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Ceses, dimisiones y carencias, el incendio que sacude la sanidad más cara de España

La sanidad pública vasca acumula semanas de críticas y destituciones entre los gerentes de servicios hospitalarios y abre una fractura entre la consejería y los centros por su intento de modificar la organización y centralizar la gestión de toda la red.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, junto al lehendakari Urkullu durante una comparecencia.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, junto al lehendakari Urkullu durante una comparecencia.

Es un incendio con varios focos que comienza a ser difícil de controlar. La sanidad pública vasca, la más costosa por habitante de toda España, nunca ha sido un remanso de paz. Sólo en los últimos meses, y en particular las últimas semanas, acumula un rosario de protestas, ceses y dimisiones que han enfrentado a altos responsables de los principales centros médicos con la dirección del servicio vasco de Salud (Osakidetza). Las denuncias de falta de recursos, carencia de profesionales cualificados, el agravamiento de las listas de espera, las críticas por la interinidad de los profesionales sanitarios y la ausencia de un plan que salvaguarde el próximo relevo generacional que afectará a un 30% de la plantilla son sólo algunos de los focos que podría asemejarle a la inestabilidad y tensión que aflora en otros sistemas sanitarios del país.

A ellos en Euskadi se suma el grave enfrentamiento que la remodelación y el cambio de modelo de gestión quiere imprimir el Gobierno vasco a toda la red asistencial que da servicio a los 2,19 millones de habitantes del País Vasco. La crisis abierta ha llegado incluso a amenazar la continuidad de la propia consejera de Salud, Gotzone Sagarduy, que por el momento cuenta con la confianza del lehendakari Iñigo Urkullu. La crisis en Osakidetza tiene como principal causa de fondo una profunda reorganización de servicios que se quiere llevar a cabo y que afecta a los principales hospitales vascos y que al mismo tiempo ha abierto una suerte de pulso territorial por el mantenimiento de servicios. Las discrepancias entre el modelo que defienden los profesionales y directores de servicio y el que la dirección del departamento de Salud quiere imponer se ha resuelto por ahora con numerosos ceses y dimisiones.  

El pasado viernes la tensión que se venía acumulando en la mayor organización sanitaria de Gipuzkoa, la OSI Donostialdea, culminó con la destitución primero de la gerente de la OSI, Itziar Pérez, y la directora médica de esta área que asiste a 400.000 habitantes, Idoia Gurrutxaga. La decisión se adoptó por discrepar con la dirección de la consejería en torno a la reorganización que plantea. A las destituciones le siguieron en cascada dimisiones de los distintos subdirectores de área y una carta en conjunto de los 28 jefes y jefas de servicio acusando a la dirección del Ejecutivo de estar aplicando una “política suicida”.

En este caso, de fondo subyace la sospecha de que Osakidetza quiere trasladar el servicio de cáncer peritoneal al hospital vizcaíno de Cruces, extremo que Sagarduy ayer negaba. Este centro de referencia acoge ya siete de las ocho especialidades de referencia del Servicio Nacional de Salud en Euskadi. Aún resuena la polémica por un movimiento similar, en este caso ya ejecutado, si bien paralizado de modo cautelar por la Justicia, como es el traslado del servicio de cirugía cardiaca del Hospital de Basurto de Bilbao al hospital de Cruces. Una decisión que ha provocado ceses y protestas de los profesionales que denuncian un intento por centralizar servicios en un único centro y adelgazar así el resto de la red.

Una «concatenación de incidencias»

Las centrales sindicales van más allá y se han manifestado en repetidas ocasiones denunciado lo que califican como un intento de “privatización” de la sanidad pública. Hace unos meses la propia titular de Sanidad insinuó que los vascos deberían comenzar a acostumbrarse a desplazarse de una ciudad a otra en determinados casos para recibir determinados tratamientos médicos.

La consejera de Salud había guardado silencio en los últimos días mientras la sucesión de dimisiones aumentaba. Ayer, tras una larga reunión con el lehendakari y sin desvelar si puso su cargo a disposición de Urkullu, Sagarduy aseguró que este tipo de relevos en los cargos de dirección médica son normales, más aún cuando se producen una “concatenación de incidencias” que aconsejan «el cambio de personas». Reiteró que en cuanto se discrepa de los planteamientos que se hacen desde la dirección y la gerencia de Osakidetza, -que no detalló-, se deben hacer ajustes: “Se requería un cambio y se ha hecho”, señaló antes de advertir a quienes ocupen los nuevos puestos que todos los equipos directivos “deben compartir los proyectos”.

La sanidad pública vasca es la que mayor gasto por habitante registra en nuestro país. El presupuesto de 2023 lo elevará a los 2.114 euros por persona. Un presupuesto per cápita que en el caso de la Administración vasca no ha dejado de crecer. Sólo el próximo ejercicio los 3.733 millones de presupuesto con los que contará el Servicio vasco de Salud supondrán un incremento del 6% en un año. Respecto a lo que costaba la sanidad pública hace cinco años la factura que pagan los contribuyentes de Euskadi ha subido un 33%.

Demanda de una sociedad envejecida

Una sociedad envejecida –el 24% de la población en el País Vasco tiene más de 65 años- que además de demandar cada vez una mayor cantidad de atención sanitaria se encuentra, como en el resto de sistemas de salud del país, con dificultades para cubrir plazas y necesidades de cualificación en no pocas especialidades. A ello se suma la dificultad para captar y retener talento con el que se está encontrando. Osakidetza es hoy por hoy la empresa más grande del País Vasco, con una plantilla que rondará los 31.000 trabajadores estructurales cuando culmine la OPE de 3.500 plazas que se convocará el próximo año y con la que se quiere reducir la interinidad del 38% que acumula entre sus trabajadores.      

La reorganización y centralización de servicios que desde la Consejería de Sagarduy se está poniendo en marcha ha elevado las protestas de los trabajadores y profesionales médicos. La carta que casi una treintena de jefes de servicio hizo pública la semana pasada calificaba de “momento crítico” el que vivía la sanidad pública en Euskadi por la falta de profesionales cualificados y por el mantenimiento de una gestión “anquilosada” en el pasado de sus recursos humanos: “Está desfasada, no se prima ni el mérito ni el conocimiento adaptado a las necesidades”, denunciaban. Profesionales sanitarios que reclaman una modernización del sistema sanitario para hacerlo “más eficaz” y otro modelo de gestión que esté alejado de “la imposición”.

 A ello se suman las sucesivas movilizaciones sindicales que en demanda de mejores condiciones para los profesionales y de decisiones que conllevan una progresiva “privatización” de servicios sanitarios públicos.

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