Desestiman la suspensión cautelarísima de la orden sobre la vacunación en la Policía

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por un sindicato policial contra la circular de la Dirección General que obliga a los agentes que no quieran vacunarse a rellenar un formulario para dejar constancia, al no apreciar razones de especial urgencia para suspender dicha instrucción. Ahora se dará traslado del recurso a la Abogacía del Estado para que pueda presentar alegaciones.

En un auto notificado a las partes este lunes, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la pretensión de Alternativa Sindical de Policía (ASP), que el pasado jueves pidió la suspensión cautelarísima de la citada orden al entender que vulnera el derecho a la intimidad de los funcionarios renuentes a inmunizarse. A juicio de esta organización, la urgencia venía dada por el hecho que la Dirección General estaba dando cumplimiento "de forma inmediata" a la citada circular, puesto que horas después de la interposición del recurso empezaba en Madrid el proceso de vacunación.

Ese parecer no es compartido por la Sala, que no advierte la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que justifiquen no oír a la parte contraria (la Administración). "No se acredita que con la ejecución de la resolución de referencia se produzcan daños o perjuicios excepcionales e irreparables", zanja el TSJM.

El ponente, Santiago de Andrés Fuentes, recuerda que tanto la doctrina del Supremo como la del Tribunal Constitucional establecen que la suspensión cautelar ha de evitar cualquier consideración que implique "juicio anticipado" sobre el fondo del asunto y resuelve que la cuestión debe sustanciarse en el proceso principal. Desestimada la cautelarísima, la Sala dará ahora traslado de la medida cautelar solicitada por ASP a la Abogacía del Estado para que, en el plazo de diez días, presente alegaciones antes de que se resuelve el pleito.

Alternativa Sindical de Policía defiende que la circular que la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación dictó el pasado 22 de febrero sobre el proceso de vacunación supone la creación de una "lista negra", por cuanto insta a los agentes que no quieran vacunarse a presentar una minuta ante las unidades territoriales de las que dependan para evitar el "desaprovechamiento" de dosis. En su opinión, ello supone una vulneración tanto del derecho a la intimidad como de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Proceso de vacunación en Madrid

Por contra, el sindicato ha planteado sin éxito que sean los agentes que sí deseen inmunizarse los que dejen constancia por escrito, nunca al revés. Así es como se detallaba en el oficio que la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco emitió el pasado 19 de febrero: "(…) se hace necesario que todas las dependencias policiales de esta Jefatura Superior del País Vasco elaboren una relación en la que figuren todos aquellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía menores de 56 años que manifiesten su deseo de recibir las correspondientes dosis de la precitada vacuna".

La vacunación a los policías nacionales destinados en la Comunidad de Madrid -unos 21.500 efectivos disponibles aproximadamente- empezó el pasado viernes y estaba previsto que terminara este miércoles. Para ello se han habilitado dos puntos -el polideportivo del complejo policial de Carabanchel y el Wanda Metropolitano- y se calculaba administrar la primera dosis a unos 5.000 funcionarios al día.

Alternativa Sindical de Policía no sólo se oponía a que los agentes que no quieran inmunizarse tengan que comunicarlo por escrito. También rechazan que sea la vacuna de Astrazeneca la que se aplique a "servicios operativos esenciales" -caso de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) o Extranjería y Fronteras- en lugar de otras "con eficacia superior al 90 %".