La Audiencia Nacional ordenó la semana pasada al juez del caso Tándem reabrir la investigación que archivó para Repsol y Caixabank por contratar los servicios del comisario José Manuel Villarejo cuando estaba en activo en la Policía. Con esta decisión, vuelven a ser cuatro las grandes empresas del Ibex (BBVA, Iberdrola Renovables, Repsol y Caixabank) que continúan investigadas como personas jurídicas en la causa en la que se aborda si el comisario jubilado abusó de sus contactos en el Cuerpo para ofrecer servicios de inteligencia y espionaje que ningún detective podía igualar, pues los investigadores tratan de despejar si sus métodos fueron ilegales y si los presidentes de dichas compañías lo sabían.

El nexo de Villarejo con estas grandes empresas era el jefe de Seguridad de cada una de ellas, procedentes a su vez de la Policía. Con Julio Corrochano, de BBVA, el comisario había coincidido en los años 70 en la comisaría de San Sebastián, dedicados ambos a la lucha antiterrorista; Antonio Asenjo, de Iberdrola, también fue agente de policía que se pasó al sector privado como jefe de Prosegur antes de desembarcar en Iberdrola; Rafael Araújo, de Repsol, fue uno de los policías que participó en la operación para detener en 1995 al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, en Bangkok (Tailandia) y Miguel Ángel Fernández Rancaño, de La Caixa, era el jefe Superior de la Policía de Madrid cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 (11-M).

Todos están investigados por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por contratar los servicios privados del comisario Villarejo cuando éste aún estaba en activo en la Policía aunque, cuando han ido declarando ante el juez Manuel García-Castellón, han negado conocer esta situación del comisario, afirmando que no sabían que continuaba vinculado al Cuerpo.

Los presidentes descargan la responsabilidad en ellos

Precisamente los expresidentes de BBVA y La Caixa, Francisco González e Isidro Fainé, y los presidentes de Repsol e Iberdrola, Antonio Brufau e Ignacio Sánchez Galán, también están imputados por la contratación de Villarejo. En cada una de las piezas de investigación en que se divide la causa en la Audiencia Nacional (una por cada uno de los trabajos de la empresa del comisario jubilado) existen indicios de que los presidentes estuvieron al tanto de los encargos que le hicieron sus jefes de seguridad y de quién era Villarejo.

Así lo constató la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la semana pasada, cuando ordenó al instructor reabrir la investigación a Fainé, Brufau, Repsol y Caixabank porque pudieron estar al tanto, presuntamente, del encargo a Villarejo en 2011 para que espiara al presidente de Sacyr, Luis Del Rivero, del que se sospechaba que quería hacerse con el control del consejo de administración de Repsol de la mano de la compañía mexicana Pemex.

En cuanto a Sánchez Galán y Francisco González, los investigadores consideran que también conocieron los encargos al comisario a través de sus jefes de Seguridad para que hiciera seguimientos supuestamente a los presidentes de Endesa y ACS, Manuel Pizarro y Florentino Pérez, en el caso de los encargos de Iberdrola y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, así como también al empresario Luis Del Rivero por parte de BBVA.

Los presidentes y expresidentes de las grandes compañías han descargado la responsabilidad en sus jefes de Seguridad cuando han declarado como investigados, asegurando que tenían autonomía y que ellos no conocieron los encargos que le hicieron a Villarejo.

Corrochano apunta a FG

El pasado 21 de diciembre, Julio Corrochano señaló a Francisco González (FG) como quien le encargó "directamente" que contratara servicios de una empresa de espionaje para solucionar los asuntos que le preocupaban.

Los pasos que dé Corrochano a partir de ahora -cuya versión es opuesta a la de FG- serán importantes para el resto de piezas de investigación sobre los encargos de empresas del Ibex al comisario Villarejo, puesto que el procedimiento para contratar sus servicios fueron un calco y la investigación del juez y los fiscales Anticorrupción siguen los mismos pasos en todas ellas. Básicamente se basan en apuntalar los indicios que consideran existen de que los jefes de Seguridad que funcionaron como nexo con el comisario seguían órdenes de la cúpula de las distintas compañías.