El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen que se habría desplegado entre los años 2013 y 2015 desde el Ministerio del Interior con el fin de recuperar documentación en sus manos para evitar que llegara al juez que entonces investigaba el caso Gürtel. Una documentación que comprometería a altos cargos de la formación entonces en el Gobierno.

Las sesiones para esclarecer estos hechos arrancan en el Parlamento cuando la investigación judicial para determinarlos aún está en fase de instrucción en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón ha visto indicios de que dicha operación -a la que se destinaron fondos reservados y en la que participaron altos mandos de la Policía- nació en el "centro nuclear" del Ministerio de Interior. De ahí que mantenga imputados al exministro Jorge Fernández Díaz y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sin embargo, estos hechos aún no se han constatado ni menos aún que Mariano Rajoy o la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal tuvieran conocimiento de la operación, aunque la información que va aflorando en el sumario judicial apunte hacia esa sospecha. La Fiscalía Anticorrupción, sin ir más lejos, solicitó la imputación de Cospedal y de su marido el empresario Ignacio López Del Hierro y el juez no ha acordado dicha petición.

Sin la documentación judicial

Así, se da la paradoja de que en la Comisión del Congreso están citados para comparecer políticos, mandos policiales y otros protagonistas que ni siquiera han prestado declaración como testigos o como investigados en la pieza del caso Villarejo de la Audiencia Nacional. En ésta se investigan los pormenores de la operación del Gobierno que se habría desplegado presuntamente para evitar que saliera a la luz información que podría haber sacado a Rajoy del Gobierno dos años después de acceder a la presidencia.

Los diputados interrogarán a Bárcenas -que ya ha comenzado a sacar en sede judicial la artillería contra el PP y sobre todo contra Rajoy- sin disponer de la documentación sobre el sumario de la causa. El instructor García-Castellón rechazó aportarla al Congreso, según trasladó el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, alegando que la causa está en fase de instrucción y por tanto no se puede manejar en este momento documentación que tiene "carácter reservado", como recoge el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En éste se establece que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral".

Algunos de los citados se negarán a contestar para no incumplir la ley de secretos oficiales

Además, esta causa tiene la peculiaridad de que parte de la información está protegida por la ley de secretos oficiales en cuanto al destino de fondos reservados. Algunos de los citados a declarar, como el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, se negarán a contestar a ciertas preguntas de los diputados por este motivo, como ya ha podido saber El Independiente.

Bárcenas, por su parte, sostiene que entre la documentación que el operativo le requisó había una grabación en la que su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, hablaba de sobresueldos irregulares entregados al expresidente Mariano Rajoy y otra documentación sobre la financiación irregular del partido, aunque de momento no ha podido demostrarlo.

Rajoy, entre los citados para comparecer

La comisión salió adelante después de proponerla PSOE y Podemos y apoyarla la mayoría de grupos parlamentarios. Vox, Coalición Canaria y Teruel Existe se abstuvieron y tan sólo el Partido Popular, que entiende que se pone en marcha como una "persecución" hacia ellos, se opuso.

La primera sesión arranca con la comparecencia de Luis Bárcenas y de Miguel Ángel Bayo, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados con los que se pagó, según la investigación, hasta 2.000 euros al mes al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente del operativo. Éste habló en numerosas ocasiones con el comisario José Manuel Villarejo, a quien se le incautó la documentación de la que surgió la investigación, y que habría puesto en común al chófer y al inspector de policía Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha.

Tanto ella como su marido están citados para comparecer en el Congreso. También el comisario Villarejo, el resto de comisarios investigados en la causa de la Audiencia Nacional, la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el chófer, el exministro de Interior Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y el expresidente Mariano Rajoy. Su declaración es la última prevista para la comisión que podría prolongarse hasta junio si así lo aprueba la mayoría de diputados.