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El último giro del 'Pequeño Nicolás': "Quise darme el pisto, no hacerme pasar por autoridad"

La Audiencia de Madrid, donde se celebra el juicio en el que la Fiscalía pide al joven 9 años de prisión por usurpación de funciones, entre otros delitos, no ha autorizado a difundir la vista en directo, como se está haciendo con otras

El Pequeño Nicolás llega a la Audiencia Provincial de Madrid.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘pequeño Nicolás’, vuelve a la escena judicial como acusado, enfrentándose por primera vez a entrar en prisión.

Este martes, se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid por hacerse pasar por enlace de la vicepresidencia del Gobierno en tiempos de Soraya Sáenz de Santamaría y de la Casa Real para impresionar al presidente de ALSA, Jorge Cosmen, el verano de 2014. El Ministerio Fiscal le acusa de usurpación de funciones públicas, falsedad, cohecho y malversación, por los que le piden nueve años y nueve meses de prisión. Según el relato del Ministerio Público, el joven montó una «comitiva», en la que enroló a dos policías municipales a los que supuestamente pagó 2.000 euros y contrató cuatro coches de alta gama con los que viajó a Ribadeo (Lugo), generando la expectativa de que algún miembro del Palacio de la Zarzuela visitaría el municipio.

La declaración del joven de 27 años, que ya salió absuelto de un juicio en 2018 por injurias y calumnias contra el CNI por no ser el Servicio de Inteligencia «objeto pasivo de las injurias contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», no ha dejado indiferente a los presentes.

A preguntas de la Fiscalía, y con mucha tranquilidad, Gómez Iglesias ha negado que quisiera hacerse pasar por una autoridad pública, hecho que fundamentaría la acusación por usurpación de funciones contra él. «Lo que yo quería era darme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo. La inmadurez que yo tenía en aquel momento hizo que quisiera acercarme a los mayores y creerme poderoso, que pareciera que era una persona importante».

«¿Una persona importante o una autoridad?», ha repreguntado el representante del Ministerio Público. «Nunca una autoridad», ha contestado Iglesias.

El fiscal le recordó que, según la instrucción y su escrito de acusación, se hizo pasar por una autoridad pública, un enlace de la Casa Real y vicepresidencia del Gobierno. «Ese cargo no existe, es inexistente. Quise parecer una persona públicamente importante, pero no personalidad pública», declaró Gómez Iglesias, a quien tres psiquiatras distintos (incluidos forenses de los Juzgados madrileños) diagnosticaron un trastorno de la personalidad de carácter narcisista por el que su anterior abogada Victoria Vega luchó para que se le considerara inimputable en cualquier causa.

Su abogado pide la nulidad

La Fiscalía ha expuesto al joven como pruebas de los supuestos delitos de los que le acusa la lista de llamadas de su teléfono en aquellas fechas, cuando tenía 19 años, que registran que habló con el director del Club Náutico de Ribadeo o con el jefe de la Policía Municipal, a quienes presuntamente convenció para que le recibieran como una autoridad pública dejando caer que alguien de Casa Real podía acompañarle.

También se refirió el fiscal a las acreditaciones del Ministerio del Interior que supuestamente falsificó el joven para colocar en los vehículos de alta gama BMW y Audi conducidos por autónomos a los que contrató.

Gómez Iglesias ha negado la existencia de dichas llamadas y acreditaciones falsas que, según su defensa, se incautaron en su domicilio y fueron extraídas de su ordenador en un registro que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía practicó en 2014, en el marco de un procedimiento que se abrió contra el joven por supuesta estafa al empresario toledano Javier Martínez de la Hidalga. En aquel momento, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz justificó que la UAI entrara en el domicilio del joven en la madrileña calle Maudes porque se había hecho pasar por asesor del Gobierno falsificando informes del Centro Nacional de Inteligencia.

La defensa del joven, que ejerce Manuel Marchena Perea, hijo del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pide que se archive la causa contra Gómez Iglesias porque considera que el procedimiento es nulo precisamente por cómo se inició la investigación.

