código Penal, reduciendo las penas para «acomodarlas» al derecho europeo.

Fiscales que estuvieron bajo el mando de Zaragoza cuando fue fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cargo que ocupó entre 2006 y 2017, lo describen como un fiscal «terco» aunque también destacan que «es una persona con mucha experiencia, gran conocimiento jurídico e inteligencia».

Enfrentamiento con Baltasar Garzón

Fue el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional cuando en ésta se investigaron y juzgaron algunos de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, como el atentado terrorista del 11 de marzo (11-M) de 2004; los asesinatos del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente y del abogado y concejal del PSOE Fernando Múgica por parte de ETA o el caso Faisán, así como la investigación de la Memoria Histórica iniciada por el juez Baltasar Garzón en la que quiso investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista como delitos de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad a lo que Zaragoza se opuso frontalmente al considerar los delitos prescritos y a sus autores protegidos por la ley de Amnistía de 1977. A partir de ese momento rompieron cualquier tipo de relación y a día de hoy no la han recuperado.

Las carreras de Javier Zaragoza y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, también se han cruzado en distintos momentos. Miembros de la misma asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Delgado sustituyó a Zaragoza en la jefatura de la Fiscalía Antidroga cuando él fue destinado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese nuevo destino fue su subordinada durante casi 20 años y, ahora, las tornas han cambiado y Zaragoza es el subordinado de Delgado como máxima responsable del Ministerio Público. Como tal, decidió asignar el puesto de fiscal jefe de Sala del Tribunal Supremo al fiscal José Javier Huete en lugar de a Zaragoza, quien también lo solicitó.