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El calendario pone a prueba los bloques rotos de la política catalana

Pere Aragonès, en el Parlament.

Pere Aragonès, en el Parlament. EFE

La Generalitat tendrá nuevos presupuestos en 2022 gracias al acuerdo in extremis alcanzado por ERC y los Comunes. Un pacto que permite a Pere Aragonès soñar con un escenario de razonable placidez al frente del gobierno autonómico. Pero ese acuerdo ha fracturado el bloque de la investidura y lo ha hecho con un calendario por delante que desmiente la placidez de la que presumen los republicanos.

El próximo enero debe reunirse de nuevo la Mesa de Diálogo entre Gobierno y Generalitat. Un foro del que JxCat se ha excluido, según los de Carles Puigdemont por el veto a sus representantes, en el que Esquerra y PSOE deben seguir escenificando entendimiento si quieren mantener el giro estratégico que suponen los apoyos cruzados en los presupuestos del Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

El «botón rojo» de la legislatura

Un mes después, se cumplirá un año de las elecciones autonómicas del 14F. Concluye, por tanto, la limitación legal para volver a llamar a los catalanes a las urnas. Aragonès volverá a disponer del «botón rojo» del adelanto electoral para presionar a sus socios de JxCat con una amenaza a priori muy inquietante para los de Puigdemont, que necesitan tiempo para consolidar el partido.

ERC puede jugar con su actual primacía electoral sobre Junts para amenazar con elecciones anticipadas e incluso con un cambio de aliados, girando la vista a comunes y PSC. Pero los republicanos «tienen un problema» con esa tesis, como recuerda el politólogo próximo a JxCat Agustí Colomines: «En un tripartito nunca presidirán la Generalitat porque el PSC es la primera fuerza».

La prueba de fuego se producirá en un año y medio, con las elecciones municipales de 2023. Es entonces cuando JxCat sueña con asestar el golpe definitivo a sus ex compañeros del PDeCat, arrebatándoles el centenar de alcaldías que han permanecido fieles al proyecto de Artur Mas para consolidar su poder territorial.

Es entonces, también, cuando Aragonès debería someterse a una moción de confianza, cumplido el ecuador de su mandato, como se comprometió con la CUP. Una moción prevista como un examen a los frutos del diálogo con el Gobierno y los avances del Govern en la vía independentista. Pero Aragonès no ha aclarado si aún se siente ligado a ese acuerdo tras el portazo de la CUP a sus presupuestos.

Cambio de alianzas

Este es el calendario que afrontan los partidos catalanes en los próximos meses, con un juego de bloques y equilibrios que parece más inestable que nunca tras la aprobación de los presupuestos catalanes.

La política catalana se ha movido desde 2015 entre dos bloques monolíticos que definió ese año la alianza de Convergencia y ERC en JxSí. Dos bloques que han dado la primacía al independentismo con la alianza de ERC, CUP y los herederos de CDC. El cambio de aliados del Govern en la votación de los presupuestos rompe ese bloque del 52% y abre un nuevo escenario en Cataluña: ERC y los comunes afianzan su alianza con cambios de favores en Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona.

Lo denunció Elsa Artadi: «La mayoría del 52% se ha roto». Y lo confirmaba al día siguiente el Govern de Pere Aragonés con un acuerdo que enterraba las opciones de acuerdo con los antisistema: la renovación del contrato para los grandes premios de Fórmula 1 y Moto GP en el Circuito de Montmeló.

Las ofertas del PSC

No es la primera vez que la CUP deja unos presupuestos en manos de los comunes, lo mismo sucedió en 2019 con el gobierno de Quim Torra. Pero ahora, sin banderas reales del independentismo a las que agarrarse más allá de la lengua, el roto adquiere otro significado. Las constantes ofertas del PSC a apoyar las cuentas lo demuestran.

«Cada vez que Salvador (Illa) se ofrecía» a validar la tramitación de los presupuestos «subía el precio de la CUP» señala un diputado socialista para argumentar la estrategia de su partido, que considera un éxito. Aunque por el camino el PSC haya perdido credibilidad como líder de la oposición. El objetivo era «romper el bloque de la investidura» defienden desde el PSC. Y se ha roto.

