«No hemos llegado hasta aquí para pedir perdón». Miriam Nogueras, portavoz de JxCat en el Congreso y representante del ala dura del partido fue clara en la sala de prensa de las Cortes sobre el rechazo de su partido a la medida de gracia con la que el Gobierno de Pedro Sánchez confía en desinflamar la tensión con el independentismo catalán. Una vía que comparte Esquerra, pero no sus socios de Junts. Tampoco la CUP.

El punto de unión del independentismo tras el fracaso de 2017 ha sido el discurso de la «represión» y la necesidad de afrontar unidos una «causa general contra el independentismo» orquestada supuestamente desde el poder judicial. Una causa en la que se incluye desde los procesos abiertos por el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas y su gobierno por la organización del 9N, a las causas contra los integrantes del Tsunami que cortaron autopistas y vías férreas, o los procesos contra los líderes de la «batalla de Urquinaona».

Jordi Cuixart se ha convertido en el único elemento aglutinador con su amnistía, mientras JxCat y ERC se sumían en una guerra civil

En este contexto, Jordi Cuixart y Òmnium se han convertido en el único elemento aglutinador mientras JxCat y ERC se sumían en una guerra civil del secesionismo que no han cerrado las últimas elecciones. Y la reclamación de la amnistía, el nexo de unión que permitió unir a todos los condenados por el procés en la pasada campaña del 14F. Fue el único acto unitario del independentismo.

La aceptación de los indultos representa, en el imaginario independentista, una nueva claudicación por lo que tiene de renuncia a esa amnistía, que ni PSOE y Podemos han apoyado nunca. Tanto JxCat como ERC y la CUP han alimentado ese discurso, señalando en repetidas ocasiones que los indultos no amparan a los «3.000 represaliados». Tampoco a los políticos fugados tras la declaración de independencia, con Carles Puigdemont al frente.

Fruto del diálogo con el PSOE

Para Esquerra, sin embargo, la concesión de los indultos sería el primer fruto de su estrategia de diálogo con el Gobierno, estrategia que sostiene en solitario en el bloque independentista. Un triunfo que Pere Aragonès necesita para defender la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat.

«Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos será bien recibida» apuntaba este martes el nuevo presidente catalán, preguntado por la inminente conclusión del informe del Tribunal Supremo sobre la concesión de los indultos.

El líder republicano insiste también en reclamar la amnistía, señalando que «la causa general contra independencia va mucho mas allá de los nueve presos, afecta al Tribunal de Cuentas» y a la causa abierta en el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Pero no respondió con un portazo al primer indicio de acercamiento del Gobierno, que confía en que la presidencia de Aragonès sirva para reconducir la relación con la Generalitat.

Rechazo de Junts

Desde Junts, por el contrario, no han dejado margen a las dudas. Nogueras respondió a las declaraciones de Pedro Sánchez desde Bruselas advirtiendo que no se conformarán con el «perdón parcial» del «Estado que nos reprime».

«Desafortunadamente no tenemos a un estado democrático enfrente, nos encontramos con un estado represor», añadió Nogueras. «No hemos llegado aquí para pedir perdón, lo que hemos hecho es ejercer nuestro derecho a la autodeterminación. No se pide permiso para ejercer los derechos».

En términos similares se había expresado poco antes la diputada de la CUP Mireia Vehí. Desde la formación antisistema advierten que «nuestra apuesta es la amnistía». Circunscriben la concesión de los indultos a «decisiones individuales de los presos» que a su juicio no suponen una solución colectiva.

Tampoco una «solución política», porque los indultos «mantienen el conflicto en el terreno opaco de la judicialización». De ahí la propuesta de la Ley de amnistía defendida este lunes de nuevo por ERC, JxCat y la CUP en el Congreso, rechazada de nuevo por PSOE, apoyándose en un informe de los letrados que rechaza debatir el texto por su falta de encaje constitucional.

Campaña por la amnistía

El objetivo oficial sigue siendo la amnistía, reclamada en origen por una campaña de Òmnium, que todos los partidos independentistas han asumido como propia. Aragonès aseguró durante el pleno de investidura que su objetivo es «hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación», prioridades que repitió el lunes en la toma de posesión como presidente catalán.

También lo sostienen así los propios interesados. De hecho, los republicanos Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Raül Romeva rechazaron responder al requerimiento del Tribunal Supremo, que pidió su opinión antes de emitir el informe preceptivo sobre los indultos. Una petición que los independentistas presentaron como un intento de humillación y escarnio hacia los condenados.

División del constitucionalismo

Mientras, los partidos no independentistas catalanes se dividen también a favor o en contra de los indultos en función de su proximidad al Gobierno de Pedro Sánchez. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, fue el primero en verbalizar la posibilidad, ya en diciembre de 2017. Por contra, su sucesor, Salvador Illa, ha evitado pronunciarse al respecto tanto como ministro como ahora en su calidad de líder parlamentario del PSC.

Sí lo ha hecho la líder de los comunes, Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona recordó el martes que tanto su partido como Podemos han hecho siempre bandera de los indultos y expresó su satisfacción porque «Pedro Sánchez por fin se mueva» hacia su propuesta. Colau advirtió, además, que los indultos «son un paso previo» para una nueva etapa en la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat.

Por contra, tanto PP como Cs, y por supuesto Vox, han expresado su rechazo radical a la medida. Inés Arrimadas, lo tachó de «traición» a los catalanes constitucionalistas y el PP ya ha advertido al Gobierno contra la medida, que podría llevar al Tribunal Supremo.

En Cataluña, Carlos Carrizosa lamentaba que el Gobierno «pretende reescribir la sentencia que dictó el Tribunal Supremo después de muchos meses de trabajo por intereses políticos. Es antidemocrático y una irresponsabilidad de Pedro Sánchez”, concluyó.