La ministra de Defensa, Margarita Robles, instó a la directora del CNI, Paz Esteban, a que presentara su dimisión en plena polémica por el espionaje a líderes independentistas. Siguiendo instrucciones del presidente, Pedro Sánchez, el objetivo de Robles era evitar el trauma de la destitución. Lo que se perseguía al apartar de su puesto a la jefa de los servicios secretos era rebajar la tensión con ERC y con la Generalitat, cuyo presidente, Pere Aragonés, fue uno de los espiados, según reveló The New Yorker el pasado 18 de abril. Es decir, lo que quería Sánchez era centrar toda la responsabilidad de la intromisión en las comunicaciones de los independentistas en la jefa de los servicios secretos.

Esteban se negó en redondo a aceptar la petición de Robles, alegando que todo lo que había hecho el CNI en relación a los independentistas se había ejecutado conforme a la ley y tras la preceptiva autorización del juez de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo Lucas.

Robles transmitió al presidente del Gobierno la negativa en redondo de la directora del CNI a presentar su dimisión, mientras que ERC aumentaba la presión y amenazaba con dinamitar la legislatura. El día 2 de mayo, a primera hora de la mañana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acompañado de la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, informó en rueda de prensa de «dos intrusiones» en el teléfono del presidente en mayo de 2021 y una en el de la ministra de Defensa en junio de 2021. Esa comparecencia pilló totalmente por sorpresa a Robles, que, a posteriori, ha mostrado su desacuerdo con la idea de hacer público un hecho muy grave, que pone en evidencia la seguridad de los sistemas de comunicación del Gobierno.

Según fuentes cercanas al CNI, la revelación de los pinchazos al presidente y a la ministra de Defensa no sólo tenía como objetivo «echar una cortina de humo sobre los pinchazos a los independentistas, sino, sobre todo, poner sobre la mesa una justificación para la destitución de Paz Esteban», algo que el Gobierno habría ofrecido a la Generalitat, además de la convocatoria de la Comisión de Secretos y de la apertura de una investigación interna en el Centro.

Cuando Esteban acudió a la Comisión de Secretos (en la que estaban presentes representantes de ERC y Bildu) el pasado 5 de mayo, ya sabía que iba a ser destituida. En efecto, el Consejo de Ministros del día 10 de mayo aprobó el cese de la jefa de los servicios secretos justificándolo como una «sustitución».

Robles fue la encargada de llevar el peso de la rueda de prensa en la que no supo como explicar una medida tan dura. Durante unos días, desde el Ministerio de Defensa se defendió la tesis de que la responsabilidad sobre la seguridad de las comunicaciones del presidente reside en Moncloa (específicamente en la secretaría general de Presidencia) y no en el CNI. Sin embargo, según las mismas fuentes, Robles no defendió a su subordinada hasta el punto de poner su cargo a disposición del presidente si esta era destituida. Las relaciones entre Robles y Esteban se deterioraron en las semanas previas a la destitución de la directora del CNI, pese a los esfuerzos de la ministra de Defensa por mostrar un clima de concordia entre ambas.

Paz Esteban se negó en redondo a presentar su dimisión porque el CNI había cumplido su misión con arreglo a las exigencias de la ley

En la comparecencia en el Congreso del pasado jueves, el presidente del Gobierno trasladó dos ideas que implícitamente justificarían la destitución de Esteban. Sánchez dijo que el Gobierno «no interviene en las decisiones operativas del CNI», lo que es tanto como afirmar que no fue él quien autorizó el espionaje a los independentistas, sino que fue una decisión autónoma de la dirección del Centro. Por otra parte, reiteró que se había producido «un fallo de seguridad» en lo relativo a las intromisiones en su teléfono y en los de los ministros de Defensa, Interior y Exteriores. Dos golpes directos a la jefa de los servicios secretos, a sabiendas de que ella no puede defenderse.

La primera de las afirmaciones de Sánchez es una verdad a medias. Es cierto que el presidente no pidió al CNI que interviniera el teléfono de Aragonés y los demás, pero el presidente y la ministra de Defensa reciben puntual información de la directora del CNI sobre sus investigaciones, que tienen que ceñirse a la directiva nacional de inteligencia, que a su vez aprueba el Gobierno. En definitiva, el presidente y la ministra de Defensa recibieron información puntual de lo que hacía el CNI en un problema tan sensible como el de los grupos que ponen en riesgo la estabilidad constitucional. Esteban en ningún momento ocultó los aspectos relevantes de esa investigación a Robles.

Por otra parte, es evidente que se ha producido un «fallo de seguridad» cuando el teléfono del presidente ha sido hackeado se supone que por una potencia extranjera. El problema es quién es el responsable de ese fallo.

El relato de los hechos nos lleva a la primavera de 2021. El 22 de abril de dicho año, Jeune Afrique publicó como exclusiva en la portada de su web que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, había sido trasladado el día 21 a un hospital de Logroño. Era un gran exclusiva, por supuesto, ya que en el Gobierno nadie, ni siquiera la titular de Defensa, ni tampoco el CNI conocían ese hecho. Nadie, excepto el presidente y la ministra de Exteriores, entonces Arancha González Laya, estaban al tanto de la operación negociada directamente con el Gobierno de Argelia. Parecía evidente que los servicios secretos de Marruecos habían intervenido las comunicaciones de los que sí estaban al tanto. Después se produjo la avalancha de 10.000 jóvenes a Ceuta y el 18 de mayo Rabat retiró a su embajadora en Madrid.

El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, revisó el teléfono de la ministra y descubrió que este había sido infectado.

En el mes de julio, justo antes de la crisis de Gobierno, el CNI remitió una nota a Presidencia de Gobierno recomendando que el teléfono del presidente debía ser sometido también a revisión. Moncloa contestó a ese requerimiento con un mensaje lacónico, una especie de «tomamos nota». El caso es que el móvil de Sánchez no fue revisado por el CCN. Recordemos que, en ese momento, el responsable de la secretaría general de Presidencia era Félix Bolaños, ascendido un par de semanas después a ministro de la Presidencia, tras un duro pulso con Iván Redondo, que todavía era el todo poderoso jefe de Gabinete de Sánchez.

«Lo que el CNI no puede hacer es requerir de oficio el teléfono del presidente o de los ministros. Su función es avisar del peligro y, posteriormente, comprobar si se ha producido una intromisión», señalan fuentes cercanas al centro.

Si había alguna cabeza que cortar, desde luego esa no era la de la directora del CNI. Parece evidente que el presidente ha optado por la solución más sencilla (apartar a una persona que debe guardar silencio), aunque sea a costa de dañar el crédito de unos servicios secretos que tienen un bien ganado prestigio. Por su parte, Robles logró poner al frente del CNI a una persona de su confianza, Esperanza Casteleiro, una profesional que conoce bien la casa y que cuenta con el respeto de sus colegas, pero la ministra no ha sabido o no ha podido resistirse a la presión del presidente para que Esteban no quedase reducida a ser un peón más en la particular partida de ajedrez de Sánchez para mantener sus apoyos.