España Expira el plazo de registro de las enmiendas de devolución

ERC, Bildu y PNV no presentan enmienda a los Presupuestos y garantizan al Gobierno su tramitación

Los dos grupos independentistas aseguran que las negociaciones avanzan y rehúsan vetar las cuentas para que puedan seguir adelante y se alcancen acuerdos | El PNV logra la renovación de su ley quinquenal de convenio

Aitor Esteban (PNV) y Gabriel Rufián (ERC) charlan en el Congreso en una imagen de archivo. EFE

El Gobierno estaba convencido de que sus socios no le abandonarían en la última gran batalla política de la legislatura: la de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y acertó. Ni ERC ni EH Bildu registraron este viernes su enmienda de totalidad. Así que con su gesto facilitan la tramitación de las cuentas. No dan aún su apoyo al proyecto de ley pero consideran que así dan más oxígeno a las negociaciones. Pero tampoco vetará el texto el PNV, el socio más estable de Pedro Sánchez.

ERC y Bildu anunciaron su posición, a través de sendos comunicados, separados pero casi simultáneos, a las 13.30 de este viernes, media hora antes de que se cumpliera el plazo para registrar sus escritos en el Congreso de los Diputados. El PNV se esperó hasta las 14 horas para comparecer antes los medios, pero sus seis votos ya eran irrelevantes para la ecuación del Gobierno, porque los 13 de ERC y los cinco de Bildu le garantizaban, por sí mismos, que los Presupuestos seguirán su curso parlamentario. En cualquier caso, el espaldarazo de los tres grupos servía al Ejecutivo y a su presidente para exhibir estabilidad en tiempos de incertidumbre.

Las siete enmiendas de devolución suman 159 votos, que no podrán tumbar el proyecto del Ejecutivo

Sánchez tiene asegurada la tramitación de sus cuentas, ya que las siete enmiendas de devolución registradas suman 159 votos, insuficientes para tumbar el proyecto. Son las del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), Junts (4), CUP (2), Foro Asturias (1) y los dos exparlamentarios de UPN. A ellos se sumará el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, miembro del Grupo Mixto.

ERC apuntó que había decidido no presentar su veto a las cuentas de 2023 para «contribuir a generar las condiciones que permitan mantener las negociaciones que están en marcha, plenamente conscientes del contexto grave de crisis económica y social» que entiende que debe atenderse. Los republicanos de Oriol Junqueras se dicen aún «muy lejos» de aprobar los PGE, porque consideran que tienen un «amplio margen de mejora«, que hacen falta «medidas estructurales exigentes, en materia de vivienda, cambio de modelo energético, una adecuada financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social».

Inversiones en infraestructuras

También los independentistas reclaman el «cumplimiento de las inversiones en infraestructuras en Cataluña«, cuya ejecución consideran «manifiestamente insuficiente», por lo que exigen «mecanismos de cumplimiento» de esas inversiones presupuestadas. ERC hace un último llamamiento al Gobierno a que ponga de su parte para «generar las condiciones de confianza necesarias» para que las negociaciones lleguen a buen puerto. La siguiente pantalla es la de la celebración del debate de totalidad, los próximos 26 y 27 de octubre. Como el Ejecutivo superará la votación, las cuentas podrán seguir su tramitación en Congreso y Senado, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2023.

El debate de totalidad se celebrará los próximos 26 y 27 de octubre. Las cuentas estarán en vigor el 1 de enero

En su comunicado, ERC no menciona una sola palabra de una demanda en la que había insistido en los últimos días: la necesidad de avanzar en la «agenda antirrepresiva» y de caminar hacia la reforma del delito de sedición. El Ejecutivo había dejado muy claro, como informó este diario, que no iba a mezclar las conversaciones sobre los PGE con las materias propias de la mesa de diálogo abierta con el Govern. Solo estaba dispuesto a debatir sobre «leyes en tramitación en el Congreso» y bloqueadas, como la de vivienda y la derogación de la ley mordaza.

Los argumentos esgrimidos por EH Bildu, grupo que suele coordinarse con ERC, son similares. La formación abertzale entiende que también quiere establecer «unas bases suficientes para poder continuar con la negociación presupuestaria hasta su estadio final», pero no por ello el Ejecutivo puede contar aún con sus votos.

«Máxima exigencia»

Bildu justifica que como las conversaciones con el Gobierno «avanzan«, cree necesario «mantener abierta la dinámica de negociación» para intentar ese pacto sobre medidas económicas y sociales «que la ciudadanía vasca comparte y traslada». Medidas que no explicita para guardar el «rigor y la discreción«. Los independentistas vascos actuarán, prometen, con «toda la responsabilidad» que aseguran haber demostrado, pero también con la «máxima exigencia». En el paquete de reclamaciones de la izquierda abertzale no figuran medidas para los presos de la banda ETA, según confirmaron fuentes de su grupo en Madrid a este periódico.

El PNV da su apoyo al Ejecutivo porque tiene el compromiso de renovación de la ley quinquenal del Cupo en los mismos términos que en la actualidad. La última la cerraron los nacionalistas vascos con el Gabinete de Mariano Rajoy, según recordaba desde Sabin Etxea, la sede del partido, el portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban.

También los contactos con el PNV siguen abiertos. Sobre la mesa, también el traspaso de cercanías

El diputado adelantó que se va a convocar «inmediatamente» la Comisión Mixta del Concierto Económico, y la celebración, dijo, se llevará a cabo con probabilidad antes del 20 de noviembre, informa EFE. Las conversaciones con el Gobierno central, por tanto, no terminan y la negociación «sigue abierta» para lograr nuevos acuerdos «en beneficio» de País Vasco y Navarra.

Para Esteban, es muy importante la renovación de la ley del cupo para aportar seguridad jurídica y «asegurar unas políticas públicas de calidad para Euskadi durante los próximos años». La ley en vigor abarca el periodo 2017-2021, por lo que se estaba «empezando a entrar en un punto de cierta inseguridad jurídica». La nueva norma, especificó, se basará «en los mismos términos y parámetros» que la actual, que permitirán garantizar «unos recursos suficientes y un reparto justo de las cargas que tienen que realizar las Administraciones públicas». El portavoz también aplaudió el último movimiento del Gobierno en materia de transferencias: ha remitido al Ejecutivo vasco una propuesta de traspaso a Euskadi de las cercanías ferroviarias de Renfe. Un plan que «merece la pena» ser estudiado. El diputado dijo ser «moderadamente optimista» a la hora de alcanzar un acuerdo.

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