Pocos dudan en el Gobierno de que la próxima semana habrá proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. El día se presta a dudas, porque el martes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lleva su Plan de Contingencia Energética al Consejo de Ministros y este Ejecutivo con tendencia a la escenografía no va a dejar que dos asuntos tan importantes se solapen uno con otro. Habrá que ver cómo lo administran informativamente hablando.

El acuerdo aún no se ha cerrado entre ambos socios. Bien es cierto que Podemos suele poner el acento en las discrepancias y fuerza la negociación hasta el último momento para hacerse valer. No obstante, Hacienda no se lo está poniendo muy difícil este año. El giro a la izquierda que inició Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación de julio allana el camino, pero, en el mismo, ha resurgido un viejo problema, recurrente, esto es, el de la Ley de Vivienda.

Si hace un año se condicionó el acuerdo presupuestario a esta iniciativa negociada in extremis, hasta el punto de exigir el concurso de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz después de meses de desencuentros, el texto sigue atascado en la Cámara Baja. Desde Hacienda acusan a los morados de «deslealtad» por haber «pervertido» una ley consensuada hasta la última coma y a la que ahora presentan un batería de enmiendas, nada menos que 55, aprovechando su paso por el Parlamento.

«Pactamos una ley y a eso nos atenemos», arguyen en el equipo de María Jesús Montero. El problema no está tanto en la presentación de enmiendas, cosa que hacen con frecuencia los grupos de PSOE y de Unidas Podemos a textos que vienen del Gobierno como ha pasado con la Ley de Protección Animal, sino al hecho de que este fue un redactado consensuado que llevó cerca de un año. Y no comenzó a desbloquearse hasta que Sánchez le encargó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que tomara cartas en el asunto tras el cese del que era ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El martes hubo una «cumbre» Díaz, Belarra, Álvarez y Vendrell para presionar con la ley de vivienda

Y es que Unidas Podemos se ha unido a Bildu y a ERC para acometer «mejoras», entre ellas, que la regulación del precio del alquiler en las llamadas zonas tensionadas afecte a todos los propietarios, no sólo a los grandes tenedores, que constituyó el centro del debate hace un año. Aducen los morados que la ley se quedó corta y que así lo opinan los socios parlamentarios del Gobierno, de los que depende que los Presupuestos salgan adelante en el Congreso.

La ministra de derechos Sociales, Ione Belarra, «lo tiene habladísimo con el bloque de investidura», informan fuentes moradas. Tanto Bildu como ERC -a cuyo gobierno en Cataluña se le recurrió su ley de vivienda- «necesitan de este texto para sus respectivos territorios». De desbloquearse «sería mucho más fácil su respaldo a las cuentas del Estado», aducen.

Esta es una leyenda

Las enmiendas del PSOE contra la Ley de Protección Animal movilizan a las protectoras

La ley de Protección animal, del ministerio de Derechos Sociales, ha sido enmendada por los socialistas para excluir de la misma a los perros de caza. Desde el martes recorre las calles de Madrid un autobús con la imagen de Pedro Sánchez y el símbolo del PSOE, el puño y la rosa, sujetando la soga con la que se ahorca a un galgo. Este viernes se manifiestan ante el Congreso en un acto que respaldan, aunque no convocan, en Unidas Podemos

Este martes hubo una reunión a cuatro entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la antes mencionada ministra Belarra; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el director de gabinete de Díaz, Josep Vendrell. En la misma hubo coincidencia respecto a que la ley de vivienda «es condición sine quanon para que salgan los Presupuestos» y a esa batalla se comprometió la también ministra de Trabajo.

Comunidades y ayuntamientos han pedido al Gobierno más instrumentos legales contra la okupación

Pero entre medias ha surgido otro motivo de disputa a costa de la okupación. Y es que el PSOE ha usado la tramitación de la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia para presentar dos enmiendas que agilicen los desahucios. Para Podemos, nacida al albur de movimientos como la Plataforma Antidesahucios (PAD), se ha convertido en casus belli con acusaciones de «derechización» del PSOE.

El tema ha enturbiado la recta final de la negociación presupuestaria, aunque esta reforma va por otra vía más a largo plazo y no condiciona las Cuentas de 2023. El PSOE se ha visto empujado a promover la desocupación exprés, en 48 horas, por la presión de gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha y por no pocos alcaldes. Yolanda Díaz replicó al PSOE el pasado miércoles en el programa «La noche en 24 horas» de TVE que el fenómeno de la ‘okupación’ «no es el problema de España» y sí la concentración de pisos «en pocas manos» o la vivienda vacía. La nueva batalla está servida.