La Dirección General de la Guardia Civil no abonará de oficio la parte correspondiente al complemento de productividad de los últimos cuatro años y tendrán que ser individualmente los agentes quienes reclamen este pago en cumplimiento de lo que dictó el Tribunal Supremo en una sentencia dictada a finales del pasado mes de abril.

Así lo ha comunicado este lunes la directora general, María Gámez, en el curso de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil que las asociaciones profesionales habían forzado para que la Administración ahorre trámites y pague el dinero sin necesidad de que los funcionarios tengan que solicitar el cobro.

Según ha podido conocer este diario, Gámez se escuda en que el fallo no obliga a actuar de oficio y ha anunciado que se revisará cada caso para determinar si se ajusta a lo que ha establecido el fallo judicial. No sólo eso. La Dirección General amenaza con reclamar cantidades ya abonadas al haberse gastado todo el presupuesto de productividad por objetivos, han añadido las fuentes consultadas.

La Dirección General de la Guardia Civil se escuda en que el fallo del TS no le obliga a actuar de oficio

Como informó El Independiente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha estimado el recurso interpuesto por los servicios jurídicos de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) contra la resolución por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó en febrero de 2019 su solicitud para que se pagara la diferencia entre la cantidad en concepto de productividad estructural EFM-1 percibida en 2016 y la que se consideraba de aplicación. En total, 47,03 euros.

El objeto del pleito era dilucidar si en el cálculo resultaba de aplicación el importe del complemento de destino asignado al puesto previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que lo había incrementado en un 1 %, o su cuantificación debía regirse por lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 a tenor de lo previsto en la disposición adicional segunda de la orden general de la Guardia Civil del 23 de diciembre de 2014. Esta segunda opción es la que defendía la Administración.

El alto tribunal ha terminado dando la razón a los servicios jurídicos de ASESGC. El Supremo dice que, si bien en dicha orden general existe una «referencia explícita» a la Ley de Presupuestos de 2014, en el preámbulo se hace una mención que evidencia que la finalidad era la de «vincular el complemento de productividad con el de destino».

Revisión del complemento de productividad

«De la lectura del preámbulo se desprende que el complemento de productividad se sujetará a lo que se prevea anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y no a la cuantía fijada en el año 2014 de forma inamovible para los años sucesivos, pues ésta es la interpretación que permite mantener la correlación buscada por la disposición normativa entre el complemento de destino y el complemento de productividad», zanja.

En 2016 se había vuelto a acordar un aumento salarial de dichos conceptos retributivos tras haberse mantenido congelado en 2014 y 2015 por las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica. Los complementos de productividad y destino volvieron a revisarse al alza -con otro 1 %- en 2017.

Según ASESGC, un suboficial perceptor de productividad estructural EFM-1 tendría que haber recibido 108 euros más en 2020, 117 euros más en 2019, 91 euros más en 2018 y 47 euros más en 2017, lo que suma 363 euros. De reclamar todos los agentes la cantidad no abonada, la Dirección General de la Guardia Civil tendría que verse obligada a desembolsar una cantidad considerable, cifrada por esta asociación en unos 14 millones de euros.

«Carga de trabajo para la Justicia»

Frente a la razón esgrimida por María Gámez de que no se actuará de oficio porque no le obliga el Tribunal Supremo, esta asociación profesional le ha recordado que una corriente jurídica que entiende que es vinculante cuando se resuelven sentencias para unificación de doctrina sobre un interés público superior al de las partes. Interior no ha ofrecido datos de cuál sería el montante al que ascendería la cantidad a la que tendría que hacer frente.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado que sea los agente los que «paguen» ahora el «fallo» cometido por la Dirección. «Ahora el generalato aboca a miles de guardias civiles a iniciar tantos procedimientos judiciales con pagos en costas, procuradores, letrados y una carga de trabajo para la Justicia que no debería producirse», ha manifestado, por lo que consideran que hay «otro motivo más» para secundar la concentración convocada en la Puerta del Sol de Madrid el próximo 5 de junio.