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Transparencia tramitó fuera de plazo el 94% de las reclamaciones resueltas en septiembre

El CTBG tiene por ley un plazo máximo de tres meses para dictar las resoluciones pero llega a tardar hasta 172 días para resolver | El incremento de la carga de trabajo no ha ido acompañado de un refuerzo del personal técnico

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, en el Congreso.

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, en el Congreso. EP

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha sobrepasado el plazo máximo en el 93,65 % de las reclamaciones resueltas durante septiembre, llegando en algún caso a casi doblar el tope que prevé la ley para notificar las resoluciones. El incremento de la carga de trabajo no ha ido acompañado de un refuerzo del personal técnico, lo que está provocando que se alargue el tiempo medio de tramitación.

La autoridad independiente encargada de promover la transparencia de la actividad pública dictó el mes pasado 126 resoluciones, 62 por reclamaciones presentadas contra la Administración General del Estado y 64 contra comunidades y entidades locales con las que tiene firmado convenios. A saber: Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En 118 casos, según ha cotejado El Independiente con la información difundida por el propio CTBG en su web, la resolución se ha producido más allá de los tres meses que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -concretamente en su artículo 24.4- fija como plazo máximo para resolver. La norma establece que, transcurrido dicho margen de tiempo, la reclamación se entenderá desestimada; ello abre la puerta a pleitear en los tribunales al haberse agotado la vía administrativa.

Aun con el plazo vencido en la mayoría de los casos, el Consejo de Transparencia ha resuelto todas las reclamaciones. De las 64 estimadas, en 61 dictó resolución después de los 90 días preceptivos, circunstancia que concurre en 31 de las 36 inadmitidas y en las 26 desestimadas. La tardanza es especialmente significativa en las reclamaciones interpuestas contra comunidades y ciudades autónomas conveniadas: en las 64 emitidas en septiembre se excedió el plazo máximo legal.

El ejemplo más clamoroso es el que corresponde a la resolución numerada como 305/2021. El pasado 24 de febrero, un solicitante se dirigió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones requiriéndole una copia de la documentación administrativa que permitiera identificar a la persona que atiende un determinado número de teléfono adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), entre otras cuestiones. No satisfecho con la respuesta ofrecida por el departamento que dirige José Luis Escrivá, el ciudadano presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia el 27 de marzo.

Recordatorio a las administraciones

La resolución de dicha reclamación está fechada el pasado 15 de septiembre, exactamente 172 días después de que el reloj empezara a correr. Ello significa que el CTBG ha tardado casi el doble del tiempo que le concede la ley para tramitarla. Es el exponente más claro pero no el único en el que la tardanza es apreciable. En el caso de las relativas a la Administración General del Estado, ninguna se resolvió en menos de 136 días, mes y medio por encima del tope.

La autoridad independiente no demuestra con su ejemplo lo que reclama a los organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de transparencia. En los fundamentos jurídicos de muchas de sus resoluciones, el CTBG recuerda a la Administración que respetar el tiempo máximo de respuesta «es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública».

En el borrador del Plan estratégico 2022-2025, el CTBG ya advierte del riesgo de que «a corto plazo» se supere el plazo de tres meses que establece la ley si «no se refuerza la dotación de personal técnico» por el aumento de la carga de trabajo. Según se expone en el citado documento, cada uno de los seis empleados gestionó en 2018 un promedio de 223 reclamaciones, volumen que se elevó a 341 el pasado año al contarse con un técnico menos.

El CTBG tiene por ley un plazo máximo de tres meses para dictar resoluciones, pero llega a tardar hasta 172 días

«Ambos factores -crecimiento de las reclamaciones e insuficiente personal técnico- pueden tener reflejo en un incremento de los plazos de tramitación. Los tiempos medios de tramitación han variado entre los diferentes años y presentan una asociación estadísticamente significativa con el volumen de reclamaciones. El tiempo medio estimado de tramitación de las reclamaciones se sitúa para el periodo 2015-2020 en 81 días, pero en 2020 se ha incrementado hasta los 88, lo que lo sitúa muy cerca del plazo máximo legal de tres meses», detalla el plan. Éste está pendiente de aprobación por parte de la comisión del Consejo de Transparencia, órgano de asesoramiento y que ha de informar preceptivamente los proyectos normativos que desarrollen la Ley de transparencia.

Lejos de decaer la actividad, el número de reclamaciones que ha entrado en el CTBG durante los nueve primeros meses de 2021 ha aumentado un 38,11 % en relación con el mismo periodo del año anterior, al pasarse de 1.207 a 1.667 (838 relativas a entidades autonómicas y locales y 829 a la Administración General del Estado). Este ritmo de crecimiento supera en 12 puntos el incremento medio anual registrado en el trienio 2017-2019, el inmediatamente anterior al inicio de la pandemia.

Desde que se sometió al examen de idoneidad en el Congreso de los Diputados antes de su nombramiento como presidente del CTBG, del que se ha cumplido este miércoles un año, José Luis Rodríguez Álvarez viene llamando la atención sobre la falta de personal que arrastra el organismo y la dificultad para desempeñar las funciones que tiene encomendadas por este déficit.

A esta carencia volvió a aludir durante su última comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, celebrada el pasado 10 de junio. «No hace falta un estudio muy profundo para darse cuenta de que la dotación actual, a pesar del compromiso que todos los funcionarios tienen y demuestran cada día, que merece un gran reconocimiento por su dedicación y desempeño, es notoriamente insuficiente para que el Consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual, que además, como ya he indicado, se está incrementando sensiblemente en lo que va de año», defendió Rodríguez Álvarez.

Adecuar la dotación de recursos humanos a  las necesidades de la institución es uno de los ‘objetivos específicos transversales’ que traza el citado plan estratégico. De cumplirse el cronograma previsto, durante el primer trimestre de 2022 se actualizaría el estudio de cargas de trabajo del CTBG, cuyos resultados determinarán la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La intención es enviar esa nueva estructura de personal a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) antes del próximo 30 de abril como paso previo a demandar los recursos presupuestarios necesarios para financiarla. La convocatoria y realización de las pruebas selectivas tendrían lugar durante los primeros nueve meses de 2023, con la previsión de que los nuevos efectivos se incorporen a sus puestos entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2023.

De momento, como informó este diario, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 reserva una partida de 3.033.110 euros a la autoridad independiente encargada de promover la transparencia en las entidades públicas. Esta cifra representa un aumento del 25,9 % en relación con la dotación asignada para el ejercicio en curso (647.100 euros más).

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