El letrado ha considerado durante la primera sesión del juicio que no es lógico que un instructor acuerde «quebrantar el derecho fundamental a la vivienda por una supuesta estafa. No está justificado que se permitiese desnudar la intimidad domiciliaria del defendido».

Marchena Perea ve ilícita la entrada en la vivienda de Gómez Nicolás y por lo tanto también todas las pruebas que tengan relación con la misma, como el volcado del contenido de sus teléfonos. Se ha referido a una «clamorosa falta de proporcionalidad desde el principio».

Precisamente las aludidas acreditaciones falsas presuntamente elaboradas por Gómez Iglesias han obligado a partir su interrogatorio en dos. El fiscal ha hecho alusión a ellas y, puesto que el acusado no las ha reconocido, su defensa ha pedido que se le expusieran, acordando el presidente del Tribunal que se pidieran al Juzgado donde se hizo la instrucción. Cuando han llegado a la Audiencia, se ha retomado el interrogatorio al acusado por parte del fiscal. El joven no ha reconocido los documentos y su defensa, tampoco.

Los policías

En cuanto a los dos policías municipales Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila que acompañaron a Gómez Iglesias el 13 de julio de 2014 en su viaje, éste ha declarado que les convenció porque les conocía y ha negado haberles pagado por ello.

Los coches de la comitiva llevaban luminosos que el joven ha negado haber encargado. Según ha defendido, todo lo que consiguió para dar «pomposidad» a la aparición en Ribadeo y que pareciera «una comitiva como las que hace la UEFA» las pagó de su bolsillo. Entonces, ha dicho, era relaciones públicas de una discoteca en la que hacía dinero extra «cobrando botellas» a un alto precio.

La guerra de comisarios

Cuando fue detenido en 2014, el joven permaneció en dependencias policiales durante 72 horas e interrogado a lo largo de 9 horas.

La abogada del policía Jorge González, que ha argumentado que éste padece secuelas físicas por el acoso que sufrió por aquella época, le ha considerado perjudicado de un «procedimiento penal que nunca debió dirigirse contra él». Ha expuesto que a través de Gómez Iglesias se buscaba información sobre otras personas al margen del principal investigado, refiriéndose a la «guerra de comisarios del caso Villarejo», entre los comisarios investigados en la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas. El segundo era el jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando se ordenó el registro en casa del joven. En éste, se le incautaron anotaciones sobre Villarejo y el número de teléfono del comisario. La investigación del caso Nicolás fue la primera en la que Asuntos Internos se refirió a indicios de actividades ilegales por parte de Villarejo en la línea de lo investigado ahora en el caso Tándem de la Audiencia Nacional. El inspector Rubén Eladio, que llevó a cabo la investigación y se encuentra entre los testigos, culpa a la excúpula de la Policía durante el Gobierno del PP investigada en el caso Villarejo de hostigarles a él y a Martín Blas desde entonces con una pata mediática, una serie de periodistas a los que acusan de formar parte de la «organización criminal» del comisario Villarejo por publicar noticias por indicación supuestamente de éste, entre ellas algunas sobre el ‘pequeño Nicolás’.

Francisco Nicolás, desaparecido de la vida pública desde 2019 cuando lanzó el fallido proyecto político Influencia Joven para las elecciones europeas, afirma estar ahora volcado en superar sus problemas psíquicos y llevar una vida entre «familia y amigos», ha expuesto ante los magistrados que le juzgan.

El presidente del tribunal José Luis Sánchez Trujillano que juzga a Gómez Iglesias no ha permitido, según solicitó el acusado, que el juicio se retransmita en directo para facilitar a los medios la cobertura teniendo en cuenta la situación provocada por el coronavirus, a diferencia de lo que se está haciendo en otras causas de la Audiencia Provincial como el juicio contra César Román, ‘rey del Cachopo’ que se celebra este martes también en la Audiencia Provincial.

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