España Ley de Memoria Democrática

Vox rechaza las sanciones por los cánticos franquistas del 20-N: "Las opiniones no son delitos"

El partido de Santiago Abascal no ve condenable cualquier manifestación o exaltación del franquismo porque considera de "inconstitucional" la nueva Ley de Memoria Democrática | Reprocha al Gobierno que estudie sanciones de este tipo y permita el sello conmemorativo de Correos por el aniversario del PCE

Varias personas, con banderas de España con el águila de San Juan, asisten a un acto organizado por el Movimiento Católico español (MCE) en memoria de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, en la Plaza de Oriente, el domingo

Varias personas, con banderas de España con el águila de San Juan, asisten a un acto organizado por el Movimiento Católico español (MCE) en memoria de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, en la Plaza de Oriente, el domingo EP

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha comparecido en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Comité de Acción Política. En ella, preguntado por los homenajes producidos este domingo, 20 de noviembre, y ya habituales por las muertes del dictador Francisco Franco y el fundador y exlíder de Falange José Antonio Primo de Rivera, el dirigente de Vox ha rechazado cualquier tipo de sanción a las personas que participaron en estos actos. Se trata de «una ley inconstitucional», por eso, «pretender sancionar a los españoles» a través de este mecanismo «es inconstitucional». Asimismo, ha añadido que «las opiniones y los homenajes» son acciones «no delictivas». Frente a ello, Buxadé ha recordado la emisión del sello por parte de Correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España (PCE).

Buxadé ha reaccionado así y ha arremetido contra el Ejecutivo después de conocerse que éste ha abierto expediente sancionador contra aquellos participantes en homenajes al franquismo y ha solicitado a las delegaciones todas las pruebas que certifiquen estas manifestaciones que irían en contra de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. El número ‘tres’ de Vox ha apelado directamente contra su permisividad para que Correos distribuya una tirada de sellos con el logo comunista de la hoz y el martillo, que desde este viernes ha vuelto a ser permitido también por la Justicia. Y es que una jueza madrileña había establecido medidas cautelares para paralizar momentáneamente su comercialización tras una denuncia de la asociación Abogados Cristianos.

«Para el Gobierno hay actos de homenaje que pueden ser delictivos, pero se gastan un ‘dinerito’ en la emisión de un sello conmemorativo de la fundación del PCE. Supongo que no hará el acto de presentación en Paracuellos del Jarama», ha señalado Buxadé, aludiendo a los fusilamientos masivos por parte de las milicias republicanas de miembros del bando golpista entre noviembre y diciembre de 1936. «Pero son tan malos que serían capaces», ha añadido. Lo ha hecho tan solo horas después de que el Grupo Vox en las Cortes haya presentado una PNL en la que se exige el cese de la utilización de la Administración «para la difusión y apología de las doctrinas políticas incompatibles con el bien común». «Conmemorar la fundación del PCE significa exaltar la historia de un partido antinacional que subyugó el interés popular y la lucha por la libertad y la democracia a las directrices de Stalin», ha declarado el partido mediante un comunicado.

Según la nueva legislación, en vigor desde el 21 de octubre, recoge en su artículo 38 la prohibición del enaltecimiento de la dictadura y la humillación de todas sus víctimas: «Se considerarán actos contrarios a la memoria democrática los que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la Dictadura, y de sus dirigentes», detalla la norma.

Vox propone reformar el Código Penal

Tal y como ha anunciado Buxadé desde la sede nacional de Bambú, Vox ha presentado una proposición de ley en las Cortes para modificar el Código Penal. El objetivo de esta propuesta es incluir un nuevo tipo penal que penalice cualquier comportamiento de la administración o del funcionariado que «promueva, coopere o facilite conductas» que lleven a «romper la unidad nacional, la integridad territorial o facilitar la independencia de una parte de España». En esta propuesta, concretamente, se recogen sanciones agravadas para los miembros del Gobierno y muy agravadas para el presidente del Ejecutivo. También para quien cometa esos actos en cooperación con gobiernos extranjeros o agencias internacionales.

Vox también promueve la reforma del tipo penal relativo a los ultrajes a España cuando los autores sean miembros del Gobierno; y para aquellas personas que no sean de origen nacional, se incluye, además, la pérdida de la nacionalidad. «España necesita defenderse», ha reivindicado Buxadé.

«Responsables directos» de la Ley Montero

Como ya han hecho los populares, Vox ha culpado directamente a aquellos partidos que aprobaron la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Buxadé ha añadido a los cuatro diputados del PP que votaron por error a favor. El culpable de que «violadores y pederastas salgan antes de lo previsto o vayan a verse beneficiados de una rebaja masiva de penas» no solo es el Gobierno, «son responsables directos los que votaron esa ley», en referencia, además, a Cs, PNV, ERC, EH Bildu o Teruel Existe, entre otros.

Sobre la ley, Buxadé ha asegurado que el Ejecutivo y sus socios «sabían perfectamente y querían una rebaja de penas porque es absolutamente indiscutible». E incluso, ha comparado la rebaja de penas con la doctrina Parot, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy. «La responsabilidad es doble», ha apuntado, apuntando que órganos como «el CGPJ o el Consejo de Estado», así «como Vox» ya advirtieron que se daría una reducción de condenas.

Ante ello, Buxadé ha apelado a que, aunque «el daño ya se ha producido», «hay que resolverlo». «Vox va a luchar con todos sus medios para revertir la situación», además de solicitar «la reprobación» de la ministra de Igualdad Irene Montero y su «inmediata destitución», ha añadido Buxadé, que también ha sugerido que todos los diputados que apoyaron la ley deberían salir de las listas electorales de cara a las próximos comicios generales.

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