España 'CASO TÁNDEM'

El BBVA dice que pagó 6,3 millones a Villarejo para recuperar deudas y no logró "ni un solo euro"

El banco vuelve a oponerse a que testifique su actual jefa de los servicios jurídicos, como pretende desde hace meses un antiguo directivo imputado en la causa | La entidad financiera sostiene que Antonio Béjar sólo esgrime "tesis conspirativas"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en una comparecencia en el Congreso.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en una comparecencia en el Congreso. EP

El BBVA lamenta que pagara más de 6,3 millones de euros al grupo empresarial controlada por el entonces comisario en activo José Manuel Villarejo (Cenyt) para que llevara a cabo investigaciones patrimoniales sobre tres clientes deudores del sector de la promoción inmobiliaria y no se recuperara «ni un solo euro» de los préstamos impagados.

Así lo expone la entidad financiera en un escrito presentado esta semana ante el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo con el que pide la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el ex directivo Antonio Béjar -antiguo responsable de Riesgos y Área Inmobiliaria del banco e imputado en el procedimiento- contra el auto por el que el juez rechazó llamar a varios testigos, entre ellos la actual jefa de los servicios jurídicos (María Jesús Arribas).

Entre los servicios prestados por el Grupo Cenyt al BBVA se encuentran los proyectos que Villarejo bautizó como Fish, Gate y King. Fueron los nombres en clave que el antiguo agente encubierto dio a las pesquisas con las que trató de rastrear bienes -por este orden- de los promotores Fernando Martín (Martinsa), Luis Portillo y José Romero (Prasa) para tratar de recuperar bienes para la entidad y compensar así parte de las deudas en plena crisis del ladrillo.

Los contratos que sustentaban esos encargos concretamente se firmaron el 5 de febrero de 2010 -los relativos a Martinsa y Portillo- y el 1 de febrero de 2012 (el de Prasa), abonándose a Cenyt la suma total de 6.315.299 euros. «Pese a este elevado importe», el banco no logró beneficio alguno. El éxito de las pesquisas hubiera llevaba aparejado el pago de un porcentaje del valor de los bienes que se hubieran recuperado. No fue el caso.

Cuando se suscribieron dichos contratos, Antonio Béjar era el responsable de Riesgos y Área Inmobiliaria de BBVA -hasta diciembre de 2011- o director de Real Estate de BBVA (hasta junio de 2014), antes de ser nombrado presidente de Distrito Castellana Norte. «La participación del sr. Béjar en todo ello no se circunscribe al plano formal, sino a su intervención material en los contratos relativos a los proyectos Fish, Gate y King», sostiene la entidad que preside hoy Carlos Torres.

«Chivo expiatorio»

Desde que fue imputado por la posible comisión de delitos de cohecho activo y revelación de secretos en julio de 2019, Béjar mantiene que el banco buscó en él a un «chivo expiatorio» que asumiera las responsabilidades que, «por acción u omisión», le correspondían al BBVA y a sus directivos por la contratación de las empresas controladas por Villarejo. La entidad lo despidió el 18 de septiembre de 2019, entre otros motivos -asegura- por «haber destruido documentación» en plena investigación interna.

En el último escrito, el banco vuelve a chocar con su ex directivo a cuenta del interés de éste por que declare la actual jefa de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas. La testifical de esta directiva ya la solicitó a mediados del pasado mes de abril, pero el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional la rechazó por considerarla innecesaria. Ahora ha recurrido en apelación en un intento de que la Sala de lo Penal corrija al magistrado García-Castellón.

El banco vuelve a oponerse a que declare su actual jefa de los servicios jurídicos, como pretende un ex directivo

En su recurso de apelación, Antonio Béjar defiende que Arribas tuvo «una participación activa en la construcción del relato incriminatorio» hacia él, lo que el BBVA califica de «figuraciones». La entidad dice que las «tesis conspiratorias» que defiende su antiguo directivo «no tienen ningún fundamento», al tiempo que considera que esas hipótesis son la «única razón» que justifican su pretensión de que Arribas sea oída como testigo.

