Nueva marcha en Transparencia: la jefa de Reclamaciones se va a los 14 meses de llegar

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sufre una nueva renuncia en su organigrama directivo ni tres meses después de que se marchara el número dos. La actual responsable de la subdirección general de Reclamaciones, Carmen Montero García-Noblejas, dejará el puesto en los próximos días poniendo fin a una etapa que no habrá durado ni 14 meses.

A preguntas de este diario, fuentes del CTBG han confirmado que la salida de esta funcionaria se produce por "motivos personales" y que se hará efectiva próximamente. Es por ello por lo que el presidente del organismo, José Luis Rodríguez Álvarez, estaría realizando ya entrevistas con vistas a seleccionar a la persona que ocupará esta plaza de libre designación y con una retribución bruta de unos 86.000 euros al año.

Funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, Carmen Montero García-Noblejas se incorporó a la estructura directiva del Consejo de Transparencia en enero de 2021 tras ocupar el puesto de vicesecretaria general técnica en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática durante los cuatro años anteriores. Sustituía en el cargo a Esperanza Zambrano, persona que estaba al frente del área de Reclamaciones del CTBG desde la creación del organismo en 2015 y de gran prestigio en el ámbito de la transparencia.

Rodríguez Álvarez destituyó a Zambrano a los 51 días de ser nombrado en lo que fue la primera medida de calado que tomó. Según justificó el presidente en una nota interna, desvelada por este diario, el cese se justificaba por la manera que tenía aquélla de "conducirse en su relación" con el resto del personal. La subdirectora se había significado por dictar resoluciones que dejaban al desnudo la opacidad de Moncloa en cuestiones como el uso del Falcon por parte de Pedro Sánchez para sus desplazamientos, tanto oficiales como privados.

Precisamente lo que se reprochaba al máximo responsable del CTBG con el nombramiento de Montero García-Noblejas era que hubiera elegido para ocupar el área de Reclamaciones a una funcionaria procedente de uno de los ministerios que más reveses se había llevado por la actuación de Esperanza Zambrano, que amparó numerosas reclamaciones presentadas por ciudadanos que habían pedido sin éxito información sobre los medios aéreos utilizados por el jefe del Ejecutivo o por las vacaciones de éste en inmuebles del Estado.

Compartir el "estilo de dirección"

En sus comparecencias en el Congreso, el máximo responsable del CTBG ha defendido su derecho a configurar un equipo directivo con personas que compartan "su proyecto, sus objetivos y su estilo de dirección", puesto que lo contrario -sostuvo- sería un "sinsentido". Y en ese organigrama no tenía cabida Zambrano, a la que buscaba relevo al menos 38 días después de que el Consejo de Ministros acordara su nombramiento como presidente del organismo encargado de velar por la transparencia en las entidades públicas. Fue nombrado el 20 de octubre de 2020 y el 27 de noviembre de ese año ya entrevistó al primer candidato para sustituirla.

Rodríguez Álvarez ha logrado uno de los objetivos que se marcaba desde su llegada al cargo: disponer de un mayor presupuesto. En 2022 gestionará una partida de 3.033.110 euros, exactamente 647.100 euros más que el año pasado (un incremento de más del 25 %). Pero no ha conseguido todavía aumentar la plantilla, otra de las necesidades que viene aireando desde que se sometió al examen de idoneidad en el Congreso de los Diputados antes de ser nombrado.

Que no se haya incrementado el personal y sí haya aumentado de forma considerable la carga de trabajo ha llevado al Consejo de Transparencia a una situación desconocida hasta ahora. Está resolviendo reclamaciones excediendo con creces el plazo máximo de tres meses que le otorga la Ley de transparencia. De esta forma, esta autoridad administrativa no demuestra con su ejemplo lo que reclama a los organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma: respetar el tiempo máximo de respuesta "es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública", proclama en sus resoluciones.

La elevada carga de trabajo y el déficit de plantilla que arrastra el CTBG, clave en la renuncia de la jefa de Reclamaciones

Como botón de muestra, el CTBG resolvió el pasado 21 de enero la reclamación que este redactor interpuso el pasado 18 de agosto después de que la Consejería de Sanidad de La Rioja hubiera desestimado por la vía del silencio administrado la solicitud de información presentada en junio a fin de conocer cuánto había costado la atención médica brindada en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y quién había sufragado los gastos. Transparencia necesitó 156 días para resolver el expediente, muy lejos de los 90 establecidos como plazo máximo. Y no es un caso aislado.

Las fuentes consultadas aseguran que la elevada carga de trabajo es uno de los motivos que ha llevado a Carmen Montero García-Noblejas a tomar la decisión de renunciar a su puesto de subdirectora general. En 2021, el número de reclamaciones registradas ascendió a 2.245, casi un 32 % más que en el ejercicio anterior (1.704) y casi cinco veces más que las contabilizadas en su primer año de funcionamiento (517). La plantilla, sin embargo, es prácticamente la misma que la que tenía el organismo hace siete años.

En el Plan estratégico 2022-2025, el CTBG ya advierte del riesgo de que a corto plazo se superara el plazo de tres meses que establece la ley si "no se refuerza la dotación de personal técnico" por el aumento de la carga de trabajo. Según se resalta en el citado documento, cada uno de los seis empleados gestionó en 2018 un promedio de 223 reclamaciones, volumen que se elevó a 341 el pasado año al contarse con un técnico menos.

Reforzar la plantilla

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de la institución es uno de los ‘objetivos específicos transversales’ que traza el citado plan estratégico. De cumplirse el cronograma previsto, durante el primer trimestre de 2022 se actualizaría el estudio de cargas de trabajo del CTBG, cuyos resultados determinarán la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La intención es enviar esa nueva estructura de personal a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) antes del próximo 30 de abril como paso previo a demandar los recursos presupuestarios necesarios para financiarla. La convocatoria y realización de las pruebas selectivas tendrían lugar durante los primeros nueve meses de 2023, con la previsión de que los nuevos efectivos se incorporen a sus puestos entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2023.

A la espera de que se pueda reforzar la plantilla, el presidente del Consejo de Transparencia tendrá que designar en los próximos días a un nuevo responsable en el área de Reclamaciones -el departamento que debe resolver si la Administración General del Estado o las comunidades autónomas con las que tiene convenio se ajustan a la ley cuando deniegan una solicitud de acceso o invocan algún límite al acceso o una causa denegatoria para no proporcionar la información que pide un ciudadano- en sustitución de Carmen Montero García-Noblejas.

Será la segunda baja que se registra en el organigrama directivo en menos de tres meses. A mediados de diciembre, Francisco Javier Amorós renunció como subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno -cargo que ocupaba desde que echó a andar el organismo en 2015, llegando a ejercer como presidente en funciones desde la muerte de Esther Arizmendi en noviembre de 2017 hasta que José Luis Rodríguez Álvarez fue nombrado en octubre de 2020- para iniciar una nueva etapa profesional al frente de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital).

Desde principios de enero, la nueva número dos del Consejo de Transparencia en sustitución de Amorós es la funcionaria del cuerpo de administradores civiles del Estado Ana Mercedes Caballud Hernando, hasta entonces subdirectora general de Organización y Procedimientos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.