El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles el nombramiento del magistrado Luis Francisco de Jorge Mesas como titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, si bien en los próximos días tendrá que designar a un sustituto ya que De Jorge tomará posesión de la plaza pero continuará ejerciendo su responsabilidad actual: funcionario internacional en la sede central de la Oficina de las Naciones Unidades contra la droga y el delito en Viena (Austria).

Fuentes del CGPJ han confirmado a este diario la designación de Luis Francisco de Jorge, uno de los 28 jueces que aspiraban a cubrir la vacante dejada por Santiago Pedraz al pasar al Juzgado Central de Instrucción 5 en sustitución de José de la Mata tras ser nombrado éste el pasado mes de noviembre representante español en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Según ha podido conocer este diario, De Jorge pretende tomar posesión de su plaza y continuar en Viena, lo que obligará al CGPJ a adjudicar el puesto en comisión de servicio, con o sin relevación de funciones. Ésta es una de las dos opciones que prevé la Ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 355 bis para cubrir los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales. La otra es mediante los "mecanismos ordinarios de provisión".

Hasta que se conceda dicha comisión de servicio será otro magistrado quien se encargue previsiblemente de tramitar los asuntos recaídos en este órgano judicial, entre otros la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por el antiguo embajador de España en Venezuela Raúl Morodo en relación con la petrolera PDVSA y el procedimiento en el que está imputado el ex presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar (caso Soule).

Luis Francisco de Jorge es el magistrado más antiguo en el escalafón de los que aspiraban a la plaza (ocupa concretamente la posición 517, según el último listado publicado en el BOE). También cumplía holgadamente otro de los requisitos que se exigían: haber prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los 12 inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria. En concreto, el magistrado pertenece a una de las secciones penales de la Audiencia de Valencia desde 2006, habiendo servido con anterioridad en otros juzgados de esta misma jurisdicción.

Cooperación internacional

Perteneciente a la Asociación Francisco de Vitoria, De J eorge permanece en situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial desde el 9 de abril de 2018, cuando se integró en la sede central de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como funcionario internacional. Su intención es agotar el tiempo que le resta en este destino (algo más de un año), según las fuentes consultadas.

Experto en terrorismo y cooperación judicial internacional, ha sido también magistrado de enlace en Marruecos y consejero de Cooperación Jurídica de la Embajada de España en Marruecos, y jefe de sección y del servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, entre otras responsabilidades. Doctorado en Derecho por la Universidad de Málaga con una tesis sobre el reconocimiento mutuo en la Unión Europea, De Jorge ha sido ponente en numerosos foros internacionales en materia de cooperación judicial internacional, terrorismo, piratería marítima y blanqueo de dinero. 

En diciembre de 2019, Luis Francisco de Jorge fue uno de los 28 magistrados que aspiraron a las tres plazas que quedaron vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por jubilación de Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

El nombramiento de este magistrado habría cerrado la posibilidad de que la juez Mercedes Alaya -conocida por iniciar la investigación de los ERE fraudulentos durante su etapa como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla- diera el salto a la Audiencia Nacional, como intenta desde finales de 2018. Primero para ocupar la plaza que dejó libre Carmen Lamela en el Juzgado Central de Instrucción 3 tras conseguir destino en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y después cuando Fernando Andreu pasó a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y quedó vacante la titularidad del Juzgado Central de Instrucción 4.