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El fiscal apoya el indulto para el confesor de 'Gürtel' y que sólo sea inhabilitado para cargo público

La Fiscalía apoya por "justicia, equidad y utilidad pública" la concesión de la medida de gracia a José Luis Peñas, el concejal que presentó la denuncia contra la trama liderada por Correa | El indulto parcial le permitiría seguir trabajando como funcionario

José Luis Peñas (izquierda) tras una de las sesiones del juicio por el 'caso Gürtel'.

José Luis Peñas (izquierda) tras una de las sesiones del juicio por el 'caso Gürtel' junto a su abogado. EFE

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de que se indulte a José Luis Peñas, el ex concejal del Partido Popular de Majadahonda (Madrid) que presentó la denuncia inicial y las grabaciones que permitieron destapar la trama Gürtel. Sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión, era el único de los 12 condenados a más de tres años para el que el Ministerio Público no pidió su ingreso inmediato en la cárcel tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo en octubre de 2020.

Hace seis meses, Peñas ya logró la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante tres años tras pedirlo su defensa por motivo de enfermedad grave con la condición de no delinquir durante dicho periodo y pagar una multa sustitutiva de 2.400 euros, según acordó el Juzgado Central de Instrucción 5 en un auto fechado el 5 de abril. El Ministerio de Justicia tramitaba ya la petición del indulto, apoyada por más de 55.000 personas tras ponerse en marcha un proceso de recogida de firmas en internet.

Ahora, la Fiscalía se ha mostrado favorable a la concesión del indulto parcial de las dos penas de inhabilitación absoluta impuestas a José Luis Peñas y que se le conmuten por otras para ocupar cargos públicos de libre designación o elección, lo que quiere decir que podrá continuar trabajando como empleado público en el Ayuntamiento de Madrid y garantizar el sustento de la economía familiar con su nómina pero no podría volver a desempeñar durante un tiempo un puesto político en ayuntamientos y otros organismos públicos. La resolución está pendiente del informe del tribunal sentenciador.

«Concurren razones de justicia, equidad y utilidad pública», han informado a El Independiente fuentes del Ministerio Público, invocando así la condición que exige la Ley del indulto en su artículo 11. La Fiscalía reconoce que ha tenido en cuenta también «el espíritu de la directiva europea» relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como ‘directiva Whistleblowing’ (alertadores de corrupción).

Como recoge la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en 2018, confirmada en casación hace un año, fue la denuncia de José Luis Peñas la que dio lugar a la apertura del caso Gürtel en agosto de 2008 y la que permitió desmadejar esta macrocausa de corrupción, desgajada en más de una decena de piezas separadas.

«Esencial» para la investigación

«Desde el primer momento, ha colaborado de forma esencial en la investigación, exponiendo el modo de operar del grupo liderado por Francisco Correa. Asimismo, aportó junto con su denuncia numerosas grabaciones de conversaciones mantenidas con otros acusados, que la corroboran y han sido de gran ayuda para un mejor esclarecimiento de los hechos y partícipes en ellos», resaltó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su sentencia.

Las empresas controladas por Correa se beneficiaron de multitud de adjudicaciones de contratos públicos en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón entre 1999 y 2005 a cambio de regalos y dinero a distintos funcionarios y a los alcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, condenados a 40 años y tres meses de prisión y 14 años y cuatro meses de prisión, respectivamente.

La concesión del indulto parcial, como apoya la Fiscalía, permitirá a Peñas seguir trabajando como funcionario

Como concejal, Peñas vivió desde dentro la corrupción de la red de Correa, que entregó miles de euros en mano como a otros concejales y alcaldes. Con la denuncia que presentó ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el 7 de noviembre de 2007 entregó también horas de grabaciones que hizo a escondidas al dueño de las empresas del Grupo Correa y que demostraban la ilegalidad de su actuación y de los funcionarios públicos que le dieron cobertura.

La Audiencia Nacional consideró -y el Tribunal Supremo confirmó- que se trató de un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local», del que se benefició en 245.000 euros como partícipe a título lucrativo el Partido Popular madrileño.

Junto con su colaboración para el esclarecimiento de los hechos, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta a la hora de suspender la ejecución de la pena de prisión no sólo el arraigo familiar de José Luis Peñas -está casado y tiene dos hijos, uno menor de edad- sino también el compromiso que ha demostrado para pagar la multa que le fue impuesta. Así, el pasado 12 de diciembre realizó un ingreso de 10.000 euros y anunció que realizaría nuevos pagos con la venta de una plaza de garaje.

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