España

El contrato que desata la guerra entre Casado y Díaz Ayuso

La Comunidad de Madrid pagó 1,51 millones a la empresa de un amigo de la familia de la presidenta madrileña por el suministro de mascarillas al inicio de la pandemia | La dirección nacional cree que el hermano de Ayuso se llevó una comisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a un mitin.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a un mitin. EP

El contrato que ha desatado la guerra entre la dirección nacional del PP e Isabel Díaz Ayuso fue adjudicado por la Comunidad de Madrid el 1 de abril de 2020 y tenía por objeto el suministro de 250.000 mascarillas FFP2 para uno de los pabellones habilitados temporalmente en el recinto ferial de Ifema. El Gobierno regional pagó por esta remesa, que tramitó bajo el procedimiento de emergencia, 1.512.500 euros (a un precio unitario de 6,05 euros).

Desde el pasado año, el PP de Pablo Casado investiga en la sombra si el Ejecutivo autonómico benefició con este encargo a un hermano de Díaz Ayuso, con la que mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto a cuenta del control del partido en Madrid. Esas pesquisas habrían llevado supuestamente a Génova, 13 a intentar contratar los servicios de una agencia de detectives para investigar al entorno de la presidenta.

Según se detalla en la resolución publicada en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el contrato se adjudicó a Priviet Sportive SL, una empresa dedicada a la fabricación de artículos textiles y la explotación agrícola, forestal y ganadera. Tiene como administrador único a Daniel Alcázar, un amigo de la familia Díaz Ayuso -según informó eldiario.es– desde la juventud.

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La resolución por la que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León Municio, adjudicó el contrato a Priviet Sportive tuvo que ser parcialmente rectificada un mes y medio después para proceder a la corrección de un «error material» que se había deslizado en el documento inicial. En éste se decía que la Dirección General de Proceso Integrado de Salud había dado conformidad a la oferta de la citada empresa el 24 de marzo de 2020 cuando realmente -según se precisaba- había sido el 1 de abril de 2020.

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Fuentes de la Comunidad de Madrid defienden que esta contratación fue «completamente legal y ajustada» a los precios que hubo que pagar al inicio de la pandemia, cuando la propagación del virus por todo el mundo hizo aumentar la demanda a nivel mundial y ello encareció el coste. La sospecha que maneja la dirección nacional es que un hermano de la presidenta pudo percibir una cuantiosa comisión por esta adjudicación, sin que por ahora haya podido presentar pruebas que lo sustenten.

Ayuso reconoce que su hermano tuvo «relación comercial» con la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo el contrato

En su comparecencia informativa de este jueves, Díaz Ayuso ha dicho que se enteró de esta contratación por Pablo Casado cuando en septiembre acudió a su despacho para hablar sobre la convocatoria del congreso del PP de Madrid. «Pregunté a mi hermano, que me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Y que todo estaba regulado ante Hacienda y declarado», ha afirmado.

El encargo de mascarillas FFP2 a Priviet Sportive se realizó mediante el procedimiento de emergencia, el mismo por el que el Ministerio de Sanidad -a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia- llevó a cabo compras directas por más de mil millones de euros a diversos proveedores en la fase aguda de la pandemia.

La contratación bajo la modalidad de emergencia es una posibilidad que prevé la Ley de contratos del sector público para dar una respuesta más rápida a situaciones sobrevenidas y que exime de tramitar un expediente de contratación. Las adjudicaciones son directas, sin concurso.

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