La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de una conocida plataforma de internet para pedir al Ministerio de Justicia que indulte parcialmente a Miguel Ángel M-R. A., un agente destinado en Canarias que ha sido condenado en sentencia firme a tres años de prisión por no tramitar una denuncia de tráfico.

IGC pone en marcha esta iniciativa después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación y confirmara la sentencia de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, que le impuso dicha pena de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial y le obliga a pagar una multa de 1.800 euros. La sentencia conlleva la inhabilitación especial a dos años para el ejercicio de cualquier empleo o cargo público en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los hechos sucedieron en 2014, cuando el funcionario -«tras una conversación mantenida con un un compañero»- no tramitó una denuncia de tráfico y ésta quedó en un cajón. «Ya en 2015, y con la idea de aprovechar el mismo boletín y así no dar explicaciones de dónde se encontraba mismo, intentó dar uso al mismo en otra infracción similar observada a un vehículo distinto, cometiendo con ello una falsedad documental penada con entre 3 y 6 años de prisión», se detalla en la petición de firma.

Sentencia «desproporcionada»

La asociación profesional deja claro que «no apoya la conducta sancionada», pero aboga por la concesión del indulto a este guardia civil al considerarla «enormemente desproporcionada» en relación con el delito cometido. «El agente condenado en ningún momento obtuvo beneficio de esta acción, por lo que, desde nuestro parecer y siempre desde el mayor de los respetos a la sentencia la pena impuesta, aunque ésta sea en su menor graduación, dista mucho de una sentencia que guarde una proporción con la conducta descrita», sostiene.

En su comunicado, IGC cita como ejemplos cuatro sentencias con castigo similar a pesar de que los hechos en esos casos son «mucho más graves». Así, recuerda la condena de tres años de cárcel impuesta a un hombre por intentar incendiar la casa de su ex novia en Cehegín (Murcia). Esa misma pena fue la que se dictó a otro hombre que abusó de su cuñada, menor de edad.

«Con esta condena no solo se deja desamparado al agente, el cual perderá su condición de guardia civil tras una trayectoria de más de 25 años en la que no ha tenido ni una sola nota desfavorable; también a su familia, incluido su hijo de 8 años que se quedará privado de su figura paterna por el hecho de cometer un error puntual en un documento de carácter oficial que -recordemos- no ha causado perjuicio a nadie», concluye.