El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se mantiene en que no volverá a tomar declaración a la asesora del exlíder de Podemos Pablo Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo en la causa en la que investiga si éste hizo un uso inapropiado del volcado del teléfono de su colaboradora, incurriendo según considera el instructor en supuestos delitos de daños informáticos y revelación de secretos.

La tarjeta SIM del móvil de Bousselham, que según denunció ella le fue robado en un supermercado, llegó a manos de Iglesias porque se lo entregó el presidente del Grupo Zeta, indicándole que el dispositivo había llegado a la revista Interviú a través de un anónimo. Posteriormente se supo que el comisario investigado en la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo guardaba en su casa una copia de la tarjeta, por lo que Iglesias y Bousselham denunciaron que pudo ser él quien estuvo tras el robo para posteriormente filtrar la información del móvil al digital Okdiario, donde se publicaron mensajes de miembros de Podemos contenidos en el móvil. El juez sospechó después que ambos habían fingido el robo del móvil y habían construido el relato de que las cloacas policiales estaban tras el robo a pesar de que supieron que miembros de Podemos habían filtrado las conversaciones contenidas en el dispositivo, según declaró como testigo el abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente.

García-Castellón remitió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando Pablo Iglesias era vicepresidente del Gobierno y por lo tanto aforado ante ésta solicitando que se le investigara por los citados delitos. El Supremo devolvió la solicitud al juez para que agotara la investigación que consideró inconclusa.

Hasta que conozca el resultado del informe

Respecto al procesamiento de los otros investigados en la causa, el comisario Villarejo y los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, la Fiscalía Anticorrupción recurrió ante la Sala de lo Penal el auto de finalización de la instrucción del juez García-Castellón considerando que se había cerrado «precipitadamente». Pidió que obligara al instructor a volver a tomar declaración a Bousselham antes de cerrar la fase de investigación. Tanto ella como Pablo Iglesias solicitaron que el juez interrogara al exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino, porque Villarejo declaró que entregó una copia del teléfono a la Policía Nacional, solicitud que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal también consideró pertinente.

Sin embargo, en un auto de este jueves, el juez acuerda mantener la decisión que adoptó el pasado 1 de marzo de no tomar declaración a Dina Bousselham hasta que se se conozca el contenido del informe pericial sobre la tarjeta telefónica, cuya pericial encargó a la Sección de Ingeniería Forense del Cuerpo Nacional de Policía.

El auto recuerda que acordó solicitar una pericial sobre la tarjeta telefónica del teléfono móvil de Bousselham antes de acordar su citación al considerar que del contenido de dicha pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación y ello podría condicionar el modo de acordar la citación.

Transcurridos más de ocho meses, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo

El escrito añade que “ transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención” .

Por todo ello el magistrado concluye que debe mantenerse la decisión adoptada en marzo y aplazar el llamamiento de Dina Bousselham y su pareja, Ricardo SA Ferreira, a la finalización de la pericial encomendada, “ por cuanto el contenido de la pericial podría condicionar el modo en que ambos deberán ser citados, y del Sr. Pino y de los dos peritos cuya declaración instó a realizar el Tribunal Supremo”.

En su escrito el juez también indica que, si del resultado del análisis pericial resultaran elementos de cargo que consolidaran los indicios ya apuntados en la  Exposición Razonada que elevó al Tribunal Supremo, la declaración de ambos deberían sujetarse a las mismas garantías que se exigen para Eugenio Pino.

El juez  explica que en este momento no se puede entrar a valorar la conexión de estas infracciones con las que son objeto de este procedimiento, ni la competencia del Juzgado para conocer los delitos de falso testimonio, aunque señala que podría servir como criterio orientador lo acordado por la Sección Tercera en relación con esta cuestión.