El Gobierno central habría estado al tanto de la decisión de las autoridades de Ceuta de repatriar a centenares de menores a Marruecos en agosto del año pasado sin cumplir con la ley de Extranjería ni el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos.

Así se desprende de la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad autónoma donde ya se investiga a la delegada del Gobierno socialista en Ceuta, Salvadora Mateos y a la vicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, del Partido Popular. Ambas tendrán que declarar en septiembre por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y aclarar las decisiones que tomaron durante la crisis provocada tras el salto masivo de la valla de la ciudad autónoma en mayo de 2021.

Más de 10.000 personas sortearon la frontera para entrar en nuestro país gracias a la inacción de las autoridades marroquíes, entre ellos más de un millar de menores. Los meses siguientes a dicho salto, unos 800 jóvenes vagaban por la ciudad provocando una crisis social con alta repercusión mediática.

El 13 de agosto de 2021, las autoridades españolas y marroquíes acordaron un sorprendente plan de devolución de los menores al país magrebí apoyándose en un acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos nunca antes aplicado. A propuesta de las autoridades ceutís, las primeras devoluciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno y el gobierno de la ciudad autónoma. Se hicieron 55 hasta que el día 16 el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ordenó detener las entregas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya consideró en la vía contencioso-administrativa que la devolución no tenía "mínimas garantías legales"

Según se desprende de la investigación penal abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Ceuta adelantada por El Confidencial a la que también ha tenido acceso este diario, se acordó repatriar por dicho procedimiento a 145 menores. Después de las primeras devoluciones, el Juzgado de Instrucción número 1 acordó paralizar el resto como medida cautelar solicitada por organizaciones no gubernamentales de la ciudad autónoma que asisten a menores extranjeros llegados a España, viendo que los derechos de éstos se veían vulnerados.

El pasado junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldó dicha decisión, descartando el recurso presentado por las autoridades de la ciudad autónoma y de la Delegación del Gobierno. Los jueces consideraron que el proceso de devolución de los menores estuvo exenta de "las mínimas garantías legales" y se les puso en una situación de riesgo para su integridad física y moral, así como que el acuerdo bilateral al que se recurrió "no desplazaba la legislación nacional e internacional sobre menores extranjeros (MENAS)", como alertaron las asociaciones denunciantes.

Correo al número dos de Marlaska

Además del recorrido contencioso-administrativo de la causa, ahora se ha abierto también la vía penal en el Juzgado de Instrucción 2 de Ceuta por los mismos hechos que salpica al Gobierno. En ésta, las ONG Asociación para el Desarrollo Integral L’Escolac y Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ejercen la acusación, además de la Fiscalía.

Según la denuncia del Ministerio Público, presentada el 6 de junio de este año con la firma de la fiscal Silvia Rojas Rodríguez, la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mateos, envió un correo a la secretaría del secretario de Estado de Seguridad o número dos del ministro Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez, en el que le informaba de que el procedimiento de devolución se haría en atención al mencionado acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 2007.

En el mail, afirmaba: "Como continuación del escrito remitido el pasado 24 de mayo de 2021, adjunto les remitimos listado global con las filiaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía a los menores extranjeros no acompañados que accedieron masivamente a nuestra ciudad entre los días 17 y 18 de mayo. La gran mayoría de ellos permanecen actualmente en recursos asistenciales. Reiteramos, como se ha venido solicitando en otras ocasiones, la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, garantizando en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva o su entrega a una servicio de protección, si el interés superior del menor así lo requiere".

Ese mismo día recibió contestación de la secretaria personal del secretario de Estado de Seguridad con el breve texto: "En respuesta a su solicitud, se remite acuerdo sobre repatriación de menores. Dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo". En ese escrito que se instaba a cumplir se podía leer, a su vez: "Por indicación del Ministerio del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos. Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela. En este sentido, el reino de Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores, contando en todo momento con la protección otorgada por los responsables locales que supervisan el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán".

Precisamente la investigada Mateos afirmó durante su declaración ante la Fiscalía en el procedimiento que fue "el Gobierno de España" quien acordó las devoluciones de los menores a Marruecos en contacto con el Gobierno de dicho país y que, desde que se produjo el salto masivo de mayo ella misma tuvo interlocución con el ministro del Interior e Isabel Valdecabras e Iván Redondo, jefes de Gabinete respectivamente de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y del presidente Pedro Sánchez.

Aviso de la responsable de menores a la Fiscalía

Para conseguir que el proceso de devolución llegara a su fin, según la información que obra en el sumario de la causa, "a lo largo del 10 de agosto de 2021 la Delegada del Gobierno en Ceuta concertó, gracias a la actividad diplomática previamente desplegada por las autoridades de ambos países, una reunión entre miembros de la Delegación del Gobierno en Ceuta, de la Ciudad Autónoma y del Reino de Marruecos, a celebrar el día 11 de agosto en la frontera entre Ceuta y Marruecos".

Concretamente, se acordó que el "11 de agosto a las 10:00 de la mañana representantes del Reino de Marruecos se personarán en la frontera del Tarajal con la finalidad de coordinar el dispositivo de retorno se menores no acompañados. Asistirán por parte de Marruecos representantes de la prefectura de Tetuán y de L’entraide Nationale pertenecientes al Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo social. Por lo que respecta a la contraparte española asistirán representantes de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno en Ceuta".

Correo con el que la responsable de Menores de Ceuta advirtió a la Fiscalía

La jefa del área de Menores de la ciudad autónoma de Ceuta, María Antonia Palomo Fernández, estuvo presente en una reunión entre las autoridades marroquíes, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno en la que se ultimaron los detalles para realizar la entrega. Se dio cuenta de que el acuerdo vulneraba la ley de Extranjería y ponía en una situación vulnerable a los menores y advirtió a la Fiscalía a través de un correo electrónico el 12 de agosto, un día antes de la entrega. En éste, que obra en la causa y en el que se apoya el Ministerio Público, la funcionaria denunció que "el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos". Un día después, una vez la Fiscalía ya tenía una denuncia sobre la mesa, el Gobierno inició el proceso de devolución que las ONG Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces llevaron a los tribunales, consiguiendo su paralización como medida cautelar.