Lo que debiera haber sido una fiesta para la izquierda a la izquierda del PSOE, se ha convertido en arma arrojadiza. El inesperado acuerdo en torno a la Ley de Vivienda, tras 11 meses de ardua negociación encallada en el control de los precios del alquiler, ha enfrentado a ERC con Unidas Podemos en pleno arranque del proceso negociador de las Cuentas del Estado para el año que viene.

Los independentistas republicanos -cuyos 13 votos son indispensables para sacar adelante los Presupuestos- acusan a los morados de rentabilizar en exclusiva un asunto en el que iban de la mano, mientras que desde Podemos se malician de que ERC "quería cobrarse esta pieza en su negociación presupuestaria con el Gobierno" para justificar un apoyo que dan como seguro. Lo cierto es que la primera reacción del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián fue de satisfacción, pero no faltó un dardo envenenado a los morados, a los que acusó de sobreactuar.

"Que UP celebre las concesiones que consigue tras presionar al PSOE está muy bien. Que lo haga sobreactuando como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no tanto", se quejó el dirigente independentista en su cuenta de Twitter.

Fuentes de Unidas Podemos confirman que tenían previsto reunirse este miércoles con ERC para seguir ejerciendo presión sobre el sector socialista del Gobierno, convencidos de que todavía quedaba, como poco, una semana de tiras y aflojas en la coalición, pero desde el momento en que vincularon este asunto con los Presupuestos, no había lugar a que ningún otro grupo se lo pudiera apuntar en su haber.

Podemos cree que ERC "quería cobrarse esta pieza en su negociación con el Gobierno"

Podemos se malicia de que ERC "quería cobrarse esta pieza en su negociación presupuestaria con el Gobierno". ERC quería el control de los precios del alquiler para poder dar cobertura a la ley de vivienda catalana, recurrida ante el Constitucional por el Ejecutivo central bajo el argumento de invasión competencial, aunque no pidió su suspensión.

Se ha seguido aplicando en ayuntamientos como Barcelona, donde el PSC apoya a Ada Colau, o en otros directamente gobernados por los socialistas catalanes como Gavá, de donde era regidora la actual ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que fue apartada de la negociación. Incluso Badalona, gobernada por el popular Xavier García Albiol, controla los precios del alquiler.

Para ERC y Bildu la ley de Vivienda también era una condición indispensable, aunque no suficiente, para apoyar las cuentas. De hecho ambas formaciones presentaron el pasado jueves en el Congreso de los Diputados junto a UP y otros Grupos Parlamentarios además de Comisiones Obreras y UGT, el denominado Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda. No era la primera iniciativa en este sentido a lo largo de los 11 meses que ha durado esta negociación.

Pero las dificultades no son sólo con los socios parlamentarios, porque incluso después de haber alcanzado un acuerdo en torno a los alquileres, las escaramuzas entre PSOE y Podemos han seguido en las últimas horas. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el martes una ayuda directa directa de 250 euros para el alquiler de los jóvenes con un tope de renta anual de poco más de 23.000 euros, medida que ignoraban los morados. Y este miércoles, desde Eslovenia, volvió a adelantar un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplieran los 18 años.

Podemos reivindica como propio el bono cultural de 400 euros

Los morados se apresuraron a aclarar que dicho bono "es una iniciativa de Unidas Podemos en el marco de la negociación de los Presupuestos", que se ha apuntado Sánchez dentro de este goteo de anuncios que lleva haciendo en los últimos días y que UP no ha rentabilizado por el momento.

Este jueves hay Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el anteproyecto de Presupuestos antes de su tramitación parlamentaria. Habrá escenificación entre los socios como hace un año, con la novedad de que será Yolanda Díaz y no el dimisionario Pablo Iglesias el que pose junto a Pedro Sánchez y oficialice el acuerdo presupuestario, el último de la legislatura.

Por su parte, el que se ha convertido en el ministro para todo, Félix Bolaños, prosigue con su ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios para sumar adeptos a las cuentas del Estado del año que viene. Este jueves se reunió con UPN, Foro Asturias y Nueva Canaria. De esta terna, sólo podría conseguir el voto de Pedro Quevedo. Vox y la Cup se han negado a participar en la ronda. La idea el Gobierno es que las nuevas cuentas sean una realidad a partir del 1 de enero del próximo año.