Justo un día después del plantón de Unidas Podemos a Pedro Sánchez en la celebración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el titular de Consumo, Alberto Garzón. Era de prever que el grueso de las preguntas giraran en torno a la posición de Unidas Podemos ante esa cumbre así como en el anunciado incremento de los presupuestos de Defensa.

Díaz ha justificado que ayer tuvo que hacerse "unas pruebas médicas" que impidieron su asistencia este lunes y respecto a si acudirá a la cumbre de los días 29 y 30 se ha limitado a comentar que "cuando se sepan las agendas se las comunicaremos", mismo argumento que ha dado Garzón y hasta Rodríguez. En todo caso, Díaz es miembro del Consejo de Seguridad Nacional y resultaría incompresible su ausencia.

Genealogía e historia anti-OTAN de Izquierda Unida

Además, el ministro de Consumo ha aludido a la genealogía e historia de Izquierda Unida, -formación política que nació como oposición a la entrada a la OTAN-, pero, a continuación ha destacado su "compromiso infranqueable con el acuerdo de coalición, que mejora la vida de las familias trabajadoras". Ni ellos, ni Rodríguez han querido confirmar si estarán presentes en la cumbre.

Junto a ellos, la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, ha arrancado su comparecencia proclamando que la cumbre de la Alianza que se celebrará a finales de junio en Madrid, es "indispensable para garantizar la democracia en el mundo actual". Rodríguez ha vuelto a apelar al interés estratégico del cónclave y al compromiso con la paz. "Es una cita muy importante por la connotación que tiene en estos momentos por una guerra en Europa", ha defendido. Además, en todo momento han defendido la legalidad del contrato para la celebración de la cumbre.

Díaz comparecía para dar cuenta del Plan Estratégico (PERTE) de la economía de los cuidados y de la economía social, no sin dejar de anunciar antes la aprobación de un plan especial de empleabilidad para Andalucía, por 50 millones de euros. Noticia imposible de desligar de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, donde las previsiones demoscópicas vaticinan para la izquierda un resultado más que discretos. Precisamente, la campaña arranca el próximo viernes por la noche.

El gobierno destina 50 millones para Andalucía en plena precampaña

Por su parte Garzón ha presentado el anteproyecto de ley, en segunda lectura, por el que se regulan los servicios de atención a la clientela al objeto de evitar abusos. Implicará que las quejas deberán resolverse en un periodo máximo de 15 días y en servicios básicos como luz, agua o internet, dar respuesta en dos horas. Y los tiempos de espera no podrán durar más de tres minutos. "Se acabaron los tiempos infinitos", ha dicho el ministro.

Asimismo se obligará a las empresas a tener alternativa a la atención robotizada y no ofertar otros bienes y servicios. Afectará a empresa de más de 250 trabajadores o facturen más de 50 millones de euros y la ley recoge el sistema de infracciones.