Carles Puigdemont
El regreso este mes de julio de la ex dirigente de la CUP Anna Gabriel, huida hace cuatro años a Suiza, para ponerse a disposición del Tribunal Supremo es para el Gobierno la punta de iceberg de un mar de fondo que sacude el mundo independentista, en general, y el de los fugados, en particular.
Moncloa está convencida de que los huidos "irán volviendo a España para entregarse", sin descartar, si quiera, que acabe haciéndolo el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que el abogado general europeo ha colocado al borde de la extradición. Otra cosa es si su deseo de pasar a la historia como un mártir de la causa independentista pesa más aclarar su futuro judicial.
Gabriel, a quien el juez de Supremo Pablo Llarena dejó en libertad a la espera de fijar fecha para su declaración con la posibilidad de seguir residiendo en Suiza, seguía los pasos de otra "retornada", esto es, la ex consejera de Agricultura Meritxell Serret, quien en marzo de 2021 también se presentó ante el Alto Tribunal para entregarse y fue puesta asimismo en libertad.
El regreso de Gabriel fue para Moncloa "el triunfo de nuestras tesis"
Bien es cierto que, en caso de la ex dirigente de la CUP el delito que pendía sobre ella era el de desobediencia, que no conlleva pena de prisión, lo que facilitó enormemente su retorno después de años arremetiendo contra la Justicia española desde distintas instancias europeas. De hecho, no tenía siquiera orden de captura internacional.
Su regreso supuso para Moncloa "el triunfo de nuestras tesis. Estábamos eufóricos", admite un miembro del Consejo de Ministros insistente en la idea respecto a que "van a terminar viniendo todos para acá". En muy buena medida los huidos son los primeros interesados en retornar a España bajo el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el mismo que ha indultado a los condenados y está dispuesto a rebajar las penas por sedición modificando para el Código Penal.
Ahora los ojos están puestos en otros dirigentes independentistas como Marta Rovira, secretaria general de ERC, en el "autoexilio" suizo, imputada por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, aunque el propio Supremo acabó desestimando el primer delito entre los nueve condenados por la declaración unilateral de independencia de 2017.
ERC busca una salida para su secretaria general, Marta Rovira
Junts, experto en agitar los avisperos en su relación con ERC, también cree que volverá a no mucho tardar. El partido de Oriol Junqueras, hoy indultado, busca una salida para su número dos, una de las personas que empujaron a Puigdemont, entre llantos, a declarar la independencia de Cataluña el 10 de octubre de 2017 en lugar de convocar elecciones autonómicas. Precisamente, de Puigdemont, dicen las mismas fuentes gubernamentales, "se esta quedando solo", cada vez más acorralado, aunque aún resiste ese triunvirato formado por el ex president, por Antoni Comín y Clara Ponsatí.
ERC incide una y otra vez en al desjudicialización del conflicto, que pasa, entre otros aspectos, por solucionar el problema de los que huyeron fuera del país en lugar de afrontar sus cuentas con la Justicia. La reforma del delito de sedición sería, sin duda, una vía para aliviar la situación judicial, pero no hay acuerdo con el Gobierno respecto a esta reforma.
El tiempo corre en contra de los intereses de los fugados
En la reunión de la mesa de diálogo bilateral del pasado 27 de julio Gobierno y Generalitat se comprometieron a impulsar «antes de acabar el año, reformas legislativas tomando como referente recomendaciones internacionales». Ambas delegaciones acordaron que «cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta» se trasladará su impulso parlamentario a los grupos de los tres partidos -PSOE, ERC y Podemos- en las Cortes. Y manifestaron su voluntad "de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones».
Con el horizonte de un posible cambio de gobierno tras las próximas elecciones generales, el tiempo corre en contra de los intereses de los fugados.
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