El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intentado recular este lunes de la polémica generada por su intervención en un mitin del PSOE en Getafe, cuando usó las palabras "organización criminal" para referirse a la gestión de los gobiernos del PP en Madrid durante 26 años tras citar casos en investigación como Púnica o Lezo.

"Se ha interpretado indebidamente, no imputé nada al PP", ha dicho Marlaska, que ha denunciado que sus declaraciones "se quieren instrumentalizar". "No dije nada del PP, que estoy convencido que se desmarca" de esas acciones, ha abundado el ministro del Interior, que ha asegurado que se refería a "personas concretas".

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha urgido este lunes al Gobierno que se centre en sus "funciones" y en los problemas reales de España, en lugar de dedicarse a "insultar" al PP y a estar "todo el rato" en la campaña electoral de Madrid.

"Cada uno debería estar a lo suyo y a sus funciones", ha dicho Ayuso sobre las declaraciones del ministro Marlaska.

Amenazas y fallos de seguridad

En una visita a la Fundación Carlos Martín dentro de la campaña para presentar el programa social del PP para los comicios del 4 de mayo, Ayuso ha considerado que el ministro, "en lugar de estar arremetiendo contra la oposición" debería "procurar la libertad de expresión" en la conferencia de Leopoldo López "Venezuela: ¿Democracia o Dictadura?", que iba a tener lugar este lunes y que la Universidad Complutense de Madrid ha cancelado por la "crispación política" y por no poder garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Grande-Marlaska ha hablado en una entrevista con Al Rojo Vivo en la que ha valorado las amenazas que recibió junto a Pablo Iglesias y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, así como la ministra Reyes Maroto.

En ese sentido, ha restado importancia a los fallos de protocolo que hayan permitido que esos sobres hayan llegado a sus destinos sin ser detectados ni frenados en los controles de seguridad de Correos o del ministerio. Marlaska ha reclamado no desviar a las cuestiones de protocolo y seguridad la gravedad de las amenazas.

Mientras, continúa la polémica por la participación de María Gámez en un acto de campaña el pasado fin de semana en Madrid. La asociación profesional Jucil ha criticado que la directora general haya "vulnerado el principio de neutralidad" con su intervención en el acto del PSOE, "demostrando así un escaso respeto a la imagen de la institución a la que representa".

Malestar entre guardias civiles por la presencia de la directora general en un mitin: "Nos debemos a la neutralidad política"

"Jucilo espera el momento en el que los guardias civiles escuchemos a María Gámez no en un acto electoral, sino confirmando que inmediatamente dispondremos de chalecos antibalas, o vehículos nuevos, o condenando las agresiones sufridas por nuestros compañeros, o la segunda dosis de nuestras vacunas, o las primeras dosis de muchos de nuestros compañeros que todavía carecen de ella, no subida a un atril publicitando a ningún partido político", ha añadido.

En esta línea se ha manifestado también la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo. "Los guardias civiles se deben a la neutralidad política y la directora debe hacer gala de esta neutralidad", ha indicado. "Una directora debe de estar para defender los intereses generales de los guardias civiles donde AUGC viene demandando la modernización de la institución, y esto pasa de manera inequívoca por la implantación de turnos de servicio, con cadencias fijas que permitan disfrutar del derecho al descanso efectivo y la plena conciliación entre la vida profesional y familiar de los guardias civiles y sus familias", ha agregado.

La opinión de AUGC y Jucil no es compartida por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC): "La directora general es una política del PSOE, no creo que deba mostrar neutralidad política fuera de sus funciones como tal. Otra cosa es que alguien quiera reclamar que el cargo de máxima responsabilidad en la Guardia Civil vuelva a ser ocupado por militares. Mientras eso no se produzca los cargos serán del partido que ocupe el Gobierno. La ética de cada uno será la que determine sus actos".