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El jefe de los antidisturbios dice que no tiene orden de evitar el uso de la tanqueta

Los socios del PSOE en el gobierno exigieron al ministro del Interior que retirara de las calles de Cádiz el BMR desplegado por la huelga del metal | El comisario López Gordo traslada a los sindicatos su intención de usar el vehículo cuando sea necesario

El BMR de la Policía Nacional, desplegado el pasado mes de noviembre en Cádiz

El BMR de la Policía Nacional, desplegado el pasado mes de noviembre en Cádiz.

El jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP) -más conocidas como antidisturbios- no sólo no tiene órdenes expresas de sus superiores para que no se vuelva a sacar a la calle la tanqueta sino que, de hecho, considera que es un recurso de protección ante altercados de orden público que se empleará cuando se considere necesario y la situación lo requiera.

Así lo trasladó este lunes el comisario Francisco López Gordo a los representantes sindicales en el curso de la primera reunión oficial mantenida desde su nombramiento como responsable de la JUIP el pasado mes de septiembre, cuando relevó al comisario principal José Miguel Ruiz Igusquiza. El encuentro tuvo lugar en el complejo policial de Moratalaz y en él se abordaron tanto cuestiones operativas como posibles mejoras económicas para los integrantes de estas unidades.

Uno de los asuntos tratados fue el uso de medios operativos, después de la polémica suscitada cuando a finales del pasado mes de noviembre la Policía Nacional desplegó en Cádiz uno de sus dos Blindados Medios sobre Ruedas (BMR) -concretamente el indicativo Alcántara, J-101– a raíz de los disturbios que se registraron durante la huelga del metal en la provincia gaditana. 

En circulares internas, a las que ha tenido acceso El Independiente, tres sindicatos policiales informan a sus afiliados de que el comisario López Gordo aseguró que se seguirán utilizando todos los medios cuando se juzgue necesario y que éstos estarán a disposición del responsable funcional del operativo como herramientas disuasorias y preventivas para garantizar el orden público. Ello alcanza tanto a la tanqueta como al camión lanza-agua, comprado en junio de 2014 por 348.480 euros y que apenas ha tenido uso.

Críticas de los socios de gobierno

El uso de uno de los BMR del Cuerpo Nacional para apartar las barricadas levantadas por los piquetes violentos en las calles de Puerto Real durante el citado conflicto laboral generó un encontronazo entre los dos partidos que sustentan el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz (Unidas Podemos) llegó a pedir explicaciones a sus socios (PSOE) por la utilización de este vehículo, mientras que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, reclamó al titular de Interior que lo retirara.

Los antidisturbios desplegados en Cádiz tenían la consigna de garantizar que los puentes -estratégicos para el acceso y salida por la configuración de la ciudad- pudieran quedar despejados a la mayor velocidad en caso de que se produjeran barricadas, misión para la que -aseguraban- necesitaban el BMR ante la dificultad de llegar con los furgones y lograr el restablecimiento del tráfico con celeridad. A este vehículo, que carece de armamento, se le puede acoplar una pala en el frontal que permite limpiar la calzada de obstáculos con rapidez.

El comisario jefe ha trasladado a los sindicatos su intención de hacer uso del BMR cuando sea necesario

El acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la patronal del metal en Cádiz, posteriormente refrendado por los trabajadores en asamblea, puso fin al conflicto y la tanqueta volvió a su base en el complejo policial de Moratalaz. No ha vuelto a registrarse ninguna otra alteración del orden público que haya requerido su utilización, por lo que no ha habido oportunidad de comprobar si el ministro Grande-Marlaska se allanará ante la pretensión de los socios para que la tanqueta no vuelva a utilizarse a la hora de repeler actos violentos en el transcurso de una huelga o de manifestaciones.

