España | País Vasco Plan de Seguridad Pública de Euskadi 2020-20205

El Gobierno vasco tilda de "amenaza" el 'reposicionamiento' de Policía y Guardia Civil

Ignora a las FCSE en su plan de seguridad para el próximo lustro y les acusa de invadir competencias propias. Actualmente Policía y Guardia Civil son competentes en puertos, aeropuertos, armas y explosivos, extranjería y DNI y pasaportes.

Agentes de Policía Nacional.

Agentes de Policía Nacional. EP

El Gobierno vasco califica en su Plan General de Seguridad Pública 2020-2025 de “amenaza” el “reposicionamiento” que considera que se está produciendo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su actividad en Euskadi. En el documento que define las carencias, planes y acciones a llevar a cabo para conformar un modelo público de seguridad integral en el País Vasco se afirma que Policía Nacional y Guardia Civil “buscan tener visibilidad” entrando en “determinados nichos” o competencias propias de la Administración y policía vasca.

El Ejecutivo vasco detalla en el amplio documento que se hace una interpretación “sesgada” y parcial de la ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin que se tenga en cuenta el artículo 17 del Estatuto de Gernika ni las disposiciones finales en relación a las competencias que les son propias a la Administración vasca en ambitos “como seguridad ciudadana, el tráfico o las emergencias”.

El Plan General de Seguridad Pública de Euskadi analiza a lo largo de 139 páginas la situación en la que se encuentra el País vasco en materia de seguridad. Tras un diagnóstico y análisis de situación plantea las debilidades y líneas de actuación que deberían implementarse para alcanzar el objetivo de asegurar el “bienestar de la ciudadanía mediante un modelo público de seguridad integral y sostenible”.

Fija incluso como objetivo lograr que en el próximo lustro Euskadi pueda situarse como “un referente a nivel europeo” en el campo de la seguridad. Entre otros elementos, señala que será necesario un “dimensionamiento y estabilización de la plantilla de la Ertzaintza. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo no se cuenta en ningún momento ni con la policía Nacional ni con la Guardia Civil, tan sólo con las policías locales y la Ertzaintza.

Ertzaintza y policías locales

En este sentido, el plan cuantifica en cerca de 800 los agentes que considera que debería incorporar la policía autonómica vasca. Añade incluso que se trata de un cuerpo que sufre un “alto absentismo”, -que cifra en un 10%- y al que un importante número de agentes con más de 55 años, lo que lo considera como una “debilidad” que debe ser reparada. De la Ertzaintza también se cuestiona su alta “rotación e interinidad”, lo que lleva a incrementar la subcontratación. También cita como una carencia la antigüedad y falta de suficientes medios informáticos y reconoce que existe una limitación presupuestaria. Asimismo, apunta hacia la necesidad de mejorar la “comunicación bidireccional” con la ciudadanía, “un factor cada vez más crítico para la labor policial y la gestión de emergencias”, apunta, y que deberá “ser desarrollado en el marco de una estrategia de comunicación y presencia en redes sociales”.

Así, entre las líneas estratégicas que se incluyen figura la necesidad de “potenciar” la cooperación entre la Ertzaintza y las policías locales, “para hacer realidad una policía del País Vasco corresponsable y eficiente”. A lo largo de todo el documento se subraya en varios puntos la necesidad de mejorar la colaboración y coordinación con las policías municipales pero no se cita en ni una sola ocasión a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Ambos cuerpos no aparecen en el documento, pese a que mantiene competencias de modo exclusivo en Euskadi. Ni siquiera en los datos de criminalidad y actividad policial en el País Vasco se cita la labor realizada en territorio vasco por ambos cuerpos de ámbito estatal.

Actualmente la Policía y la Guardia Civil cuentan con 3.900 agentes en Euskadi. La Policía Nacional, con algo más de un millar de agentes, y la Guardia Civil con cerca de 2.900 tiene asignadas labores como el control de armas y explosivos, la vigilancia en puertos, aeropuertos, la protección de la naturaleza, la expedición de pasaportes y DNI, fronteras, el juego o extranjería e inmigración.

«Ni nos citan, no aparecemos»

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) criticaron ayer con dureza el tratamiento que el Gobierno vasco hace de la realidad policial en el País Vasco: “En el documento ni aparecemos, no nos citan por ningún lado, no cuentan con nosotros”, asegura el portavoz del SUP, Ramón Cosío. Considera que es inconcebible que en un plan en el que se define el plan integral de seguridad de Euskadi para los próximos cinco años no se tenga en cuenta la labor que llevan a cabo las FCSE en ámbitos que son de su estricta competencia y que inciden de modo directo en la seguridad de la sociedad vasca. “No es algo nuevo. Nos encontramos siempre con trabas para poder difundir nuestra labor. Al PNV no le gusta que aparezca lo que hacemos. Basta con ver lo que sucede con las Juntas de Seguridad, no cuentan con nosotros”.

El SUP denuncia esa “exclusión y aislamiento” que se impulsa desde la consejería de Seguridad de Josu Erkoreka. Califican de “obscena e irresponsable” la actitud de ignorarles en un plan integral de seguridad “dos cuerpos con un porcentaje sustancial de los actuales niveles de seguridad de los que goza Euskadi”.

El sindicato policial denuncia que se pretenda mercar la imagen de cara a la opinión pública de ambos cuerpos. Una labor que recuerdan deben llevar a cabo bajo “la presión de continuas trabas y bloqueos ejercidos desde ámbitos políticos y gubernativos”. Subrayan que, junto al resto de cuerpos policiales, también ellos son responsables de la seguridad pública de los ciudadanos vascos: “Para muchos somos un cuerpo que no nos quieren, lo sabemos, tenemos que vivir con ello”, apunta Cosío, pero no comprende cómo una Administración pública como la vasca lleve a cabo este tipo de “desplazamiento” de dos cuerpos con responsabilidades importantes en la seguridad. Menos aún en un documento oficial que define el modelo de “seguridad integral” de los próximos cinco años en Euskadi.

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