Béjar entiende que es pertinente la citación de la hoy máxima responsable de los servicios jurídicos para aclarar el contenido del cuadro que el BBVA mandó al juzgado a requerimiento de éste y que había sido elaborado por PwC en el curso del trabajo forense que le encargó tras estallar el caso en la prensa. Se trataba de una tabla de Excel en la que, junto a cada factura abonada a Cenyt, figuran varias columnas con el nombre del verificador de la prestación del servicio, el autorizador del pago y las evidencias sobre quiénes habían sido el verificador y el autorizador.

El ex directivo mantiene que ese cuadro «no se corresponde con la realidad» y que, toda vez que había sido Arribas la persona que lo remitió al juzgado en nombre de la entidad, debe ser ella quien responda sobre su contenido. El BBVA, por contra, considera que la diligencia que vuelve a solicitar su antiguo empleado es «inútil» y carece de justificación.

«Conspiración sin fundamento»

«Absolutamente nada podría aportar la declaración testifical de la Sra. Arribas sobre el contenido, exactitud y corrección del cuadro detalle por una razón bien sencilla: el cuadro presuntamente erróneo al que alude el Sr. Béjar no fue elaborado por la sra. Arribas ni por el personal de los servicios jurídicos», indica en su escrito. Según el banco, la letrada se limitó a enviar a la Policía el correo electrónico en el que se adjuntaba la citada tabla.

El banco recuerda que nunca ha afirmado que hubiera sido Béjar el firmante de los contratos ni la persona que ejecutó los trámites tendentes al pago de las facturas de Grupo Cenyt. «La insistencia del recurrente en que existe una conspiración no tiene fundamento alguno. Si PwC ha localizado evidencias sobre la participación del Sr. Béjar en la contratación de Cenyt y en el pago de determinadas facturas, serán los técnicos de PwC los que deban explicar cómo las han obtenido», añade.

La entidad financiera interpreta que lo que el acusado busca solicitando esta testifical no es tanto que la letrada deponga por su «conocimiento personal de los hechos» (no fue promocionada al puesto que ocupa en la actualidad hasta 2019) sino que lo haga «en nombre del BBVA» en su condición de directora de los servicios jurídicos, lo que -en su opinión- supone un «claro fraude procesal» al estar ya el banco investigado como persona jurídica en la causa.

«Dª. María Jesús Arribas no tuvo intervención de ninguna clase en los hechos que se atribuyen al Sr. Béjar. No figura en ninguna de las evidencias encontradas por PwC en relación con D. Antonio Béjar. Y, en las muchas declaraciones que hasta la fecha ha prestado, el propio Sr. Béjar no menciona en ningún momento a la sra. Arribas al referirse a los encargos a Cenyt en los que él intervino: ni en la contratación, ni en la prestación de los servicios, ni en el pago de las facturas», mantiene.

«Agresión» contra el derecho de defensa

A los ojos del banco, la citación de esta testigo supondría una «agresión inadmisible contra el derecho de defensa de BBVA», dado que forma parte del equipo de defensa de la entidad y comparte con los abogados designados «informaciones confidenciales» amparadas por el secreto profesional. «Si se acordara la declaración testifical de la Sra. Arribas, la Directora de los Servicios Jurídicos de BBVA se vería en la tesitura de tener que responder a numerosas preguntas no sobre los hechos investigados (que desconoce), sino sobre todo lo ocurrido con posterioridad, en concreto sobre la investigación interna realizada en la Entidad y sobre las decisiones tomadas por el Banco tras aparecer las primeras referencias a los hechos en informaciones de prensa», razona.

También considera improcedentes las declaraciones como testigos de otros empleados de la entidad, entre ellos dos que ya figuran en el caso con la condición procesal de investigados. El banco censura que Antonio Béjar intente «dilatar la instrucción» con la práctica de diligencias que buscan «indagar sobre circunstancias que se encuentran explicadas y analizadas en las actuaciones desde hace años».

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