España | Tribunales 'Caso Mascarillas'

El juez, extrañado ante Luceño: "¿Contratos de 11 millones de euros por teléfono y Whatsapp?"

El empresario investigado por presunta estafa, Alberto Luceño, defendió que no conoce al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y que tampoco viajó a Malasia para gestionar los contratos con la empresa Leno que le pagó una comisión millonaria

El juez del caso Mascarillas, Adolfo Carretero, se mostró extrañado durante la declaración del empresario Alberto Luceño, investigado por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid, cuando explicó que los contratos de suministro de material sanitario por los que el consistorio pagó 11,9 millones de euros a la empresa malasia Leno se gestionaron por teléfono y Whatsapp, sin ningún encuentro entre los mediadores del contrato, Luis Medina y Luceño, con la responsable de Compras de Madrid, Elena Collado.

«¿Usted no fue a hablar con ella al Ayuntamiento nunca?», preguntó el instructor. «No, todo fue por teléfono», contestó Luceño. «¡¿Los tres contratos, 11 millones de euros, por teléfono y por whatsapp?!», se mostró con cierto tono escandalizado el juez. «Si, estábamos confinados y no podíamos salir», contestó el empresario.

Luceño, al que la empresa malasia Leno pagó una comisión por los contratos de 4,7 millones y a su socio Medina de 915.000 euros, defendió este lunes durante su declaración como imputado que no conocía de nada al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. También que las gestiones las realizó en todo momento con la responsable de Compras Elena Collado, que ya prestó declaración en la Fiscalía Anticorrupción y volverá a hacerlo ante el juez como testigo el próximo 9 de mayo.

Documentos «absolutamente válidos»

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Luceño de inflar el precio del material que proporcionó al consistorio en un «60% en el caso de las mascarillas, un 81% en el caso de los guantes y un 71% en el caso de los test» con el fin de pactar con Leno una comisión de 5,1 millones de dólares en su caso y de 1 millón de dólares en el de Medina. Por este motivo, y por proporcionar un material de calidad inferior a la ofrecida, están investigados por estafa agravada.

Por otro lado, en la querella los fiscales también presentan indicios de un delito de falsedad documental puesto que Luceño supuestamente confeccionó documentos para presentarse como «agente exclusivo» de la compañía Leno en España para justificar los cobros de las comisiones ante su banco. Una documentación que también presentó Medina en su entidad bancaria.

Preguntado por tales documentos, Luceño defendió ante el juez que la carta en la que se presenta como agente exclusivo es «absolutamente válida». Al preguntarle el juez por qué aparecía la firma de Medina en dicho documento que llevaba fecha de 2018 si el primer negocio que hizo con esta compañía fue el del material sanitario para el Covid, el empresario contestó que «la firma de Medina está mal fechada porque trabajamos con modelos que se van modificando», justificó ante el juez.

El instructor le informó al inicio de la declaración de que él está investigado por presunta estafa, falsedad y blanqueo de capitales (por comprar una vivienda, coches de lujo, relojes Rolex y costear unas vacaciones de lujo de 60.000 euros con el dinero de las comisiones), pero no por alzamiento de bienes como su socio, Luis Medina. A este último el instructor le investiga por dicho delito por vaciar las cuentas bancarias para evitar que se las bloquearan. En el caso de Luceño, a pesar de que Podemos ha pedido que se le investigue también por dicho delito, el juez aún no ha decidido hacerlo puesto que la defensa del empresario ha justificado sus operaciones y dónde ha invertido el dinero cobrado.

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