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Un 'jobuvi', el auditor de confianza del PNV en el Tribunal Vasco de Cuentas

Tras 30 años de cargos públicos, José Luis Bilbao preside el TVCP que fiscaliza las cuentas públicas. Lideró la generación de militantes del PNV conocidos como 'Jóvenes burukides vizcaínos' (Jobuvis) a la que pertenecen Urkullu, Ortuzar o Esteban y hoy lideran el partido.

Es la generación que tomó el control de la cúpula del PNV a la salida de Xabier Arzalluz. Después llegó el control de las principales instituciones de Euskadi. Se afiliaron juntos, siendo unos adolescentes, en plena Transición, entre 1976 y 1977. Crecieron al calor del partido y esperando su oportunidad. En aquel grupo de amigos, todos vizcaínos, estaba el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, el hoy presidente del partido, Andoni Ortuzar, el hoy portavoz de la formación en la Cámara Baja, Aitor Esteban, y algunos de los miembros más veteranos e influyentes de la Ejecutiva del partido, Joseba Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla.

Funcionaban casi como una ‘cuadrilla’ de amigos dispuestos a imprimir su sello generacional a la recuperación democrática e institucional que vivía Euskadi. Fue el periodista Ramón Mur quien a mediados de los 90 los bautizó como los ‘jobuvis’, los ‘jóvenes burukides (miembros de una ejecutiva) vizcaínos’. En aquel grupo, que incluso muchos años después acostumbra a quedar, a reunirse y a comer, quisieron comenzar a hacer las cosas de modo diferente a la de la vieja escuela que ya representaba la generación de Arzalluz y a la que siempre se enfrentaron apoyando y promoviendo candidaturas alternativas con otra visión.

En aquella cuadrilla de ‘jobuvis’ había un miembro algo mayor. De algún modo era quien lideraba al grupo en su condición de liberado de las juventudes del PNV. Ese joven espigado con gafas, estudiante de Económicas en Sarriko, de fina ironía y cuatro o cinco años mayor que Urkullu y Ortuzar, también jugaría un papel relevante en las instituciones vascas años más tarde: José Luis Bilbao Eguren (Bilbao, 1957).

Hoy Bilbao está cerca de la jubilación. En su trayectoria figuran una larga lista de cargos públicos. Con apenas 26 años ocupó el primer puesto en una institución, las Junta Generales de Bizkaia, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. La mayor parte de ellos en la Diputación vizcaína, de la que llegó a ser máximo responsable durante doce años. Bilbao fue diputado general –presidente- de la institución entre 2003 y 2015. El 1 de julio de ese año cedió el testigo a su sucesor, también del PNV, Unai Rementeria, que desde entonces gobierna la que es principal institución foral vizcaína.

La generación de los ‘jobuvis’

Pero desde Sabin Etxea a Bilbao no tardaron en encontrarle nueva ubicación en el entramado público. Quien fuera uno de los principales miembros de los ‘Jobuvis’ era un activo demasiado preciado para sus compañeros de vida política y le debían una última etapa política digna. Dos días después de abandonar la Diputación de Bizkaia Bilbao tomaba posesión como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El PNV había logrado colocarle al frente de la institución que debe fiscalizar la actividad financiera y contable del sector público vasco, incluida la Diputación que gobernó durante tres legislaturas y los cientos de ayuntamientos e instituciones públicas en manos de su partido, el PNV.

Quizá por ello el PNV guarda un perfil bajo en la polémica abierta sobre las condenas a los líderes del ‘procés’ por malversación impuestas por el Tribunal de Cuentas. Apenas se le ha escuchado. Mientras el presidente Pedro Sánchez sí ha abierto la puerta a la crítica, recordando que la decisión última sobre los expedientes la tendrá una exministra de Aznar, en referencia a Margarita Mariscal De Gante, por ahora, desde el partido de Ortuzar se han limitado a aplaudir la concesión de los indultos pero han guardado silencio ante las multas impuestas. En los últimos tres años el Tribunal de Cuentas ha impuesto 14,4 millones en multas a medio centenar de funcionarios y exdirigentes en las tres causas abiertas: 4,9 millones por la consulta de 9-N que lideró Artur Mas, 4,1 millones por el referéndum del 1-O y 5,4 millones de euros por la actividad exterior de la Generalitat para promocionar el procés.  