La polémica estalló en Cádiz, pero no era la primera vez que los antidisturbios de la Policía sacaban a la calle este tipo de vehículo -fabricado por la compañía estatal Santa Bárbara Sistemas- desde que incorporó dos unidades a finales de 2017 que el Ejército de Tierra había dado de baja. El Cuerpo Nacional lo adaptó a sus necesidades (se aligeró de peso, se retiró la ametralladora de 12,70 milímetros y se instaló una pala en el frontal para la retirada de obstáculos, entre otras modificaciones), los rematriculó, los pintó con el color corporativo (azul), se adhirieron los escudos oficiales y los adscribió a la Unidad Central de la UIP para su uso en grandes concentraciones una vez lograda la homologación.

Entre otros operativos, la tanqueta formó parte de los recursos materiales utilizados en los dispositivos de seguridad diseñados con motivo tanto de la disputa de la Final de la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu en diciembre de 2018 -ganada por el River Plate a Boca Junior por 3-1- como de los partidos de la Eurocopa 2020 celebrados el pasado verano en el estadio sevillano de la Cartuja. Pero fue el pasado noviembre con ocasión del despliegue llevado a cabo en la provincia de Cádiz por la huelga del metal cuando tuvo mayor eco y el gran público conoció que la Policía contaba con este tipo de vehículo pesado en su flota.

En la reunión de los sindicatos con el actual comisario jefe de las UIP también salieron a relucir otras cuestiones que forman parte de las reivindicaciones en los últimos años de los integrantes de estas unidades, conformadas por 52 grupos repartidos en 11 bases: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga-Granada, Bilbao-Pamplona, Valladolid, A Coruña-Vigo, Oviedo, Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.

Planificar los servicios con antelación

Una de ellas fue la necesidad de adoptar medidas que permitan planificar con mayor antelación las comisiones de servicio -cuando un grupo debe trasladarse a otra provincia por necesidades operativas durante un número determinado de días- a fin de mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar. Las fuentes indicaron que López Gordo se mostró receptivo a esta petición -siempre que pueda preverse y no obedezca a causas sobrevenidas- y que adelantó su intención de que a principios de año se pueda facilitar una previsión con los servicios ‘estables’ para conocimiento de los agentes.

Esta circunstancia, unida al hecho de que no se revisa desde hace casi dos décadas el importe de las dietas que reciben por realizar labores fuera de su localidad de residencia, es uno de los motivos que los propios antidisturbios apuntan a la hora de explicar la pérdida de atractivo que han experimentado estas unidades en los últimos años y la progresiva pérdida de efectivos. En teoría, cada grupo tiene una dotación de 50 agentes pero en la práctica ninguno cuenta con más de 40 policías, por lo que la merma actual es de unos 500 agentes. 

El comisario jefe manifestó a los representantes sindicales su voluntad por hacer todo lo que esté en sus manos para incentivar el ingreso de policías en esta especialidad, al tiempo que indicó que estará pendiente de que se tramiten todas las felicitaciones -reconocimiento por servicios prestados que aportan puntos en la baremación de méritos- por parte de las jefaturas superiores.

Revisión al alza de la productividad

De igual manera, López Gordo tendió la mano a las organizaciones sindicales para avanzar en la redacción de un borrador con vistas a una hipotética reforma de la jornada laboral en la Policía a fin de que recoja, llegado el momento, las peculiaridades específicas que tienen algunas de estas unidades.

En materia retributiva, el jefe de la JUIP -según los sindicatos- es partidario también de revisar al alza tanto el complemento específico singular de la especialidad como la productividad (funcional y estructural), comprometiéndose a plantear dicha mejora ante la Comisaría General de Seguridad Ciudadana -de la que dependen orgánicamente- y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para sacarla adelante.

La antigüedad de algunos de los vehículos con los que se presta servicio es otro de los problemas que lo sindicatos pusieron encima de la mesa. En este sentido, el jefe de la UIP informó de la recepción a finales de la semana pasada de cinco furgonetas de la marca Ford -tres para la UIP de Madrid (indicativo Puma) y dos para la de Valencia (Orca)- que estarán operativas a finales de enero. La mejora de las medios materiales incluirá también la compra de maletas rígidas para que los grupos puedan transportar el material antidisturbios y el armamento en mayores condiciones de seguridad en sus desplazamientos.

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