Varias personas conversan en una terraza de Madrid.
La Comunidad de Madrid no prevé mantener el toque de queda a partir del domingo 9 de mayo, cuando finaliza oficialmente el estado de alarma nacional, porque "no se podría dar cobertura legal" ni a esta medida "ni a la prohibición de reuniones en las casas", a pesar del precedente de Baleares, una comunidad que ya ha conseguido el aval del Tribunal Superior de Justicia para limitar la movilidad nocturna. "No hay marco legal", insisten fuentes de la Consejería de Sanidad.
La intención del Ejecutivo regional a partir del 9 de mayo es la de mantener las restricciones de entrada y salida de las zonas básicas de salud, una medida para la que sí solicitarán ratificación judicial tal y como se hizo antes del presente estado de alarma, en vigor desde el pasado mes de octubre.
Recuerdan, además, que en horarios y aforos no es necesario pedir autorización judicial, de modo que la hostelería podría seguir cerrada en Madrid desde las 23:00h de la noche como hasta el momento, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el horario de bares y restaurantes. Esta y otras decisiones respecto a las restricciones que permanecerán en vigor una vez decaiga el estado de alarma están siendo analizadas en estos momentos por la Consejería de Sanidad, y "la decisión final" se tomará en las próximas horas en connivencia con la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso. De todos estos detalles se prevé que informe mañana viernes el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en rueda de prensa.
La decisión del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma y dejar que sean las comunidades autónomas las que recurran en casación ante el Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia que no respalden sus restricciones contra el Covid avanza un nuevo caos jurídico por la división de criterio en las fiscalías. Por el momento, sólo Baleares ha conseguido aval judicial para mantener el toque de queda más allá del 9 de mayo, mientras que otras cuatro autonomías -Castilla-La Mancha; País Vasco; Navarra y la Comunidad Valenciana- están a la espera de obtener una resolución judicial que les indique si pueden impedir o no la movilidad nocturna a partir del domingo.
El Tribunal Supremo ya ha criticado el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes y que deja en sus manos las restricciones que se pueden o no aplicar tras el 9-M en cada comunidad autónoma y ha puesto en duda que se pueda "unificar doctrina" ante posibles restricciones, como defendió la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
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