El Estado había pagado 30,75 millones hasta octubre por avales ICO ejecutados

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) había tenido que abonar hasta el pasado mes de octubre más de 30,75 millones de euros por la ejecución de avales concedidos por el Estado a empresas para atender las necesidades derivadas de los efectos de la covid-19, si bien se da por seguro que la cantidad que tenga que cubrir finalmente será mucho más elevada una vez que expire el periodo de carencia de las operaciones.

Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en el informe con el que ha fiscalizado los avales otorgados por el Estado durante 2020 a través de diferentes líneas para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. El documento fue aprobado por el pleno del máximo órgano fiscalizador de las administraciones públicas en su reunión del pasado 29 de junio, pero no ha sido hasta este lunes cuando lo ha publicado íntegramente en su web.

Si bien su trabajo se circunscribía al ejercicio 2020, el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso a tres informes de la empresa externa contratada por el ICO para llevar a cabo las labores de verificación y control y a cuatro notas informativas dirigidas al comité de Operaciones -referidos hasta octubre de 2021- que ponían de manifiesto las primeras comunicaciones de impagos y ejecución de avales por no haber atendido los beneficiarios las cuotas en los plazos convenidos.

En concreto, hasta el pasado mes de octubre se había solicitado la ejecución de avales de 5.846 operaciones formalizadas por 5.082 clientes, ascendiendo a 339.143.554 euros la financiación obtenida con dichas operaciones y sumando los avales 267.152.811 euros.

"En el momento de finalización de los trabajos de esta fiscalización, el importe total abonado en concepto de avales ejecutados ascendió a 30.751.074 euros, aunque (...) la relevancia de esta cifra podría ser mucho mayor a medida que vayan concluyendo los periodos de carencia de las operaciones", detalla el informe. Y añade: "Los datos obtenidos por este tribunal sobre estas primeras comunicaciones no significan que el riesgo de impago o la morosidad en las operaciones avaladas vaya a ser bajo, sino que la ampliación y generalización de los plazos de carencia hacen previsible que la relevancia de estas situaciones se pueda empezar a manifestar a partir del año 2022".

La alerta del Banco de España

A este respecto, el órgano fiscalizador de las instituciones públicas recuerda que el Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera de otoño de 2021, ya advirtió de los graves riesgos de las operaciones respaldadas por el Instituto de Crédito Oficial -adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital- a empresas para acceder a financiación durante la pandemia una vez que expirase el periodo de carencia. Ello se empezará a notar en 2022.

A 31 de diciembre de 2020, los avales liberados por el ICO ascendían a 112.000 millones de euros, de los que 95.500 correspondían a la denominada 'Línea liquidez', 11.000 a la 'Línea inversión', 1.200 a la 'Línea arrendamiento' y 4.300 a las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), importando los avales concedidos 86.694 millones (el 79 %). En total se habían realizado 940.260 operaciones con 589.908 clientes diferentes (empresas y autónomos).

El Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto en su informe que el 98 % de las 953.782 operaciones en 2020 en las líneas de 'Liquidez' e 'Inversión' se realizaron con pymes y autónomos. Estos obtuvieron el 70 % de la financiación, frente al 30 % que tuvo como beneficiarios a las grandes empresas. El importe medio en el primer caso fue de 86.828 euros (con un aval medio de 69.400 euros) y de 1.892.598 euros en el segundo (1.263.442 euros).

En cuanto al porcentaje que representaba el importe del aval respecto del importe del crédito respaldado, los datos revelan que el 97,85 % de las operaciones de las dos citadas líneas -933.362 de 953.782- se formalizaron sobre el importe máximo: el 80 %. Ello representó 64.797 millones de los 88.102 comprometidos.

En las verificaciones llevadas a cabo para comprobar la tramitación del otorgamiento, el Tribunal de Cuentas ha detectado algunas incidencias. Así, ha constatado que se concedieron 8.556.500 euros en crédito y 6.845.200 euros en avales correspondientes al tramo turismo de la línea 'Liquidez' a 12 empresas que no tenían derecho para ello al no ser pymes, la condición para poder acceder a ese módulo.

El Tribunal de Cuentas anticipa que el grueso de los impagos se notará en 2022 al expirar el periodo de carencia

De igual forma, ha acreditado que cuatro clientes accedieron a pagarés MARF que sumaban más de 50 millones de euros sin que el ICO los hubiera aprobado, después de la obligación que se había impuesto para las operaciones de financiación que superaran dicho umbral económico.

El máximo órgano fiscalizador también también llama la atención sobre el hecho de que, a 19 de julio de 2021, el ICO no había comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones un total de 45.157 operaciones realizadas en 2020 con un importe de financiación de 12.618 millones de euros y de 9.400 millones de aval. De las sí notificadas (908.691), en el 95,6 % de los casos lo hizo "fuera de plazo".

Entre las debilidades detectadas, el Tribunal de Cuentas subraya que el proceso de elaboración de las propuestas para su aprobación por el ICO "no está automatizado" y que los certificados de aprobación de las operaciones "no incluyen referencias que permitan una identificación inequívoca de esas mismas operaciones en Banc@ico", la aplicación utilizada.

Finalidad de la financiación

También deja constancia en su informe del hecho de que no se establecieran procedimientos más exigentes para poder comprobar el cumplimiento de la finalidad de la financiación obtenida en las operaciones avaladas -los beneficiarios de la 'Línea inversión' tenían la obligación de presentar un anexo en el que detallar el destino- y de las numerosas quejas recibidas por el servicio de atención al cliente del ICO, en algunos casos por la exigencia de la entidad financiera con la que se tramitó la ayuda pública de vincular la realización de la operación a la contratación de productos adicionales.

En el capítulo de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas aconseja la creación de una oficina de seguridad informática y la homogeneización del contenido de la documentación a adjuntar a Banc@ico, revisando cuál tiene carácter obligatorio para tratar de "agilizar la comprobación y el control de las operaciones".

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, las líneas de liquidez e inversión que gestiona el ICO habían desplegado hasta el pasado mes de mayo avales por importe de 107.102 millones de euros en 1.192.252 operaciones. De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, ese apoyo público ha permitido movilizar 140.627 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo.