España

Más de 2.500 jueces denuncian ante la Comisión Europea el peligro de "violación grave del Estado de Derecho" en España

Las tres asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) se dirigen al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders

Felipe VI con los magistrados del Tribunal Supremo y el presidente del CGPJ durante la apertura del año judicial 2020

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), a las que pertenecen más de 2.500 jueces, han enviado un escrito al comisario europeo de Justicia Didier Reynders y la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia Vera Jourová en el que exponen una «situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España» por la injerencia del Poder Político en el Judicial.

Solicitan la adopción de medidas y recomendaciones y que valoren si procede aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) que, en los casos más graves, permite la suspensión de los derechos de voto del país miembro si se considera que hay una «violación grave y persistente» de los valores de la Unión Europea.

Las asociaciones judiciales que representan «a la inmensa mayoría de jueces asociados en España», como indican en el documento enviado, manifiestan su inquietud por el «actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial». «A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de la UE- es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales- se camina en la dirección opuesta», escriben sobre la reforma del Poder Judicial impulsada por PSOE y Podemos.

«Apagón del CGPJ» al no poder nombrar

Ésta, que salió adelante con el apoyo de las Cámaras, limitó la capacidad de realizar nombramientos al Consejo de jueces mientras esté en funciones. En el escrito, los magistrados consideran que esta primera reforma «ya en vigor, prevé un ‘apagón’ del CGPJ al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes».

La reforma dura del CGPJ es el «camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción», para los jueces

La segunda reforma legal más dura que anunciaron los partidos de Gobierno y han dejado a un lado -que consistiría en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los propios votos del Gobierno- es para los jueces de una «ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción», afirman en el duro escrito.

Cargador Cargando…
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Los jueces exponen que ambas iniciativas legales «agravan la intromisión en el Poder Judicial que se está produciendo en Esapaña». Consideran que está en juego «la separación de poderes y la Independencia Judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea (art. 2 del TUE).

De ahí que soliciten a la Comisión Europea «que tome conocimiento del apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplina, promoción, formación) y, con ello su independencia e imparcialidad».

Comentar ()