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La polémica vuelta a la Audiencia Nacional del exministro Campo

La Ley Orgánica del Poder Judicial permite su reingreso a la carrera como magistrado, aunque fuentes del ámbito de la Justicia consideran poco estética su decisión de volver a la Sala Penal donde se abordan casos de corrupción que afectan a partidos

El exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo.

El exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo. EFE

El ministro de Justicia Juan Carlos Campo recién destituido por el presidente Pedro Sánchez en su sorprendente plan de renovación de carteras, que también implicó la salida del Gobierno de titulares que parecían de su máxima confianza como la vicepresidenta Carmen Calvo o el ministro de Transportes José Luis Ábalos, vuelve a la carrera judicial después de más de 20 años dedicado a la política.

Se incorporará a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, donde obtuvo una plaza de magistrado en 2019 poco antes de ser nombrado ministro en sustitución de la ahora fiscal general Dolores Delgado. En aquel momento no se incorporó al puesto para seguir ejerciendo como diputado, pero cuando accedió al Ministerio renunció a su acta en las Cortes como parlamentario por Cádiz. El pasado jueves, tres días después de salir del Gobierno, solicitó el ingreso en su puesto. Tenía 10 días como máximo para hacerlo.

La decisión ha sorprendido tanto en la Audiencia Nacional como en el ámbito de la Abogacía, donde distintas fuentes consultadas por El Independiente reconocen que la ley permite su incorporación en la carrera judicial procedente directamente del Gobierno -con la salvedad de abstenerse en los asuntos políticos- aunque consideran su decisión poco «estética y lógica».

Destacan que normalmente los jueces que ocupan cargos políticos buscan la manera de permanecer un tiempo en el ámbito público o pasan a la empresa privada, pero no suelen volver a los tribunales y menos si es a una Sala Penal como la de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia donde se dirimen asuntos de corrupción que afectan a políticos.

Antes debería haber pasado tres años en excedencia

Antes de la actual redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la norma de 1997 recogía que «los jueces y magistrados que sean elegidos miembros de una Cámara legislativa o de una Corporación municipal y los que desempeñen cargos políticos o de confianza han de pasar tres años de excedencia forzosa antes de reintegrarse al servicio en plaza o destino que comporte el ejercicio de la potestad jurisdiccional».

Campo tendrá que abstenerse en las deliberaciones de la Sala en todos los asuntos políticos al proceder directamente del Gobierno

Pero dicha norma ya no está vigente y ahora los políticos o miembros del Gobierno pueden incorporarse a un tribunal como magistrados, aunque no pueden participar en las deliberaciones de asuntos políticos. Esa fue la modificación que se introdujo en la ley del Poder Judicial. El artículo 351 establece ahora que «los jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la Carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público». Por lo tanto, Campo tendrá que abstenerse en las deliberaciones de la Sala en todos los asuntos políticos al proceder directamente del Gobierno.

Caso Villarejo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde estará a partir de ahora el exministro resuelve los recursos de algunos de los casos de corrupción que afectan a partidos políticos, como Lezo, Púnica o Gürtel en los que se investiga a miembros del Partido Popular o el caso Morodo que afecta al exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Concretamente la Sección Tercera de la Sala de lo Penal presidida por Alfonso Guevara en la que se incorporará Campo aborda los recursos presentados contra decisiones del instructor del caso Villarejo Manuel García Castellón. Una causa también salpicada por la política puesto que Podemos ejerce la acusación popular y en la pieza Kitchen se investiga al ministro de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, Francisco Martínez, como sospechosos de poner en marcha un operativo policial para recuperar documentación que comprometiera a altos cargos del Partido Popular en manos del extesorero de la formación, Luis Bárcenas.

En uno de los audios requisados al comisario José Manuel Villarejo que suponen la base de la macroinvestigación alrededor de sus negocios salió a la luz que la ahora fiscal general Dolores Delgado comió con él, otros miembros de la cúpula policial y el exjuez Baltasar Garzón cuando era fiscal de la Audiencia Nacional. Un relajado almuerzo a juzgar por el audio desvelado en 2018 por el digital Moncloa.com donde se la oyó bromear sobre la condición sexual del que años después sería su compañero de Gobierno, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Dichos audios obligaron a la entonces ministra sustituida por Campo a emitir un comunicado oficial en el que reconoció haber coincidido hasta en tres ocasiones con Villarejo después de haberlo negado y posteriormente a comparecer en el Congreso de los Diputados.

Su trayectoria

Juan Carlos Campo tendrá que volver a su plaza en la Audiencia Nacional a finales de agosto, según confirmó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado jueves.

El artículo 354 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que «los jueces y magistrados en servicios especiales no perderán su antigüedad en la Carrera y tendrán derecho a que se les reserve la plaza que ocupaban al pasar a esa situación administrativa o la que hayan podido obtener durante el tiempo que han permanecido en la misma».

Natural de Osuna (Sevilla, 1961) accedió a la carrera judicial en 1987. Ejerció en juzgados de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y en la Sala Penal de la Audiencia Provincial de Cádiz. Desde 1997 ha estado en excedencia para ocupar distintos cargos públicos y políticos, así como fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Entre 1997 y 2001 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, desde donde pasó al órgano de gobierno de los jueces como vocal hasta 2008. En 2009 fue nombrado secretario de Estado de Justicia, puesto que ocupó hasta 2011. En 2014 fue nombrado secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía donde se mantuvo hasta 2015, cuando fue elegido diputado por Cádiz y estuvo en las Cortes hasta su nombramiento como ministro. Ahora, vuelve a la carrera judicial como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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