El nombramiento de Bilbao para presidir el TVCP apenas unos días después de dejar la Diputación no estuvo exenta de críticas. La acusación de una nueva ‘puerta giratoria’ fue la más repetida por la diputación. Más aún después de que durante el pleno en el que en septiembre de 2014 anunció que no se presentaría a la reelección aseguró haber visto muchas “miserias” a lo largo de su vida política. Afirmó que no escribiría pese a ello sus memorias, en las que podría narrar episodios de contribuyentes que hacían pagos “con fajos de billetes sin demostrar su origen” o de aquellos que tenían “grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz”.

Ahora Bilbao preside el organismo que debe revisar el empleo adecuado de los recursos económicos por parte de las instituciones. No está solo, otros siete consejeros son designados por los partidos políticos en el Parlamento Vasco, entre los que figura quien también fue diputado foral del PNV, Eusebio Melero. El mandato de cinco años debía haber expirado ya pero todos ellos prorrogarán el cargo al menos hasta otoño. La reforma de la ley que se promovió tras la designación de Bilbao avanza lenta, muy lenta. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE, sólo están dispuestos a admitir retoques en la norma, la oposición quiere reformas más profundas.

Reforma de la norma

La pretensión de la oposición de establecer periodos de entre 2 y 6 años de margen entre el ejercicio de un cargo público y la posibilidad de optar a ser vocal del TVCP no gusta a los socios del Gobierno. Bildu quiere que deban transcurrir al menos 2 años sin ejercer un cargo público para ser candidato a fiscalizar a las administraciones. La coalición PP+Cs la eleva a seis años. En cambio, socialistas y jeltzales sólo están dispuestos a reformar el procedimiento de elección, pasarlo de una exigencia de mayoría absoluta a un respaldo de 3/5 de la Cámara.

Bilbao se comprometió a inhibirse en los procesos de fiscalización que afectaran a la Diputación, la institución que gobernó durante tres legislaturas y que asume competencias muy importantes como la recaudación tributaria, las políticas sociales o la gestión de carreteras, entre otras. Pero el Tribunal Vasco de Cuentas también fiscaliza la contabilidad de los ayuntamientos y el PNV gobierna en muchos. Actualmente en 122 de los 251 municipios vascos. También debe analizar la contabilidad del Gobierno vasco, presidido por su compañero de ‘cuadrilla’ política, el también ‘jobuvi’, Iñigo Urkullu. Y las tres diputaciones forales, los ayuntamientos o los organismos públicos como Osakidetza o la Universidad del País Vasco.

En lo que va de año, el TVCP ha emitido 15 informes de fiscalización, la mayor parte de ellos favorables o con pequeñas acotaciones menores. El caso del Bilbao Exhibition Centre (BEC) y su gestión contable de 2019, la EiTB en 2018, el Consorcio de Aguas de Bilbao o la contabilidad electoral e los partidos en las autonómicas del pasado 12 de julio, son algunos ejemplos. Desde que Bilbao se puso al frente de la institución se han emitido algo más de 150 informes, con una horquilla que va desde el máximo de 2019, cuando se emitieron 39 informes a los 19 con los que se cerró el ejercicio 2016.

«Injusta desconfianza previa»

Bilbao ha guardado silencio en todos estos años. Poco o nada se ha parecido al perfil que mostró cuando presidió la Diputación. Sus posiciones políticas, sus declaraciones o incluso sus discrepancias públicas con otros cargos del partido llegaron a ser sonadas. Pero desde que en 2015 preside el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas apenas se le ha escuchado. En marzo pasado reapareció tras ser citado por el Parlamento Vasco, institución ante la que debe responder el TVCP.

Defendió su gestión y su independencia. Incluso habló de la “injusta desconfianza previa” que se puso sobre él cuando fue nombrado. Recordó que el 91% de los dictámenes emitidos durante su mandato lo han sido por unanimidad y que nadie ha solicitado su reprobación. Bilbao defendió su “honradez intelectual”: “El hecho de ser político no significa que no sea de fiar”, aseguró.

Por el momento seguirá ocupando el cargo. Al menos hasta octubre, para cuando se confía en poder aprobar la modificación de la norma que regulará los nombramientos que deberían sustituir a los actuales vocales del TCVP. Lo que no cambiará será el control que los partidos políticos seguirán teniendo sobre el ‘tribunal’ que debe fiscalizar la gestión contable de las instituciones que ellos gobiernan. La reforma de la norma se espera para dentro de unos meses pero en ella, la independencia del órgano fiscalizador no parece que se vaya a reforzar más allá de un posible periodo de ausencia del ámbito público o una ampliación de las mayorías para la selección del Tribunal de Cuentas.   

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