«Abuso de poder», «tribunal inquisitorial» o «muestra de la barbarie del Estado». El independentismo ha agotado este martes las descalificaciones para responder a la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés, que afecta especialmente a los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, al ex vicepresidente Oriol Junqueras.

Un proceso que servido para reunificar al independentismo catalán y reavivar las denuncias de «represión» pese a la concesión hace a penas una semana, de los nueve indultos a los condenados a prisión por la declaración de independencia.

El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del procés por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1-O con dinero público. Junto a los ex presidentes, destacan el ex consejero de Exteriores, Raül Romeva, recién indultado junto a Junqueras; el ex consejero de Economía con Mas, Andreu Mas Colell, que ha concitado una fuerte respuesta internacional por su condición de ex profesor de Harvard, o el ex director del Diplocat, Albert Royo. Además de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat.

El Govern no quiere cobrar

Tanto la liquidación de 5,4 millones de euros por la promoción exterior del procés, como la anterior, de 4,1 millones de euros por la organización del referéndum del 1-O irán a parar a las arcas de la Generalitat, la administración perjudicada en ambos casos, si los procesados son finalmente condenados. Pero el Govern ya ha dejado claro hoy que no se considera perjudicado por esas actuaciones y que hará lo posible para que los acusados no tengan que pagar.

«El Govern está al lado de todos los perjudicados», ha asegurado la portavoz del ejecutivo catalán, Patricia Plaja, tras la reunión del Consell Executiu, en la que se ha debatido esta cuestión. Plaja no ha concretado si la Generalitat se ha personado en el proceso, pero ha asegurado que los servicios jurídicos están «estudiando» como favorecer los intereses de los acusados.

«Es un tema que requiere discreción, pero servicios jurídicos están trabajando en ello» ha asegurado, después de que el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez, reclamara ayer al ejecutivo de Pere Aragonès que avale financieramente a los acusados.

Junqueras denuncia que «embargan a nuestros hijos, ninguna democracia debería permitírselo»

La Generalitat «hará una oposición frontal a una liquidación que remite a delitos inexistentes» ha asegurado Plaja. La portavoz ha incluido este proceso en una «oleada represiva contra una opción política y contra un Govern de la Generalitat», que «pretende arruinar a familias enteras para crear miedo».

En términos similares se expresó ayer Junqueras, quien acusó al Tribunal de Cuentas de querer arruinar a «sus hijos». «Cuando nos embarguen», advirtió, «estarán embargando la casa de nuestros hijos, ninguna democracia debería permitirse el lujo de represaliar a los hijos, a los que nunca han tenido la oportunidad de votar porque son menores».

Muerte civil y política

«Es un abuso de poder en toda regla. Esto no es simplemente la aplicación de un marco legal. Es el abuso total de este marco legal, la distorsión del marco legal para conseguir su objetivo, que no es otro que el castigo y la venganza, la represión», ha denunciado Mas. El ex presidente suma a esta fianza el embargo de 4,9 millones de euros por la condena impuesta en 2018 por el mismo tribunal por la organización de la consulta del 9N.

«El objetivo es doble. La muerte política que quiere decir código penal, inhabilitación para cargos públicos, meternos en la cárcel. O esta muerte civil que quiere decir que te lo embarguen todo si no puedes responder ante las fianzas millonarias que nos pide nuevamente el Tribunal de Cuentas», ha sostenido.

Para Carles Puigdemont, la actuación del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1-O en el exterior es «franquismo de fondo y forma». Puigdemont ha calificado al tribunal de «inquisición española» y ha lamentado que su abogado solo tenga tres horas para leer «504 páginas» y diez minutos para hacer alegaciones, «independientemente del número de personas a las que defienda».

Su sucesor, Quim Torra, ha tachado el proceso de «absoluta indecencia, un amuestra de la barbarie con la que el Estado utiliza todos sus tentáculos para destrozar familias».

Qué va a hacer el Gobierno

Desde el Govern a los partidos independentistas, pasando por Mas y Junqueras, se han preguntado «qué piensa hacer» el Gobierno de Pedro Sánchez. «¿Va a mirar hacia otro lado o hacer otra cosa» han coincidido en preguntarse Mas y Plaja.

«Esto es castigo y venganza, es decir, represión», ha añadido el ex president, que ha recordado que hay «diferentes posibilidades» en el Congreso para «intentar cambiar las cosas», como renovar a los miembros del Tribunal de Cuentas.

Los diputados de Junts y PdCat, por su parte, han exigido al Gobierno que dé ordenes a la Abogacía General del Estado para que se retire de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés. Tanto Miriam Nogueras como Ferran Bel han acusado además al Tribunal de Cuentas de ser un órgano «politizado y parcial».