España 'Crisis en el Campo de Gibraltar'

Las deficiencias en la detección del blanqueo llevaron a la fiscal general a reforzar Antidroga

En 2019 sólo hubo cuatro procedimientos judiciales por blanqueo de fondos del narcotráfico en la Audiencia Nacional

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. EP

El nombramiento del fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como coordinador de las actuaciones contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar que acogieron con los brazos abiertos los sindicatos policiales ha abierto en cambio un cisma en la Fiscalía.

La designación de la fiscal general Dolores Delgado sorprendió a distintos fiscales, como reconocieron a este diario, por la manera en que se hizo y se comunicó. El fiscal jefe Antidroga José Ramón Noreña directamente la consideró “ilegal”. Así se lo transmitió a la propia Delgado en un escrito en el que se quejó de que la designación se hizo “prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento” y consideró que las funciones encomendadas a Zaragoza se solapan con las suyas y las de su equipo. Fuentes fiscales informan a El Independiente de que la designación respondió a la detección de deficiencias en la Fiscalía Antidroga para atajar la corrupción procedente del narcotráfico, principalmente las operaciones de blanqueo.

Los procesos por blanqueo, un 5% respecto a los de tráfico

En 2019 sólo hubo cuatro procedimientos incoados por los Juzgados Centrales de Instrucción por blanqueo de capitales, según se recogió en la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Así, la proporción de procesos por blanqueo de capitales en relación con los incoados por tráfico de drogas en 2019 fue de un 5 %, lo que supone una «progresiva disminución de procesos incoados» por blanqueo en los últimos años.

Extracto de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.

Una de las explicaciones que se dieron en la memoria del Ministerio Público a las diferencias entre el número de procesos incoados por tráfico de drogas y los seguidos por blanqueo de capitales fue que «se decomisan en el propio proceso por tráfico de drogas todos los bienes que deban ser considerados instrumentos, efectos y ganancias directos, sin que ello implique un delito de blanqueo».

Atajar el problema del blanqueo, y con ello el poder económico de las bandas del narcotráfico, es un asunto que preocupa especialmente al Ministerio del Interior y para el que las fuerzas de seguridad y los fiscales de distintas regiones (sobre todo de Andalucía) vienen pidiendo mayor colaboración a la Fiscalía Antidroga para impulsar investigaciones de ámbito nacional, en la Audiencia Nacional.

Las fuerzas policiales que combaten el narcotráfico en el Estrecho ven que las meras aprehensiones de droga, siendo importantes, no atajan el problema de fondo. Y este no es otro que desmantelar la infraestructura de las organizaciones de narcos que operan en la zona, atacar su patrimonio conseguido de manera ilícita y sus redes de blanqueo. Estas investigaciones requieren de agentes muy especializados, de tiempo y de una coordinación sin fisuras entre todos los actores implicados.

Desde que se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad en 2018 por parte del Ministerio de Interior ha habido numerosas investigaciones por blanqueo pero sin el resultado apetecible. A los investigadores policiales consultados les sorprende la poca presencia que hasta ahora ha tenido la Audiencia Nacional en todo este combate contra el narcotráfico del sur. Esta deficiencia de apoyos y también la falta de celo para perseguir la corrupción policial había llevado a una situación preocupante de pérdida de autoridad de los agentes, que veían con frustración a los narcos «campar a sus anchas».

En este sentido, es fácil comprender por qué la Guardia Civil ha incorporado a su Centro de Análisis e Inteligencia Contra el Narcotráfico (CRAIN) a la unidad de Asuntos Internos, encargada de investigar a sus agentes. Fuentes policiales afirman que para una mayor eficacia en la lucha contra toda corrupción es necesario también la intervención de los juzgados centrales y de un fiscal como Zaragoza al que avala la lucha exitosa contra los narcos gallegos a principios de los 90.

Un asunto formal

El comunicado con el que la Fiscalía trasladó su nombramiento el pasado 18 de febrero llamó la atención por los términos empleados. En éste se informó de que la máxima responsable del Ministerio Público había dictado un decreto por el que “delega, como encomienda directa y conforme a sus instrucciones y directrices, en el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, D.Javier Zaragoza Aguado, funciones de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar». Especificaba que el fiscal, que conserva sus funciones como fiscal de Sala del Supremo, “desarrollará esta labora en cooperación y sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación”.

Fuentes fiscales entienden que en Antidroga quizá no se compartan aspectos formales del procedimiento escogido por la fiscal general, pero no creen que deba someterse a la Junta de Fiscales de Sala en aplicación del artículo 27.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) como exige el fiscal Noreña. Dicho artículo establece que “el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe”. Puesto que dicha orden parte de la fiscal general del Estado, el EOMF establece que entonces “se resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”. La Fiscalía General todavía debe manifestarse sobre si corresponde o no hacerlo.

 

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