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De la 'Llotja de Mar' a los Pirineos, el renacer del 'procés vascocatalán'

El independentismo recupera tras la pandemia la acción conjunta. El entorno de Bildu y ERC ultima un acto por el derecho a decidir que unirá 400 cumbres vascas y catalanas en julio de 2022, tras un año de debate sobre el estatus vasco y la mesa de dialogo de Cataluña

Participantes en uno de los actos organizados por Gure Esku Dago en Bilbao en favor al derecho a decidir. M. S.

Ha estado invernando. La pandemia ha obligado a ello. Pasado el ecuador de la legislatura que arrancó tras las elecciones del 28 de abril de 2019, es hora de resucitarlo. Cuando el país se sumergía en una tragedia con miles de muertos por Covid nadie insistió en el mensaje. Entonces las prioridades debían ser otras. Ahora, avanzada la fase de vacunación y con un horizonte a medio plazo más optimista, la aspiración soberanista de la izquierda abertzale vasca y de la izquierda catalana independentista parecen haber renacido. Y lo han hecho de la mano y dispuestas a exprimir al máximo y de modo conjunto el último tramo de la legislatura.

Ambos saben que puede ser la última oportunidad con opciones reales para dar pasos. Las encuestas por el momento no aseguran que Sánchez y sus socios puedan revalidar otra mayoría para cuatro años más. También que es precisamente la debilidad de Sánchez la que les permite apretar al Ejecutivo en un campo complicado como el territorial sólo a cambio de su apoyo. Un gobierno de la derecha, como prevén posible hoy por hoy los sondeos, sería un muro infranqueable para sus aspiraciones soberanistas.

La oportunidad del momento para volver a impulsar una acción conjunta la alimenta también que tras el verano se abrirán en Euskadi y Cataluña nuevas plataformas para acelerar el discurso identitario y territorial: la mesa de diálogo entre Gobiernos en Cataluña y el debate por un nuevo estatus en el País Vasco.

El entorno de EH Bildu y el de ERC y Junts ya se ha puesto a trabajar. Hace tiempo que apelan a la necesidad de promover “una ofensiva sincronizada” contra el Gobierno. Institucionalmente llevan toda la legislatura haciéndolo, promoviendo iniciativas conjuntas en el Congreso o incluso formando parte de un mismo grupo, como sucede en el Senado.

Ahora, distintas organizaciones afines anuncian un gran acto a celebrar dentro de un año, en vísperas del periodo preelectoral. El 2 de julio de 2022 se quieren enlazar hasta 400 cumbres entre Cataluña y Euskadi rememorando el camino hacia el exilio que emprendieron el 5 de febrero de 1939 lehendakari José Antonio Agirre y el president Lluis Companys atravesando los Pirineos. Un acto para reivindicar “la libertad y el derecho de autodeterminación de Euskal Herria y Catalunya”, aseguran, desde el cabo Higer -en Hondarribia, Gipuzkoa- hasta el cabo de Creus, en Girona, y que facilitará la capacidad de movilización durante el próximo año a quienes la promueven: ANC, Gure Esku Dago u Omnium Cultural.

Mesa de diálogo y Nuevo estatus

No es la primera cadena humana de estas características que organizan ni el independentismo vasco ni el catalán. En enero de 2019 en Cataluña se unieron 131 cumbres en favor de la independencia y en octubre de ese año se promovió una iniciativa similar en contra de los juicios del procés. Además, en Euskadi se han organizado distintas cadenas humanas kilométricas para reclamar el derecho a decidir.

El próximo año será el del renacer independentista. En Cataluña los indultos y la mesa de diálogo y la nueva disposición del Gobierno de Pedro Sánchez permiten recuperar el discurso. Antes habrá que resolver la pugna entre los duros y los pragmáticos, entre el camino que quiere seguir recorriendo Puigdemont, más cercano aún al enfrentamiento que al acuerdo, y quienes le secundan o el que cree necesario en este contexto el president Aragonés y el ala más moderada de ERC.

En el País Vasco la oportunidad también viene marcada por otra ‘desescalada’. El Estatus vascos ha permanecido ‘confinado’, oculto en un cajón guardado desde finales de 2019. En diciembre de ese año los expertos elegidos por los partidos presentaron sus respectivas propuestas de texto articulado para un nuevo encaje de Euskadi en España: tres en total, uno de PNV, PSE y Podemos, otro de EH Bildu y un tercero del PP.

