España

El Gobierno descarta ahora reformar el delito de sedición

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, censura que Aragonès fije "horizontes" para la independencia de Cataluña: "Ese no es el camino"

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños (i) y Universidades, Manuel Castells (d).

El segundo Consejo de Ministros tras el parón vacacional ha servido para aprobar dos importantes proyectos del Ejecutivo: por un lado, la conocida como ‘Ley Castells’ que implica una reforma integral del sistema universitario; y, por otro, el Informe Anual de Evaluación Normativa de 2020 y el Plan Anual Normativo, de 2021, en el que se incluyen las distintas propuestas y reformas legislativas que emprenderá el Gobierno de aquí a final de año. Y entre ellas, según ha desgranado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no estará la reforma de los delitos de rebelión y de sedición.

La prioridad del Ejecutivo en estos momentos y en lo que resta de 2021, según ha detallado, será el despliegue de medidas sociales que favorezcan la recuperación económica del país tras el impacto de la pandemia. El «ambicioso» plan del Ejecutivo pasa por aprobar de aquí a que finalice el año una batería de 144 medidas -entre leyes orgánicas, ordinarias y reales decretos- con «especial hincapié» en los compromisos adquiridos con Europa para la tramitación de los fondos europeos, y entre las que se encuentran la ley de vivienda, la reforma laboral o la ley del 5G, «que situará a España a la vanguardia tecnológica».

De este modo, el Gobierno ha decidido dejar definitivamente en el tintero la tramitación de las rebajas de las penas por los delitos de rebelión y sedición que exigían no sólo los socios independentistas de Sánchez, sino también desde Unidas Podemos, cuya formación instaba a abordar ya la reforma del Código Penal para reforzar la concesión de los indultos, aprobados el pasado mes de junio.

La decisión del Gobierno tensiona aún más la celebración de la mesa de diálogo con Cataluña, ya que la modificación del delito de sedición era uno de los puntos que se había puesto encima de la mesa en el marco de la celebración de la reunión entre el Gobierno central y la Generalitat.

Y aunque Moncloa mantiene la «apuesta firme por el diálogo y el reencuentro», a 31 de agosto aún no se ha definido la fecha exacta en la que se celebrará la mencionada mesa de negociación -todo apunta que caerá a mediados de septiembre-, ni tampoco quién estará presente en dicha reunión, ante las informaciones que apuntan a una posible ausencia de Pedro Sánchez de las que recelan en la Generalitat.

A un par de semanas de que se celebre el encuentro, los desencuentros entre una y otra administración ya han comenzado a producirse. Sin ir más lejos, este mismo martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha censurado las palabras que pronunció ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien fijó en 2030 la fecha tope en que Cataluña debe votar un referéndum de autodeterminación. «Ese no es el camino del diálogo y del reencuentro, ni tampoco la forma en que el Gobierno quiere transitar en Cataluña (…). El camino no es fijar horizontes para la independencia», subrayaba Rodríguez, quien ponía el foco en la recuperación de la «cohesión social y económica» en la región porque «si a Cataluña le va bien, también lo estará toda España».

Sin embargo, la portavoz del Govern Patrícia Plaja, ha insistido también este martes en que Aragonès acudirá a la cita con la amnistía y la autodeterminación como «objetivos innegociables» pese a la negativa inicial de Sánchez a abordar estos asuntos.

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