Los asesores de la Comisión Europea han advertido de su preocupación por la dimisión de Juan Rodríguez Poo como presidente del INE (Instituto Nacional de Estadística) tras las críticas del Gobierno al cálculo de la inflación y el PIB. El Consejo Asesor de Gobernanza Estadística Europea (Esgab) ha apuntado en un comunicado que "los comentarios y las críticas al trabajo del INE pueden ser útiles para la producción de estadísticas europeas en la medida en que estén fundamentadas científica y técnicamente”, sin embargo, "cuando estos comentarios van más allá de la presentación reflexiva de puntos de vista científicos para su consideración por el Instituto, pueden equivaler efectivamente a que el Gobierno proporcione instrucciones al INE sobre cómo realizar estadísticas".

El texto del Esgab aluda a que "la interferencia política con los métodos de compilación de las estadísticas europeas es sumamente perjudicial para la confianza del público en las estadísticas". Esta problemática se incrementa "cuando los responsables políticos critican las estadísticas por presentar una imagen 'equivocada', es decir, demasiado negativa, de la evolución socioeconómica del país, y, por lo tanto, de la labor del Gobierno", asegura el comunicado.

El organismo de la Comisión Europea insta a España a "revisar a fondo el marco legal e institucional existente, así como la modificación del mismo que se está considerando actualmente, con el fin de garantizar la implementación de todos los principios estadísticos europeos consagrados en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas".

El mencionado código destaca que los criterios de selección para cargos como el que poseía Rodríguez Poo tienen que ser "transparentes y exclusivamente profesionales", así como que para relegar a alguien de los mismo no pueden ser por "razones que comprometan la independencia profesional o científica". Asimismo, uno de los objetivos de este manual es proporcionar "la independencia profesional de las autoridades estadísticas de otros departamentos y organismos políticos, reguladores o administrativos, así como de los operadores del sector privado, garantizando la credibilidad de las estadísticas europeas"