Ha transcurrido más de año y medio no se ha dado ni un solo paso más. Los documentos siguen en un cajón. En octubre se anuncia desempolvarlos y retomar el debate soberanista. El PNV incluso ha anunciado una ronda con los partidos. Será ahí cuando EH Bildu retome su posición alejada del PNV, más partidaria de no condicionar la aspiración independentista del pueblo vasco al marco legal actual, como defiende el partido de Andoni Ortuzar.

Independentismo, a la baja

La unidad de acción del independentismo vasco de izquierdas y el catalán se escenificó por primera vez en el llamado acuerdo de Llotja de Mar, en octubre de 2019. Hasta una decena de formaciones, entre las que no figuraba el PNV, se unieron para conformar un frente común en favor del derecho de autodeterminación, el retorno de los “exiliados” y la “liberación de los presos políticos”. Las dos primeras aspiraciones siguen pendientes de alcanzar. En los casi dos años transcurridos desde entonces el entendimiento entre independentistas catalanes y vascos ha sido desigual. Intenso en ocasiones y frío en otras.

La alianza vascocatalana aspira a unir fuerzas en un contexto de caída en el apoyo social al independentismo, en especial en Euskadi. El último Sociómetro publicado por el Gobierno vasco muestra cómo el rechazo a la independencia alcanza al 41% de la población, el porcentaje más alto desde 1995, cuando comenzó a elaborarse esta encuesta. El respaldo a una Euskadi independiente apenas representa el 21%, nueve puntos menos de lo que alcanzó en 2014. En el caso catalán el apoyo a la independencia es notablemente superior pero también acumula un descenso progresivo. El último sondeo del centre d´Estudis d´Opinió (CEO), publicado en mayo, concluía que el no a la independencia alcanza ya el 48,7% frente al 45% de quienes sí la apoyarían.

Gure Esku Dago, Una de las organizaciones que promueve la que se ha llamada ‘Vía Pirenaica 2022’ para unir 400 cimas, renunció en 2019 a seguir celebrando consultas populares. Esta organización venía convocando consultas por el derecho a decidir en una suerte de simulación de referéndum y en todas ellas la participación fue irrisoria. Las últimas celebradas en San Sebastián apenas un 13% y en Irún del 9%. La realidad se repitió en prácticamente todas las consultas convocadas -208 en localidades vascas y navarras- desde su comienzo en 2014 con el intento de “socializar el debate” por el derecho a decidir. En febrero de 2019 anunciaron que no celebrarían más consultas y que iniciaban un cambio de estrategia.

El PNV, desnortado

Históricamente la sintonía entre los partidos soberanistas vascos y catalanes ha sido fluida. Sin embargo, en el caso del PNV se ha visto muy devaluada a partir del procés. La apuesta por la unilateralidad que impulsó Puigdemont y reiteró Torra contrastaba con el camino en favor de avanzar en el soberanismo pero el clave de acuerdo con el Estado que Urkullu y Ortuzar comenzaron a defender tras el fiasco del ‘Plan Ibarretxe’. A ello se sumó la desintegración de CIU. El desconcierto que le provocó el rumbo del JxCat de Puigdemont y la apuesta fallida por PdeCat en las pasadas elecciones y que no logró representación en el Parlament, ha dejado al PNV en una posición complicada en su relación con el soberanismo catalán. En EH Bildu, en cambio, el entendimiento con el bloque independentista catalán goza de muy buena salud.

En esta batalla conjunta, por el momento el independentismo catalán ha obtenido mayores réditos que el vasco. Los acuerdos en torno al procés, con los indultos y el compromiso de convocar una mesa de diálogo pueden ser enarbolados como pago al apoyo a Sánchez. En cambio, la izquierda abertzale llega a este punto de la legislatura con un balance algo más moderado que confía en poder enriquecer con pasos en clave territorial. Por el momento, el acercamiento de los presos de ETA parece ser el único gran pago que el Gobierno ha hecho a la coalición que lidera Otegi. El acuerdo por la derogación de la reforma laboral, que Bildu vendió como un acuerdo histórico, sigue sin cumplirse 14 meses después de suscribirlo.

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