Anticorrupción abre una investigación por los contratos vinculados al Gobierno que denunció Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto unas diligencias de investigación alrededor de los contratos que el Partido Popular madrileño denunció al ver irregularidades en adjudicaciones y subvenciones del Gobierno a siete empresas vinculadas a miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las que se destinaron 326 millones públicos.

En un decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, hecho público este viernes, se da inicio a unas diligencias en las que se estudiará la denuncia del PP liderado por Isabel Díaz Ayuso que fue presentada inmediatamente después de que se abriera una investigación también en la Fiscalía sobre el contrato para obtener material sanitario del Gobierno madrileño con una empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta regional.

En el decreto de Anticorrupción se especifica que se analizará la denuncia en la que se hace referencia a subvenciones a la empresa Playbol cuyo administrador era el padre del presidente Pedro Sánchez o un contrato a la empresa publicitaria Beedigital en la que el marido de la ministra Nadia Calviño era responsable de Marketing, así como contratos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia adjudicados por el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos a una empresa de yesos.

En el documento con fecha de este viernes, el fiscal jefe Anticorrupción expone que a raíz de la denuncia en la que los denunciantes manifestaron sus sospechas de irregularidades para que una serie de empresas se vieran favorecidas, abre las diligencias de investigación de las que se ocupará el fiscal Luis Pastor alrededor de dichas compañías, que son: Soluciones de gestión y apoyo a empresas, SL; FCS Select Products, SL; Member of the Tribe SL; Weihai Textile Group Import & Export Co, LTD; Hyperin Grupo Empresarial; Beedigital e Industrias Plásticas Playbol SL.

No se dirigen contra nadie en concreto

El fiscal jefe Luzón expone en la incoación de la investigación que, de momento, no es que ésta se dirija contra personas concretas, igual que ocurre en las que se abrieron sobre el contrato que afecta al hermano de Ayuso, sino que se trata de averiguar, primero, si existen irregularidades en la adjudicación. Para ello, es indispensable, según marca la ley, abrir las diligencias de investigación y confirmar o descartar que los hechos revistan relevancia penal.

"Excluida cualquier participación ab initio de personas aforadas, que
determinaría la falta de competencia de esta Fiscalía Especial para la
comprobación e investigación de los hechos, se ha de valorar si del relato que
de los mismos se hace y de la documentación aportada resultan elementos que
nos permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta
relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación
solicitadas por el denunciante", se puede leer en el decreto. "Esta inicial indagación no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias, tal y como dispone la Circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, sobre
las Diligencias de Investigación", aclara.