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La juez Núñez Bolaños presenta una queja contra los fiscales que le acusaron de "paralizar" el 'caso ERE'

La magistrada se revuelve contra el Ministerio Público un año después de que se archivara el expediente contra ella / La juez presenta el escrito ante la Fiscalía General, que avaló el informe de Anticorrupción que pedía sancionarla

La magistrada María Núñez Bolaños, junto al edificio de los juzgados de Sevilla.

La magistrada María Núñez Bolaños, junto al edificio de los juzgados de Sevilla. EP

La magistrada María Núñez Bolaños, titular del juzgado sevillano que instruye el caso de los ERE, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una queja contra los fiscales que hace dos años registraron una denuncia contra ella por «desatención y retraso injustificado» en la tramitación y resolución de las macrocausas. Ese expediente fue archivado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al no apreciar la pasividad y el descuido alegados.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes jurídicas, Núñez Bolaños presentó el escrito el pasado 24 de junio ante la Fiscalía General, órgano que avaló y dio el visto bueno precisamente a la queja presentada contra ella por el fiscal jefe Alejandro Luzón y la plantilla en bloque de Anticorrupción en Sevilla por su forma de instruir. Ello hace intuir que su protesta no tendrá recorrido.

Las fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este diario no ven motivos para la presentación de la queja. En este sentido, destacan que su petición para que se sancionara a la juez se enmarcó en la actuación estrictamente procesal del Ministerio Fiscal y que, igual que los tribunales absuelven en ocasiones a personas contra quienes ellos han presentado escritos en los que se solicita una sentencia condenatoria, en este caso el promotor de la acción disciplinaria del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial descartó que la manera de llevar la causa de Núñez Bolaños fuera constitutiva de infracción. Eso no quiere decir, insisten, que el sustento de los reproches contra ella no sea cierto.  

La denuncia de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla es el último episodio del enfrentamiento abierto que la magistrada y los fiscales Anticorrupción mantienen desde hace años a cuenta de las investigaciones relativas a los ERE y a los casos Avales e IDEA, como dan cuenta los múltiples recursos que los representantes del Ministerio Público fueron interponiendo contra resoluciones adoptadas por Núñez Bolaños en dichos procedimientos. Ésta se encarga desde hace casi un año de los asuntos ordinarios del juzgado, entre ellos las macrocausas del magistrado de adscripción territorial (José Ignacio Vilaplana).

El punto de no retorno se registró el 3 de julio de 2019, cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra Núñez Bolaños ante el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ por «desatención» en sus funciones y «retraso injustificado» en la instrucción de las tres citadas macrocausas. El escrito estaba firmado por el propio Luzón y se sustentaba en el extenso informe que semanas antes le habían remitido los seis representantes de Anticorrupción en Sevilla con todas las presuntas irregularidades cometidas por la juez.

«Inactividad» en la investigación

En un escrito de 110 páginas, los fiscales acusaban a Núñez Bolaños de llevar a cabo un «vaciamiento progresivo» del caso ERE «tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía» de las piezas ajenas a la del procedimiento político -ya sentenciada y pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos- y de «inactividad» en la investigación. También censurabaan su «desatención» a resoluciones de la Audiencia de Sevilla y censuraban «trabas» y «conductas irregulares» por parte de la juez, a la que reprochaban su «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos».

Frente a estas acusaciones, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ acordó el 24 de julio de 2020 cerrar sin sanción las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por Anticorrupción al no apreciar «la pasividad intencional o el descuido injustificable» atribuidos por el Ministerio Público a la magistrada. Del archivo tomó conocimiento la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces en su reunión del 10 de septiembre de 2020.

La juez presentó la queja a finales de junio ante la Fiscalía General, órgano que avaló la denuncia contra ella

A juicio del Servicio de Inspección, «la instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables». El promotor calificó de «eficaz y exhaustivo» el control de la magistrada sobre las macrocausas», al tiempo que concluyó que «la instrucción se ha llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas».

El informe no pasaba por alto «la profunda discrepancia del Ministerio Fiscal con numerosas decisiones de la juez instructora», si bien entendía que estas diferencias procesales «quedan fuera del ámbito de actuación del órgano de gobierno de los jueces». «[El CGPJ] no puede analizar el acierto del criterio judicial plasmado en los pronunciamientos dictados», zanjó.

Se da la circunstancia de que una de las primeras decisiones que adoptó María Núñez Bolaños cuando a mediados de junio de 2015 se puso al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en sustitución de Mercedes Alaya -la magistrada que había iniciado la instrucción del caso ERE cuatro años antes y que ocupa plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- fue acceder a dividir esta causa en piezas separadas, como insistentemente le habían pedido sin éxito los fiscales a su antecesora en el puesto en aras de la agilidad de la investigación y del enjuiciamiento de los hechos. Alaya entendía que el procedimiento era inescindible, motivo por el que se opuso mientras se mantuvo en el juzgado pese a la insistencia del Ministerio Público.

Enfrentamiento progresivo

La relación fue deteriorándose con el paso del tiempo a raíz de decisiones de la instructora no compartidas por Anticorrupción, como el sobreseimiento provisional del caso avales en mayo de 2019. Se trata del procedimiento incoado para investigar la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación derivados de la concesión irregular de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento a empresas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

En su recurso de apelación, los fiscales pidieron que se reabriera la causa, entre otros motivos porque la juez había dado carpetazo a la instrucción sin haber practicado dos diligencias de investigación confirmadas por la Audiencia de Sevilla: el informe pericial encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la elaboración de un atestado clave por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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