Sentencia del procés

España

El mes decisivo para el futuro judicial de Puigdemont

El Pleno de la Eurocámara debe decidir si retira la inmunidad que protege al ex presidente catalán como parlamentario

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exdiputados Toni Comín y Clara Punsatí en Perpiñán.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se ha mostrado favorable en un informe interno a retirar la inmunidad parlamentaria al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, según el contenido del documento que se filtró esta semana a los medios.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena envió un suplicatorio a la Eurocámara para pedir que se retire dicha protección parlamentaria tanto a Puigdemont como a los consejeros de su gobierno Antonio Comín y Clara Ponsatí que se fugaron a Bruselas en noviembre de 2017 después de que el Gobierno, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, cesara a todo el Govern y la Fiscalía General del Estado anunciara que presentaría una querella contra el presidente catalán y sus consejeros por impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Fue el denominado procés por el que otros consejeros catalanes se sentaron en el banquillo, fueron condenados hasta a 13 años de prisión, como fue el caso del vice presidente Oriol Junqueras, y nueve de ellos aún están en prisión, ahora en situación de semilibertad o tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat de Cataluña recurrido por la Fiscalía.

El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que adelantó ABC indica, después de estudiar los hechos, que éstos ocurrieron mucho antes de que Puigdemont, Ponsatí y Comín accedieran al Parlamento Europeo (2019) y que no tienen nada que ver con su actividad parlamentaria, de ahí que sea favorable a que se les retire la inmunidad como pide el Tribunal Supremo.

Pero es el Parlamento Europeo quien debe decidir si retira o no la protección a los políticos catalanes y, en caso de que lo haga, eso no significaría su entrega a España para que sean juzgados. Habría otros pasos judiciales previos. El próximo mes será decisivo para el futuro de Puigdemont y éstos son los eventos que quedan por delante antes de que se acuerde o deniegue su entrega:

Debate de toda la Comisión

El informe filtrado es autoría de uno de los miembros de la Comisión, un eurodiputado búlgaro del partido ultraconservador ECR, a quien se encargó el asunto. La próxima semana tendrá que exponerlo al resto de miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

Votación en el Parlamento Europeo

Una vez el informe pase ese primer filtro, todos los europarlamentarios tendrán que decidir en Pleno si retiran la inmunidad a Puigdemont y los dos ex consejeros de su Gobierno.

Volverán a decidir los jueces belgas

Aunque el Parlamento Europeo decidiera retirar la inmunidad a los tres políticos catalanes, su decisión no significaría que se les pueda entregar a España, como reclamó el Supremo. Será una decisión política que analizarán los tribunales belgas (y la Justicia británica en caso de Clara Ponsatí) que ya se han negado a entregarles a España previamente.

Analizarán las euroórdenes contra ellos para decidir si les entregan. Y aquí llega el punto que genera más dudas puesto que recientemente el Tribunal de Apelación belga denegó entregar al ex consejero Lluis Puig al considerar que el Tribunal Supremo no es competente para elevar las órdenes de detención contra él. Al anunciar la Fiscalía belga que no recurriría en casación, confirmaba la decisión que iba en la misma línea que la del tribunal de primera instancia meses antes.

El entorno del ex presidente catalán lo vio como un avance de lo que ocurrirá en su caso. La decisión belga choca con la del Tribunal Constitucional español, que esta misma semana ha considerado que el Supremo es competente para investigar y juzgar a los líderes del procés y que no se ha vulnerado su derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley ni a la doble instancia. El Alto Tribunal se ha manifestado en este sentido al resolver el primer recurso de amparo presentado por la ex consejera Meritxell Borràs que fue condenada a multa e inhabilitación por desobediencia.

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