España

El PP quiere derecho de veto en el CGPJ con mayorías reforzadas de 13 magistrados

Gobierno y populares no alcanzaron este jueves un acuerdo, entre otros "escollos", por el rechazo a que el juez De Prada forme parte del Consejo

Los vocales del CGPJ con su presidente, Carlos Lesmes, de espaldas

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de espaldas frente al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena y otros magistrados. EFE

Los populares quieren que en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) todas las decisiones se adopten por mayoría de trece magistrados «y se rompa la dinámica de bloques entre progresistas y conservadores», según han señalado a El Independiente fuentes conocedoras de la negociación entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para la renovación de los órganos constitucionales.

De hecho, este jueves se saldó en fracaso, entre otros «escollos» por el rechazo del PP a que el juez José Ricardo de Prada forme parte del Consejo. De Prada, que sentó a Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la primera etapa de la Gürtel, dio por acreditada la existencia de una «caja b» en Génova cuando ese aspecto no fue cosa juzgada.

En cuanto a la petición del PP de las mayorías reforzadas, supondría en la práctica que los magistrados propuestos por los populares tendrían capacidad de veto en la toma de decisiones, de modo que el voto del presidente -que propone el PSOE- ya no sería indispensable para romper hipotéticos empates.

Conforme al modelo pactado, que consiste en repartirse al cincuenta por ciento los veinte vocales del Consejo, de modo que el PSOE pondrá sobre la mesa diez nombres y el PP otros diez, entre los que habrá dos del gusto de Unidas Podemos y, muy probablemente, un representante del PNV, los progresistas se aseguraban la mayoría con el voto del presidente.

Siguiendo el criterio del Partido Popular de tomar las decisiones con mayorías reforzadas de 13 magistrados, se les exige un esfuerzo negociador y, sobre todo, acabar con las decisiones y las votaciones en función del partido proponente. No sería, en todo caso, la primera ni la última vez que esto pasa. De hecho, en los últimos nombramientos que ha abordado el Consejo -con la amenaza del Gobierno de limitar sus funciones por tener el mandato prorrogado dos años- magistrados progresistas se han unido a los conservadores.

Amplísimas mayorías

Por ejemplo, llegaron a una amplísima mayoría de hasta 18 votos en los nombramientos, a finales de enero, de los presidentes de las audiencias provinciales de Ciudad Real, Cantabria, Granada, Islas Baleares, León y Navarra y del presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Tres vocales del sector progresista optaron por su voto en blanco, fue el caso del ex diputado socialista Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Precisamente, entre las modificaciones que desea incorporar el PP en el futuro sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces destaca la imposibilidad de dar el salto «del escaño en el Congreso de los Diputados al Consejo», como es el caso, dicen, de Álvaro Cuesta. Pero no es único. Emilio Olabarría, es un ejemplo paradigmático. Fue diputado nacional por el PNV. De ahí pasó al CGPJ, que acabó abandonando para presentarse a unas elecciones autonómicas vascas, cerrando el círculo de las sinergias entre la política y la justicia y viceversa.

La Ley orgánica del Poder Judicial ya exige, por ejemplo, una mayoría de tres quintos para la propuesta de nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al CGPJ.

Ayer continuaron las conversaciones entre Bolaños y García Egea

Ayer prosiguieron las conversaciones entre la mano derecha de Iván Redondo en Moncloa, Felix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Cuando parece que las negociaciones entre el Gobierno y el PP están a punto de culminar siempre queda algún fleco o escollo no menor que lo retrasa un día más. Se ha anunciado varias veces la inminencia de ese pacto, pero los obstáculos no lo constituyen solo algunos nombres ni quién debe ocupar la presidencia del CGPJ, elección que corresponde formalmente a los vocales del Consejo, pero que siempre se lleva pactado.

Lo es también el futuro modelo de elección del Consejo-si es que el Gobierno se aviene a planteárselo siquiera- y el derecho de veto que pretende el PP, quien necesita «cobrarse pieza» para rubricar un acuerdo que le puede pasar factura en su electorado, pero sin cuyo concurso es imposible renovar una serie de órganos constitucionales.

Este jueves culminó el acuerdo para la renovación del Consejo de RTVE. Los nombramientos salieron adelante con el respaldo de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV, esto es, 249 votos, entre las críticas del resto de los Grupos, algunos de los cuales, como Ciudadanos, Vox, Junts, Bildu o la CUP, se negaron a participar en la votación.

El acuerdo para RTVE se aceleró al objeto de que no hubiera consejeros de ERC o Bildu

En muy buena medida, la premura de los populares para cerrar este flanco respondía al temor de no ser necesarios en una segunda votación. Según el sistema de elección de los consejeros del Ente Público, si en una primera consulta no se alcanza una mayoría reforzada, quince días después basta con una simple o el respaldo de cinco Grupos de la Cámara, «por lo que, en ese caso, ERC o Bildu podrían haber tenido un puesto en el Consejo», aducen en Génova.

Bolaños y Egea cerraron este acuerdo a última hora del pasado miércoles y aún siguen negociando para el CGPJ, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos. Ayer ambas partes constataron «que existe escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto», aunque fuentes del PP no dan por rotas las negociaciones.

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