Un Tribunal Constitucional con un horizonte muy próximo de renovación de un tercio de sus miembros tendrá que abordar algunos de los recursos más importantes a nivel político y público en los próximos meses. Entre éstos se encuentran los pendientes de los políticos catalanes independentistas contra la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; los de Partido Popular y Vox contra la reforma de la Ley del Poder Judicial que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos mientras está en funciones; contra las leyes de Educación (Celaá) y eutanasia del Gobierno de Pedro Sánchez o el que presentó el PP en 2010 contra la ley del aborto que lleva 11 años en un cajón.

Sobre la mesa de los magistrados del tribunal de garantías cuyo presidente y vicepresidente Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol cumplen su mandato el próximo junio se encuentran el recurso de amparo contra la sentencia del procés del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras así como los de los consejeros independentistas condenados en la misma sentencia del Tribunal Supremo Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

Está previsto que dichos recursos -que el Alto Tribunal tuvo intención de abordar antes de que concluyera 2021 llegando finalmente a resolver sólo el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, desestimándolo- tengan contestación antes de junio, cuando también agotan su período de nueve años los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. El primero fue propuesto, igual que González-Trevijano, por el Gobierno. El segundo, como Xiol, por el Consejo General del Poder Judicial.

Precisamente la imposibilidad de que el CGPJ realice nombramientos mientras esté en funciones por la reforma de la Ley del Poder Judicial de PSOE y Podemos deja al Constitucional en una situación inédita. Si no hay acuerdo político entre PSOE y PP (los grupos mayoritarios en el Congreso) para renovar el órgano de gobierno de los jueces antes de junio, se daría la circunstancia de que el Gobierno podría proponer a sus candidatos mientras que el consejo de jueces, no. Esto, cuando el artículo 159.3 de la Constitución Española establece que los miembros del Tribunal Constitucional deben ser renovados por tercios. Los partidos de la oposición Partido Popular y Vox recurrieron dicha reforma legal y la respuesta del tribunal de garantías a esos recursos podría suponer, como ha podido saber El Independiente, una solución al problema del nombramiento de sus miembros si no ha habido un acuerdo político de renovación previo.

Cs en el 'Parlament' y Quim Torra

El próximo martes, 8 de febrero, arranca el próximo Pleno del Tribunal que se prolongará durante dos días. Está previsto que durante éste se estudie un recurso de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña contra resoluciones que fueron aprobadas por la mayoría independentista de la Mesa de la Cámara regional sobre autodeterminación y amnistía el 25 de septiembre de 2019. En agenda también figura que los magistrados comenzarán a deliberar sobre el recurso del expresidente catalán Quim Torra contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó su inhabilitación y le obligó a abandonar la Generalitat por haber incurrido en desobediencia.

Sin fecha todavía prevista, el Alto Tribunal tendrá que abordar también los recursos de la oposición contra las leyes sociales estrella del Gobierno de Sánchez: la de eutanasia, la de Educación de la exministra Isabel Celaá y la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia que, según Vox, atenta contra la libertad ideológica y religiosa y los derechos de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral. Ya desde hace casi 11 años continúa sin abordarse también el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto de 2010 que, en caso de resolverse durante este mandato, corresponderá al magistrado propuesto por dicho partido Enrique Arnaldo al ser el segundo miembro entrante de mayor edad puesto que la ponencia correspondía hasta su salida al anterior miembro más veterano del TC, Andrés Ollero.