España | País Vasco

Cataluña y Euskadi, una década y dos 'procés'

Las diferencias de estrategia del Govern y del Ejecutivo Urkullu en la Conferencia de Presidentes han vuelto a evidenciar la apuesta por el pragmatismo que activó Urkullu en 2010 frente al tensionamiento y los gestos del Ejecutivo catalán.

Urkullu y Puigdemont en una imagen de archivo EFE

El camino de uno y otro ha vuelto a escenificarse. Cataluña no acudió para plantar cara y reivindicar ‘bilateralidad’ con el Estado y Euskadi asistió tras ejercer esa ‘bilateralidad’ y pactar una nueva contraprestación. En el Govern del president Aragonés optaron por ausentarse de la Conferencia de Presidentes y enviar un mensaje viajando a Ginebra a visitar a Marta Rovira –número 2 de ERC y huida tras ser citada por la Justicia española-. Al lehendakari Urkullu no le dolió posar en Salamanca junto al resto de presidentes autonómicos y el Rey una vez firmado un paso más en su particular ‘procés’ por una construcción ‘nacional’ más tangible, de hechos y acuerdos y no de gestos.

Son dos caminos soberanistas que hace años bifurcaron y que cada vez muestran más la disparidad de sus resultados. Hace una década que la Euskadi soberanista que gobierna las instituciones y el nacionalismo independentista que lo hace en Cataluña separaron sus caminos. Los primeros cambiaron su senda después de perder el poder en 2009, de ver desgastado su discurso tras años de pulso en forma de ‘Plan Ibarretxe’. El nuevo camino sería construir la ‘nación vasca’ pero piedra a piedra, acuerdo a acuerdo –por pequeño que sea- y no por la vía de los desaires, los pulsos inútiles y las movilizaciones sin resultado.

Han pasado diez años desde que la fractura en el interior de Cataluña y de esta con España se precipitó. Lo hizo de modo especial tras la resolución del Tribunal Constitucional de 2010 que declaró inconstitucional 14 artículos del nuevo Estatut, en particular los referidos a la consideración de Cataluña como “nación” y “realidad nacional”. Desde entonces pocas cosas han ido a mejor. Hoy la sociedad catalana está más dividida, el nacionalismo catalán está fracturado, -algunas de las marcas que entonces lideraban el panorama político catalán han desaparecido- y la sintonía entre el independentismo radical y el moderado es hoy más suelo resbaladizo que nunca.

En esta misma década, a 600 kilómetros de Cataluña, en Euskadi el PNV tuvo que recomponerse de su pérdida del Gobierno vasco. El acuerdo PSE-PP para convertir a Patxi López en lehendakari fue un revés y una oportunidad. El inicio del nuevo ciclo ‘postIbarretxe’ permitió al PNV poner en marcha una profunda renovación. La lideró el entonces presidente del partido, Iñigo Urkullu. Desde entonces, la nueva política jeltzale no sólo ha reforzado al partido sino que le ha otorgado la mayor cuota de poder institucional jamás ostentada por la formación en Euskadi: el PNV gobierna las tres capitales, las tres diputaciones y el Ejecutivo autonómico, además de cientos de alcaldías.

El Concierto Económico

La renovación impulsada por Urkullu incluyó virar la estrategia de confrontación que durante año impulsó el anterior lehendakari. A partir de entonces se apostó por alejar el enfrentamiento y se practicó retomar el pragmatismo que siempre había dado buenos réditos. Y así ha seguido. La concertación de los tres nuevos impuestos en víspera de la cita del viernes en Salamanca –por un importe en forma de recaudación anual de 220 millones de euros- es el último ejemplo.   

En esta década de procés catalán la brecha con el modelo vasco de ‘hacer nación’ se ha agrandado. Uno de los apartados más visibles es el financiero. El Concierto Económico del que goza Euskadi tras su recuperación plena en 1981 no sólo ha reforzado las arcas de las tres haciendas vascas sino que ha apuntalado el grado de autogobierno del País Vasco. En sentido contrario, en esta década en Cataluña han intentado sin éxito resarcir el error que el propio president Artur Mas reconoció que habían cometido en la Transición al rechazar un concierto económico similar el vasco.

Quien fuera consejero vasco de Economía y Hacienda del primer Gobierno vasco, Pedro Luis Arias, desveló hace años que en las negociaciones de los Estatutos de Autonomía Jordi Pujol rechazó expresamente aceptar un modelo de relación financiera con el Estado como el concierto económico vasco. Según Arias, el entonces conceller de Economía, Ramón Trías Fargas, lo rechazó por la “enojosa tarea de recaudar impuestos” que supondría y por no asumir el “riesgo de recaudar menos”. Cataluña creyó que sería mejor negociar directamente con el Estado. Tres décadas después el propio Mas reconoció que si Cataluña hoy no posee una hacienda propia es “por errores propios”: “Fue un error muy grande y no sólo atribuible a la actitud del Estado”, aseguró.

En esta década Cataluña la ha vuelto a reclamar. Lo hizo con Zapatero, con Rajoy y es muy probable que la cuestión renazca con Sánchez en la mesa de diálogo que comenzará a trabajar tras el verano o incluso en la comisión bilateral a celebrar este lunes. La propuesta de ‘pacto fiscal’ con Rajoy no progresó.

