Carmen Calvo, en la jornada organizada por Diplocat en Sevilla.
Carmen Calvo participó como ponente en un acto organizado por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), el organismo de la Generalitat creado durante la etapa de Artur Mas como presidente e investigado por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos para financiar el proceso independentista.
En concreto, la actual ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática intervino en una jornada convocada por Diplocat y la Facultad de Derecho de Sevilla bajo el título de El futuro político de Cataluña: consulta ciudadana y marco legal. La conferencia tuvo lugar el 22 de noviembre de 2013, un año antes de la consulta (9-N) que le costó la inhabilitación a Mas por un delito de desobediencia.
"Mi posición: Cataluña tiene derecho, en el marco legal, de hacer su consulta", mantuvo Calvo, según la información publicada por el portal e-noticies.com. "El futuro de España quizás pase por un modelo federal que implique una mayor diversidad a nivel autonómico", añadió. En aquel encuentro también participó Javier Pérez Royo, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Concluida su etapa como ministra de Cultura y diputada en Cortes, Calvo había dejado temporalmente la primera línea política y había vuelto a dar clases de Derecho Constitucional a la Universidad de Córdoba, donde había conseguido una plaza de profesora titular en 1991. Fue cuatro años después de haberse doctorado con una tesis titulada El derecho de enmienda en la producción de la ley.
La socialista cordobesa volvió a ocupar puestos de responsabilidad a raíz de que Pedro Sánchez alcanzara la secretaría general del PSOE en 2017, primero en la ejecutiva (como responsable de Igualdad) y después -tras prosperar la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy- como ministra y vicepresidenta primera del Gobierno.
Fianza a 34 ex altos cargos
Una de las instituciones organizadoras de las jornadas en las que intervino la hoy número dos del Ejecutivo está años después bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, que investiga la responsabilidad contable derivada del presunto desvío de fondos para los fines del procés a través de éste entre 2011 y 2017. El máximo órgano fiscalizador de las administraciones públicas ha dado dos semanas a 34 ex altos cargos del Govern para que afiancen 5,4 millones de euros a la espera de que se lleve a cabo el enjuiciamiento y haya sentencia.
De esa fianza tienen que responder -entre otros- los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consellers Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva. El Gobierno catalán ha anunciado este martes que suscribirá una póliza de crédito para cubrir las fianzas por la acción exterior en favor de la independencia de Cataluña.
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