División en el Congreso

La ruptura se ahonda por la división del independentismo en el Congreso. Los presupuestos de Pedro Sánchez han vuelto a salir adelante con una amplia mayoría, en la que el independentismo ha votado de nuevo dividido: ERC y PDeCat a favor, JxCat y la CUP en contra. El entendimiento de ERC con los socialistas está en el origen del rechazo de la CUP a las cuentas catalanas.

En este contexto, Aragonès sigue esperando la llamada de Jordi Sánchez para analizar el futuro de la coalición. Tanto Artadi como Jordi Sánchez aseguraron el lunes, tras el acuerdo con los comunes, que exigirían al president una reunión urgente para analizar las derivadas del fin de la mayoría de la investidura. Pero no ha habido llamada.

En el caso de Junts, el problema de los de Puigdemont es que el partido cada vez muestra más sus fracturas entre quienes sueñan con volver a ser el partido útil que decidía en Madrid -con buena parte de sus consejeros a la cabeza- y los que defienden la confrontación con el Estado como única premisa, con la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, como cabeza visible.

El proyecto de Puigdemont se desdibuja

Mientras Esquerra explora un entendimiento con los comunes que da estabilidad al gobierno de Aragonés y Pedro Sánchez, el protagonismo de Carles Puigdemont se desdibuja. Al ex president cada vez le cuesta más conseguir el protagonismo de antaño, excepción hecha del episodio del Alguer (Italia). Las elecciones de su Asamblea de Representantes solo ha conseguido eco entre los más adeptos, mientras el Consejo por la República sigue encallado en los 100.000 seguidores, muy lejos de lo esperado.

Mientras, en su partido el liderazgo de Jordi Sánchez es cada vez más cuestionado, especialmente por las «derrotas» sufridas frente Esquerra en sus últimos enfrentamientos: presupuestos, ampliación del aeropuerto y mesa de diálogo. En todos esos casos Aragonès se ha visto obligado a imponer su autoridad, pero no ha dudado en hacerlo, con la consiguiente sensación de impotencia de los de Junts.

Aunque la primera víctima de ese cambio de estrategia ha sido, paradójicamente, un dirigente de Esquerra. Ernest Maragall, líder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, ha visto como la dirección del partido le obligaba a validar las cuentas de Ada Colau apenas tres días después de haber votado una enmienda a la totalidad de los presupuestos.

Maragall, la primera víctima

El cambio de postura de ERC no era imprescindible para Colau, que ya había obtenido el apoyo de BCNpelCanvi para la tramitación y tenía garantizada la aprobación de las cuentas. Pero ha servido a la alcaldesa para desautorizar al líder de la oposición, a un año y medio de unas elecciones que se prevén más disputadas que nunca. Ese ha sido el auténtico precio de los comunes a los presupuestos de la Generalitat. Y Esquerra lo ha pagado.

Maragall asumió la decisión del partido reconociendo en una comparecencia su disconformidad. E hizo pública una carta remitida a Colau y el líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, en la que se negaba a negociar los presupuestos locales, pese a las invitaciones recibidas.

«Barcelona tendrá presupuesto, pero no participaremos en ninguna nueva negociación. Pueden contar con nuestro voto, pero no esperen nuestro apoyo», advertía el dirigente republicano.

La bandera de la lengua

En este contexto, la batalla por la lengua se ha convertido, de nuevo, en el único elemento aglutinador tanto para independentistas como para constitucionalistas. El PSC se ha desmarcado esta semana por primera vez del consenso impuesto en los años 80 a favor de la inmersión lingüística. Lo hizo Illa al defender la sentencia del 25% de castellano en las escuelas ante los micrófonos de Ser Catalunya.

Y lo confirmó al día siguiente, al negarse a participar en la reunión de urgencia convocada por el Govern «en defensa del catalán». Un giro que hizo que la tibia postura exhibida en un inicio por la ministra de Educación, Pilar Alegría, se volviera algo más contundente un día después al exigir el cumplimiento de la sentencia. La lengua podría convertirse, así, en un elemento de unión no solo entre independentistas sino también entre partidos constitucionalistas.

Los comunes vuelven a ser, en este caso, el elemento disonante, alineados con el independentismo en el discurso de que se trata de una interferencia inadmisible por parte de la justicia en contra de la pervivencia del catalán. Un discurso que ha conseguido aglutinar de nuevo a los partidos secesionistas bajo el lema «el catalán no se toque».

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