Pragmatismo contra confrontación

Mientras, en Euskadi el Concierto Económico ha logrado actualizarse y ampliarse. También el Cupo se ha actualizado y reevaluado. A ello se suma que la política de apoyo a cambio de ‘ladrillos de autogobierno’ han ido dando frutos. Lo hizo con Zapatero, al que el PNV logró arrebatar un acuerdo de apoyo presupuestario para las cuentas de 2011 a cambio de una veintena de transferencias, la más relevante la políticas activas de empleo.

Años después, la misma estrategia de gestión política de acuerdos por votos permitió grandes avances en el autogobierno con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Mientras el nacionalismo catalán agravaba su distancia con el líder del PP y el pulso soberanista en Cataluña acumulaba decibelios, el nacionalismo vasco fue separándose ideológica, verbal y estratégicamente de CIU y ERC. El PNV llegó a convertirse en un apoyo esencial del Gobierno del PP, el mismo al que la Cataluña independentista había declarado la guerra política.

Un apoyo que fue muy rentable. En 2017 el PNV dio otro golpe al botín de la negociación al lograr hasta 36 acuerdos y compromisos con el Gobierno de Rajoy a cambio del apoyo a sus presupuestos de 2017. Los cinco votos del Grupo Vasco se tradujeron en compromisos de inversión por valor de alrededor de 5.000 millones de euros, así como acuerdos como la inclusión de la Ertzaintza en organismos europeos o la cesión de los terrenos de Lemóniz, entre otros. 

Sólo un año después, los nacionalistas vascos volvieron a repetir el planteamiento. Esta vez aduciendo que no apoyar los presupuestos era abrir “un abismo” y tras alcanzar el compromiso de poner “fecha de caducidad al 155 en Cataluña”. Por el respaldo a las cuentas de 2018 el PNV logró 500 millones más de inversión en Euskadi y un compromiso para aumentar las pensiones públicas. Sólo unos días más tarde, los nacionalistas apoyaron la moción de censura que derrocó al Gobierno del PP y aupó a Sánchez.

Más autogobierno

Con el nuevo Ejecutivo la distancia en la relación del nacionalismo catalán y el vasco con el Gobierno se fue reduciendo. Ambos apoyaron a Sánchez pero el nacionalismo institucional que hoy lidera Aragonés tuvo que dedicar sus esfuerzos a deshacer la maraña generada tras el 1-O. Ahora la prioridad no era Cataluña sino lograr sacar de la cárcel a los líderes del procés. El indulto ha sido un logró innegable, ahora resta ver el resultado de la mesa de diálogo acordada.

Mientras, el nacionalismo vasco ha seguido tejiendo y poniendo más ladrillos en su nuevo autogobierno. Esta vez, la debilidad de Sánchez le ha permitido apretar y logra un compromiso que en su momento calificó de histórico: un calendario para culminar todas las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika.

En estos dos años de Gobierno de Sánchez el PNV ha logrado no sólo más competencias sino objetivos que consideraba casi imposibles, como la gestión de las prisiones, el final de la política de dispersión de los presos de ETA o un compromiso del Gobierno para explorar la cesión del régimen económico de la Seguridad Social.

En la pasada conferencias de presidentes en San Millán de la Cogolla, Urkullu logró pactar su asistencia a cambio de un acuerdo de déficit y endeudamiento para las instituciones vascas. Ahora, un año después, ha vuelto a aplicar la misma secuencia que le ha permitido engordar el listado de impuestos concertados antes de sentarse a la mesa con el resto de CCAA.

Impacto en economía y empleo

En esta década de dos ‘procés’, el del tensionamiento y los gestos y el pragmático y los acuerdos, las diferencias entre Euskadi y Cataluña son evidente no sólo entre las estrategias de sus partidos soberanistas, sino también en las realidades sociales y económicas que han ido esculpiendo. Hoy el ansia de independencia en Euskadi apenas es del 21%, según el último Sociómetro del Gobierno vasco, la cifra más baja de la serie. En Cataluña, pese a caer desde 2018, aún es muy superior, prácticamente el doble que en el País Vasco al alcanzar el 41% de partidarios de la independencia.

Uno de los precios de un autogobierno pragmático en Euskadi es la caída del sentimiento soberanista. En Cataluña, en cambio, la apuesta de casi una década por el procés mantiene aún altas cotas de independencia.

El segundo precio a abonar en uno y otro caso se ha dejado sentir en la economía. En Cataluña a la salida de cientos de empresas en estos años se ha sumado, en comparación con Euskadi, unos índices de desempleo más elevados y una renta per cápita que se ha comportado peor. Hoy los vascos tienen mejores condiciones económicas con una renta por habitante que ronda los 34.000 euros frente a los 31.000 euros per cápita de los catalanes. En términos de empleo también Euskadi ha logrado tener tasas notablemente inferiores a las de Cataluña a lo largo de toda la década. Actualmente, el 10,3% en la economía vasca y el 12,9% en la catalana.

Te puede interesar

Comentar ()